Paren con el “curro”! Nuevo juicio de lesa para Etchecolatz

manos de hombre contando dolares
El tribunal oral número 6 de la Ciudad de Buenos Aires iniciará el próximo 12 de octubre otro “juicio de lesa” por supuestos “crímenes” en la Comisaría de Monte Grande y la antigua División de Cuatrerismo de la Policía bonaerense antes y durante el último Gobierno cívico-militar, en una “causa” que están armando contra el ex Comisario Miguel Etchecolatz de 88 años de edad, conjuntamente con otros ocho prisioneros políticos.

De esta forma, el tribunal, integrado por los jueces Fernando Canero, Julio Luis Panelo, José Martínez Sobrino y Guillermo Yacobucci (este último en calidad de sustituto), iniciará el “debate oral del expediente“, cuya elevación a juicio había sido requerida en 2013 por el cuestionadísimo Daniel Rafecas.

Justifican esta “causa” afirmando que “investigarán hechos ocurridos en las dependencias de la Comisaria 1ª de la localidad de Monte Grande -sita en Santamarina 474, Partido de Esteban Echeverría, y de la ex División Cuatrerismo, ubicada en el partido de La Matanza, más precisamente, en las inmediaciones de la intersección de la Autopista Ricchieri y Camino de Cintura” Provincia de Buenos Aires), “desde noviembre de 1974 y hasta febrero de 1977” (Cuatrerismo-Brigada Güemes) y “desde julio de 1976 hasta octubre de 1978” (Comisaría de Monte Grande).

Los prisioneros políticos que serán sometidos a esta nueva aberración jurídica son:

Miguel Osvaldo Etchecolatz (88) : privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas reiterada en 99 ocasiones, de las cuales 19 se encuentran agravadas por su duración, en concurso real con el delito de imposición de tormentos reiterado en 99 hechos, tres de ellos agravados por causar la muerte, en carácter de autor.

José Félix Madrid (67) : privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas, reiterada en seis ocasiones, todas ellas en concurso real con el delito de imposición de tormentos reiterado en las seis ocasiones, en carácter de coautor.

Guillermo Horacio Ornstein (74) : privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas reiterada en seis ocasiones, en carácter de coautor.

Ángel Salerno (76) : privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas reiterada en diez ocasiones, en concurso real con el delito de imposición de tormentos reiterado en 10 hechos, en carácter de coautor.

Carlos Alberto Tarantino (74) : privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas reiterada en 10 ocasiones, en concurso real con el delito de imposición de tormentos reiterado en diez hechos, en carácter de coautor.

Federico Antonio Minicucci (79) : homicidio agravado por alevosía en un hecho, en concurso real con el delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas reiterada en 14 ocasiones, de las cuales 10 se encuentran agravadas por su duración, todas ellas en concurso real con el delito de imposición de tormentos reiterados en las 14 ocasiones, en carácter de autor.

Nildo Jesús Delgado (70) : privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas reiterado en cuatro ocasiones, todas ellas en concurso real con el delito de imposición de tormentos en las cuatro ocasiones, en carácter de coautor.

Alberto Faustino Bulacio (73) : privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas reiterada en cinco ocasiones, de las cuales tres se encuentran agravadas por su duración, todas ellas en concurso real con el delito de imposición de tormentos reiterados en las cinco ocasiones, en carácter de coautor.

Daniel Francisco Mancuso (66) : privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas reiterada en cuatro ocasiones, todas ellas en concurso real con el delito de imposición de tormentos reiterados en las cuatro ocasiones, en carácter de coautor.

 

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La Pampa: Otorgan la domiciliaria a Baraldini

 

JUICIO LA PAMPA
En medio del desarrollo del ilegal juicio Subzona 14 II, en el cual están acusando a Baraldini por más de 200 “delitos de lesa”, el ex Jefe de la Policía pampeana ha sido beneficiado con arresto domiciliario por el tribunal oral en lo criminal federal de La Pampa.

La decisión -que  sin ninguna duda- será apelada, fue tomada por el tribunal pampeano a partir de una resolución de la Sala III de la cámara federal de casación penal (integrada por los jueces Juan Carlos Gemignani, Carlos Mahiques y Eduardo Rafael Riggi), que consideró “inadmisible” un recurso extraordinario federal interpuesto por la fiscalía.

El 28 de junio de 2017, la sala III había firmado la resolución 607/17 haciendo lugar a un recurso interpuesto por la defensa de Baraldini y anuló la decisión del tof, que el 16 de diciembre de 2016 rechazó la solicitud de prisión domiciliaria. Ahora, casación cuestionó el nuevo pronunciamiento que se reclamó en su momento.

Baraldini está siendo acusado por una justicia demasiado roja. Le imputan “asociación ilícita, secuestros y torturas en perjuicio de 214 víctimas pampeanas”. Es señalado por los subversivos que operaban hace 40 años atrás como “un icono del terror” en la provincia de La Pampa, donde ocupó el cargo de máximo responsable de la Policía. También fue Jefe de Inteligencia del Ejército.

En su testimonio ante el tof, hace semanas, Baraldini afirmó estar orgulloso de su gestión durante el gobierno cívico-militar, porque cumplió su función de vigilar y cuidar a las personas. Dijo que se sintió reconfortado, y destacó que nunca recibió una denuncia de “víctimas de la represión” por apremios ilegales durante su permanencia al frente de la Policía.

El tof exigió a Baraldini fijar como domicilio a la vivienda de su hija en Santa Rosa y a través del “Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica” del ministerio de justicia y derechos humanos se le impuso un dispositivo de vigilancia electrónica. De esta forma, el Militar saldrá de prisión, aunque se espera una nueva apelación de los representantes de los terroristas de ayer.

Uno de los puntos utilizados por la querella y la fiscalía para rechazar la domiciliaria de Baraldini es que el prisionero político “estuvo prófugo en Bolivia hasta 2011”, hecho que no es cierto y su abogado así lo informó. En definitiva, la cámara solo ordenó considerar el cumplimiento de la edad de Baraldini, mayor a 70 años, para el beneficio.

El juez Marcos Aguerrido, presidente del tof, argumentó en el fallo firmado que “no puede dejar de atenderse la naturaleza y efectos que se desprenden de la decisión del superior tribunal de la causa, toda vez que lo dispuesto se relaciona directamente con el cese de la detención penitenciaria de Baraldini”.

Aclaró que la interposición eventual de una nueva instancia y un nuevo planteo en queja “no suspende el trámite ni impide tratar el punto donde se cuestiona nada menos que la detención cautelar de un imputado de 79 años al que se le impuso continuar con la ejecución de su prisión con un temperamento menos intenso que el encierro penitenciario”.

“Demorar la respuesta a la espera de una eventual decisión en el marco del recurso impropio de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, o la propia tramitación de esa instancia podría acarrear en el caso de Baraldini -sobre quien aun no se ha juzgado su responsabilidad penal- consecuencias irreparables o de imposible reparación ulterior”, agregó.

En los argumentos, el juez José Mario Triputti coincidió con Aguerrido, mientras que Pablo Díaz Lacava señaló: “Comprendo que el acto de presidencia que convoca a este acuerdo no responde al ordenamiento de rito toda vez que la decisión a la que se hace referencia notificada (a las partes) el viernes pasado y cuyas actuaciones ingresaron a esta sede hace poco más de 48 horas, no está firme”.

Y siguió: “Desprendiéndose de los mismos actos que ilustran los antecedentes que no se han vencido los plazos para hacer uso de los remedios de corrección de las decisiones jurisdiccionales en el orden interno y por ende, tampoco agotados ellos, en modo alguno puede adoptarse una decisión que pretende justificarse en el cumplimiento de una orden de autoridad que claramente no es ejecutoria”.

Por otro lado, Aguerrido señaló que en el caso de Baraldini “la respuesta jurisdiccional anulada se enmarcó en los parámetros y recomendaciones efectuadas a los tribunales inferiores por la propia Corte en relación al especial deber de cuidado que pesa sobre los magistrados para neutralizar toda posibilidad de fuga en esta clase de procesos en el que se juzgan delitos calificados como de ‘lesa humanidad’. Ello sobre todo teniendo en consideración ‘las circunstancias que permitieron la detención de Baraldini’ para ser juzgado”.

 

Luis Patti, beneficiado con la prisión domiciliaria

Patti 2016El ex Intendente de Escobar y ex Subcomisario de la Policía Bonaerense Luis Abelardo Patti recibió al fin el beneficio de la prisión domiciliaria. Las abuelas del Odio, obviamente, repudiaron la decisión judicial y el fiscal apelará.

Este viernes, el juez del tribunal oral federal de Rosario 2 Omar Paulucci le concedió el beneficio al prisionero político de 66 años debido a sus problemas de salud. En principio, Patti continuará cumpliendo con su pena en su casa del barrio privado “Septiembre Country Club” de la localidad de Escobar.

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La resolución será apelada por el fiscal Adolfo Villate, y la decisión fue repudiada por abuelas de Plaza de Mayo en un comunicado: “Entendemos que el cuadro de salud que presenta Patti puede tratarse adecuadamente en el Hospital Penitenciario de Ezeiza y a través de la Dirección de Sanidad del Servicio Penitenciario Federal, como lo venía haciendo”.

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Esta organización que lucra con los derechos humanos agregó que llamativamente, el juez Paulucci fundamentó su decisión en los trastornos que provocaría a Patti su traslado para ser atendido en establecimientos médicos fuera de la cárcel, traslados que deberá continuar realizando desde su nuevo “domicilio de privilegio”.

La organización que preside Estela de Carlotto además señaló que “resulta preocupante que no se tuviera en cuenta la circunstancia, debidamente acreditada, de que en el desarrollo de los juicios en su contra Patti ‘fingiera afecciones de salud para evitar ser juzgado’; y sostuvo que si bien en la decisión judicial se dispuso incorporar a Patti al programa de ‘vigilancia electrónica’, no se tuvo en cuenta el hecho de que la casa se encuentre en un barrio cerrado, lo que -advirtieron- “dificulta la realización de mayores medidas de control así como una respuesta rápida ante el quebrantamiento de los límites de la prisión domiciliaria”.

patti sometido a la venganza
En ese sentido, además de rechazar la medida, la agrupación exigió “la protección de los ‘testigos’ que han contribuido a que los responsables de delitos de lesa humanidad sean condenados” y reclamaron “que se adopten medidas para garantizar que las prisiones domiciliarias no se transformen en una libertad encubierta”.

El prisionero político, condenado a prisión perpetua por la justicia defensora de los terroristas reclamó a la justicia el beneficio de la prisión domiciliaria por problemas de salud desde que en 2010 sufriera un ACV.

En septiembre de 2014 la corte suprema de justicia había confirmado la condena a prisión perpetua para el ex intendente por la detención y posterior muerte del ex diputado nacional Diego Muniz Barreto y de Gastón Gonçalvez, AMBOS MONTONEROS.

Pero además, a Patti también lo condenaron por la desaparición de dos terroristas montoneros, los hermanos Luis y Guillermo D´Amico, y por la muerte en 1983 de los guerrilleros montoneros Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereira Rossi.

 

Tucumán: Por primera vez un ex conscripto es procesado por “delitos de lesa”

justicia corrupta 10La cámara federal de apelaciones de Tucumán dispuso el procesamiento con prisión preventiva de Carlos Alfredo Pithod, acusado por los delitos de “asociación ilícita, secuestro y torturas” en perjuicio de Ana María Mrad de Medina, en el marco de su actuación como “integrante del grupo de tareas” comandado por Antonio Musa Azar Curi, ex Jefe de Inteligencia de Santiago del Estero.

Gomez Antonio Gustavo
La resolución del tribunal se encuentra en línea con el recurso interpuesto oportunamente por el fiscal general Antonio Gustavo Gómez contra la falta de mérito dictada por el juez federal Guillermo Molinari. Entre otros aspectos, el representante del ministerio público fiscal cuestionó la valoración efectuada por el magistrado de los distintos elementos probatorios obrantes en la causa, especialmente en lo referido a los testimonios que acreditan la intervención del imputado en el suceso investigado.

EL RELATO

El 21 de noviembre de 1975, cerca de las 20 horas, la víctima –militante de la Juventud Peronista– fue detenida junto a su amiga Alejandra Lezcano de Calderón (hoy fallecida) en las inmediaciones de la antigua terminal de ómnibus de la ciudad de Santiago del Estero por un grupo de personas vestidas de civil, entre los que se encontraban el oficial de policía Musa Azar  Curi y el por entonces conscripto Pithod. Según el RELATO, las mujeres fueron llevadas en primer lugar al Batallón de Ingenieros de Combate 141, donde “fueron vistas por diversos testigos en pésimas condiciones, tiradas en el piso, heridas y golpeadas en la cuadra correspondiente a la sección Destinos”. “Posteriormente, en horas de la noche, fueron trasladadas al Campo Militar de Santo Domingo, donde Mrad de Medina fue torturada en presencia del médico, de estado Militar, Aníbal Cook. A los pocos días, Lezcano de Calderón recuperó su libertad, mientras que Mrad de Medina permanece desaparecida.

COMO SE ENCARCELA UN INOCENTE

En la resolución que dispuso la falta de mérito, el magistrado de primera instancia había considerado que “si bien se encontraba suficientemente acreditada la existencia del hecho, no sucedía lo mismo en cuanto a la participación y responsabilidad del imputado, habida cuenta que no surgía de testigos directos, sino de testimonios “que invocan como fuente de información a la Dra. Lezcano de Calderón, hoy fallecida…”.

Para el representante del ministerio publico fiscal, en cambio, “menguar la veracidad de los testimonios mencionados por no tratarse de testigos directos del hecho, ya que la fuente de información es una persona ya fallecida, implica un razonamiento descaminado que repercute en una infundada falta de mérito”. En esa línea, calificó como “vacuos e insustanciales tales argumentos, en tanto dejaban en evidencia una carestía en la meritación de cada prueba”.
“Un razonamiento así, parece más bien una traslación diabólica a una víctima de terrorismo de Estado, es decir que, la ausencia de la testigo directo, por haber fallecido, repercute de manera negativa en el procedimiento penal, específicamente por exigirse probar que sus declaraciones, judiciales o no, hechas al recobrar la libertad, son ciertas (…) Pide el juez algo imposible o el ‘milagro’ de que aparezca algún habitante del lugar del secuestro que justo ese día haya estado mirando por la ventana o alguna rendija de su vivienda el terrorífico accionar del grupo de tareas compuesto, entre otros, por Pithod. Razonar así, además de infundado y vacuo, es injusto”.
En este sentido, indicó que la “previsión de impunidad, entendida esta como el escudo de clandestinidad y anonimato con que el aparato militar llevó adelante el terrorismo de Estado, hace que la prueba testimonial se erija como la más importante en los juicios por delitos de lesa humanidad, ya que muchas veces es la única prueba con la que se cuenta para acreditar los hechos imputados”.

Entre las pruebas, Gómez enumeró el legajo de la CONADEP donde Julio César Mrad (padre de Ana María) denunció la desaparición de su hija, identificando como responsables del hecho al Teniente Coronel Carrasco y el cabo Carlos Pithod, en base a lo que “le había relatado Graciela Lezcano de Calderón, quien había compartido cautiverio con su hija y por ende era testigo directa del hecho”. También mencionó la declaración de otro testigo, Carlos Alfredo Lescano, cuyo padre fue detenido y muerto en 1976. El hombre relató que, tras el detención, procuró obtener información sobre el paradero de su padre, y que en ese contexto el imputado le dijo que lo tenían secuestrado en las instalaciones de la “policía montada” de Santiago del Estero. “Nadie podía saber, en ese tiempo, lo sucedido con los detenidos desaparecidos, salvo los que participaban de esa asociación ilícita usurpadora de las instituciones de La República”, indicó el fiscal.

En su dictamen, Gómez también hizo referencia a la sentencia dictada por el tribunal oral en lo criminal federal de Santiago del Estero, donde “se comprobó que lo declarado por Lezcano de Calderón en relación a lo sucedido con Mrad de Medina ‘era exacto’, lo que ‘robustece en credibilidad’ lo que la ‘sobreviviente’ transmitió a la familia de la ‘víctima’ primero, y a la conadep después, desde el momento que obtuvo su libertad”.

En sintonía con lo expresado por el ministerio público fiscal, los jueces de la cámara federal de Tucumán indicaron que “cabía presumir fundadamente que el imputado intervino en el secuestro. El encartado formaba parte de un aparato organizado de poder dentro del cual cumplía un determinado rol, es decir, participó en los hechos delictivos, no sólo por el mero conocimiento del hecho, sino por su contribución a producirlo”, señalaron.

De este modo, el tribunal de Alzada revocó la falta de mérito y dispuso el procesamiento de Carlos Alfredo Pithod como presunto “autor responsable de privación ilegítima de la libertad y asociación ilícita, y como partícipe necesario en el delito de tormentos en perjuicio de Ana María Mrad de Medina”. Cabe destacar que en este caso hay reconocidas tres partes querellantes quienes, si bien no interpusieron recurso de apelación contra el fallo que beneficiaba al acusado, coincidieron con la labor de los fiscales federales de la región.

 

 

Posible prisión domiciliaria para Diedrichs

 

 

Diedrichs Luis GustavoLuis Gustavo Diedrichs (78), condenado por la justicia roja a prisión perpetua, recibió el beneficio de prisión domiciliaria, cuyo cumplimiento hará efectivo en la provincia de Mendoza.

Así lo dispuso el tribunal oral federal N°1 de Córdoba, que estableció en su fallo que el Coronel reciba el beneficio en un departamento ubicado en la calle Colón al 300, donde reside su esposa, quien será su guardadora.

Diedrichs estará bajo la supervisión del Patronato de Liberados de Mendoza, quienes deberán “realizar semanal y presencialmente la supervisión y autorizarlo a efectuar exclusivamente salidas médicas”, según consta en el fallo publicado ayer.

Antes de cada salida médica, Diedrichs deberá solicitar la autorización del tribunal cordobés y acreditar la comparecencia a posteriori, mediante el correspondiente certificado médico.

Sin embargo, el beneficio concedido al prisionero político condenado aún no se hará efectivo. Esto se debe a que se encuentra detenido a disposición del Juzgado Federal N°1 de La Plata, que deberá determinar si reconoce o no lo dispuesto por el tribunal cordobés.

 

 

 

San Juan y los “testimonios” melodramáticos

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Mirtha Mazitelli, hermana de Vicente Jorge Mazitelli, uno de los terroristas Montoneros desaparecidos en Octubre de 1976 dijo de este anticonstitucional juicio : “A mi hermano se lo llevaron encapuchado”

El lunes pasado se realizó la vigésima sesión de un nuevo “juicio de lesa” en San Juan. En esa jornada hubo cinco “testimonios” lacrimógenos que buscaron conmover a los presentes dando una falsa imagen de aquellos criminales que en los años 70 asolaban el país con el terror.

Uno de los relatos que “causó más conmoción” fue el de Mirta Mazitelli, hermana de Vicente quien fue capturado la noche del 25 de octubre de 1976 en su casa de Barrio Jardín Policial.

Por aquellos años “mis padres no estaban, mi padre trabajaba en Córdoba y para no quedarme sola en las noche iba a la casa de mi hermano para estar con mi cuñada y sus dos pequeños hijos” contó Mirta frente al tribunal.

La mujer agregó que “una noche tocaron el timbre y se anunciaron como la policía abrieron la puerta y en ese momento entró un ‘malón’ de hombres encapuchados”, aseguró Mirta.

La mujer agregó que la llevaron al patio de la casa y le preguntaron de su vida pero sin violencia. Mientras que, a su hermano lo interrogaron en el comedor y a su cuñada la llevaron al dormitorio donde estaban los hijos.

Desde el fondo “pude escuchar el ruido del sifón cuando uno lo acciona, se ve que tenían ganas de tomar algo los muchachos. Además alcance a escuchar que le preguntaban por la agrupación Montoneros a mi hermano”.

Después de eso se lo llevaron y nunca supieron su paradero. Algún tiempo después, que Mirta no supo precisar, “un policía de San Juan de apellido Villalba visitó la casa de los Mazitelli y les dio cierta esperanza de que su hermano volvería en cualquier momento, que él no tiene nada que ver y les va a tocar el timbre en cualquier momento”.

Tiempo después el propio Villalba le dijo a la familia Mazitelli que a Vicente se lo llevaron “para arriba” y que no podía hacer más nada por él.

Dijo que “nunca pudieron saber si a Vicente se lo llevó a la Policía, o al RIM 22, o al penal de Chimbas”. Por ello la testigo presentó al tribunal una carpeta repleta de información con todos los trámites que debieron realizar para dar con el paradero de su hermano. Hasta la fecha Vicente Mazitelli –que era técnico electricista y puso sus habilidades a disposición de los criminales Montoneros– es un desaparecido.

Además del caso Mazitelli declaró Teresita Godoy de Nacif Weiss quien relató lo ocurrido el 21 de noviembre de 1975 cuando su hijo  y su nuera fueron detenidos de la casa de Alto de Sierra.

Juan Carlos Astudillo  es otro de los testigos que relató su detención en 1975 durante la gobernación de Eloy Próspero Camus.

El ultimo RELATO lo hizo Ana María Montenegro, pareja del terrorista Montonero Daniel Horacio Olivencia a quien detuvieron durante un operativo en la provincia de San Juan y que también permanece desaparecido.

 

De no creer: Están armando el circo “Operativo Independencia II”

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Esta nueva parodia de juicio que estan preparando proviene de uno de los expedientes de la “causa Jefatura I” y otro, aborda el caso del vicegobernador tucumano Dardo Molina, desaparecido en 1976. Acumularon cuatro causas con las que pondrán en escena otro “megajuicio” para dar continuidad al lucrativo negocio de los ddhh.

El secretario del tribunal oral federal tucumano, Mariano García Zavalía, confirmó que a principios de 2018 comenzará otra “megacausa”, que será el quinto circo judicial que se escenificará en esa sala.
“Hay una serie de causas que estaban elevadas a juicio y que se unificaron. Abarcan hechos de 1975 y también otros posteriores al Golpe de Estado de 1976”, explicó. Según informaron, “se trata de la acumulación de cuatro causas, dos grandes y dos más chicas, en cuanto al número de ‘víctimas’. Las más numerosas son “Operativo Independencia II” y una ampliación de “Jefatura I”.

La primera es la segunda parte del infame proceso oral que concluyó el viernes pasado y que trató por primera vez sobre hechos ocurridos durante el combate al terrorismo en Tucumán, pero victimizando a los criminales que atentaban contra el gobierno democrático de Isabel Martínez de Perón. En este anticonstitucional juicio se someterá a 15 prisioneros políticos.

La segunda, tendrá dos víctimas de la represalia terrorista a Guillermo Tártalo (de más de 70 años y una pierna amputada) y Juan Francisco Nougués  (77) y en la vereda opuesta, a 22 personas que se autodenominan “víctimas”, las que participaron del primer simulacro de  juicio.

Entre las causas está la que aborda la detención y muerte de Dardo Molina, vicegobernador de Amado Juri. El senador provincial fue apresado en diciembre de 1976 y, según el RELATO, pasó por varios “centros”, según declararon testigos en juicios anteriores- permaneciendo desaparecido hasta febrero de 2014, cuando sus restos fueron identificados en el sitio que denominan  “Pozo de Vargas”.

“El tribunal revisará su agenda y, si bien la fecha no está fijada, se está pensando en que podría comenzar en febrero o marzo de 2018. Luego, hay otra causa que tiene como único imputado a Luciano Benjamín Menéndez y ‘hay que buscarle un espacio’, porque él tiene una agenda de juicios programada”, dijo García Zavalía.

El primer juicio-circo “de lesa” que se concretó en el tof fue en 2008, por la causa “Vargas Aignasse”. Luego siguieron “Jefatura I” (2010); “Romero Niklison” y “Aguirre-Weiss” (2011); “Emma del Valle Aguirre” (2012); “Arsenales II-JefaturaII” (2013) “Toledo de Ygel” (2013); “De Benedetti”, “Cantos” y “Villa Urquiza” (2014); “Manlio Martínez” (2015) y “Operativo Independencia”.

La Pampa: Rechazaron el pedido de nulidad del nuevo juicio presentado por Baraldini

JUICIO LA PAMPA
El abogado Pedro Mercado, defensor del ex Jefe de la Policía Provincial Luis Enrique Baraldini, pidió el Miércoles 13 de este mes la nulidad del segundo juicio de la causa Subzona 14 y el tribunal oral en lo criminal de Santa Rosa rechazó el jueves 14 el planteo realizado, obligándolo a declarar ese mismo día.

Así, este ilegal debate donde dicen investigar “delitos de lesa” continuó  en el Colegio de Abogados de Santa Rosa. El tribunal que interviene es presidido por Marcos Aguerrido, acompañado por José Mario Triputti y Pablo Díaz Lacava.

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En la audiencia del día Miércoles no estuvo presente el ex SubComisario Roberto Oscar Fiorucci por problemas de salud, mientras que los otros prisioneros políticos Athos Reta (ex Policia), Antonio Oscar Yorio (ex Policía) y el ex Oficial Jorge Osvaldo Quinteros declararán más adelante.

En la cuarta jornada del juicio, el tribunal terminó con la lectura de la acusación de la querella, dando por formalizadas las acusaciones contra dos Militares y 13 ex Policías cautivos de la venganza terrorista y luego, se declaró abierto el debate.

Cantaro Alejandro
En principio, el fiscal general Alejandro Cantaro insistió en adelantar la declaración del ex guerrillero Guillermo Quartucci (hoy autodenominado víctima, querellante y testigo, residente en México, lugar al que huyó cuando escapó del país hace 40 años atrás debido a sus actividades) .

Quartucci Guillermo
Luego, el abogado Mercado hizo dos planteos de nulidad. Uno argumentando que Baraldini fue detenido ilegalmente en un procedimiento irregular que se realizó para ponerlo a disposición de la justicia argentina, en diciembre del año 2011, cuando fue detenido en Bolivia, donde se encontraba residiendo.

“La justicia argentina convalidó un procedimiento irregular”, dijo Mercado, advirtiendo que no se cumplieron las normas que establecen la extradición de Bolivia y la eventual expulsión. “No hubo derecho de defensa para Baraldini, en menos de 24 horas se lo sacó del país, sin tener defensa legal ni poder informar a su familia en Santa Cruz de la Sierra”.

El letrado también manifestó que Baraldini estuvo a disposición de las autoridades argentinas en forma permanente y que en ningún momento se encontró prófugo, oculto ni se identificaba con otro nombre y agregó que esa consideración agrava su situación, ya que es utilizada para negarle la prisión domiciliaria. “Se lo estigmatiza”, dijo.

En ese momento, el juez Triputti desafió a Mercado. Le preguntó en qué fecha Baraldini estuvo a derecho con un abogado defensor en los tribunales argentinos. “El 25 de diciembre a las 5 de la mañana fue entregado a las PSA en Salta. Nunca fue notificado de un requerimiento de la Justicia, respondió Mercado.

Como puede observarse en este caso, se han obviado las garantías constitucionales bajo las cuales deberíamos estar todos los ciudadanos, ya que pese a las palabras del abogado defensor, los tribunales pro-terroristas afirman que el Jefe de la policía pampeana desde diciembre de 1975 hasta noviembre de 1979 estuvo prófugo en Bolivia durante ocho años”, hasta que fue detenido el 24 de diciembre de 2011, por lo que “eludió ser juzgado en el primer juicio de la Subzona 14 donde fueron condenados ocho represores”.

Por otro lado, la defensa de Baraldini también pidió la nulidad del requerimiento de elevación a juicio de la fiscalía y la querella, planteando que se dejen de lado los supuestos delitos de lesa humanidad cometidos entre enero de 1975 y el 24 de marzo de 1976 cuando ocurrió el golpe de Estado.

Fundamentó que en ese período las actuaciones dependían de órdenes de autoridades de un gobierno constitucional, nacional y provincial, con autoridades legalmente constituidas y resaltó que “existían jueces que se desempeñaban según las normas constitucionales”.

Según Mercado, “jamás existió una banda ni una patota militar o paramilitar y de hecho, no hubo desapariciones ni homicidios ni hubo cárceles clandestinas. No puede ser objeto de un requerimiento de esta naturaleza. En todo caso, las autoridades que promovieron esos decretos no fueron sometidas a juicio”.

Sobre estos planteos, el fiscal general federal Alejandro Cantaro rechazó la solicitud y señaló que “son cuestiones que no están vinculadas con un tema del debido proceso y las garantías constitucionales”. Aseguró que “Baraldini nunca se puso a derecho porque estar a derecho es presentarse ante un tribunal y no lo hizo”.
“La persona que tiene una captura es detenido donde esté y trasladada ante un juez, las formas son reglas de procedimiento, de actuación, no tienen que ver con el derecho de defensa. Desde que la persona es sometida a proceso, le fue garantizado ese derecho”.
También manifestó que la nulidad ya fue rechazada en instancias anteriores y reiteró que “Baraldini no manifestó ninguna voluntad de estar a derecho ante una autoridad judicial”.

El argumento de la defensa que este ilegal tribunal no quiere ver ni reconocer es que Baraldini se presentó en la Embajada Argentina de Bolivia en 2003.

catalani franco
A su turno, el querellante Franco Catalani (candidato a gobernador del FPV -Frente Pampeano para la Victoria- en 2015) explicó que “estas cuestiones fueron resueltas en dos oportunidades, en el primer procesamiento mientras Baraldini estaba prófugo” y consideró que “el pedido es extemporáneo”.
“Mercado vuelve a plantear la vieja doctrina de la obediencia debida. Si fuera así, no habría ningún delito que se pueda cometer desde el Estado. La sola institución de los poderes haría legales todos los actos emanados en consecuencia pero no es así. Se pueden cometer delitos en ese marco, y eso es lo que pasó”, añadió Catalani sobre el segundo planteo de nulidad. Enseguida, el querellante Juan Resia dijo que “los planteos son abstractos y deben rechazarse”.

¿Quienes son los Prisioneros Políticos en esta “causa”?

Los cautivos de las represalias terroristas en este ilegal juicio son:
el ex Jefe de la Policía Provincial Luis Enrique Baraldini a quien endilgan 214 acusaciones por “delitos de lesa”
el Coronel y ex Secretario general de la Gobernación, Néstor Omar Greppi, por 91 víctimas
el ex Subcomisario Roberto Oscar Fiorucci, por 216 casos
el ex Policía Athos Reta, por 34 casos
el ex Oficial Néstor Bonifacio Cenizo, por 33 casos
el ex Policía Antonio Oscar Yorio, por 31 casos
el ex Oficial Carlos Roberto Reinhart, por 35 casos
el ex Oficial Hugo Roberto Marenchino, por 7 casos
el ex Oficial Oscar Alberto López, por 23 casos
el ex Agente Orlando Osmar Pérez, por 31 casos
el ex Comisario Juan Domingo Gatica, por 26 casos
el ex Policía Miguel Angel Ochoa, por 4 casos
el ex Oficial Jorge Osvaldo Quinteros, por 4 casos
el ex Comisario Luis Horacio Lucero, por 1 caso
y el Médico Máximo Alfredo Pérez Onetto por 22 casos

¿En que condición está cada preso político?

De los quince prisioneros políticos en este anticonstitucional juicio solo hay dos en la cárcel, el ex Jefe de la Policía, Luis Baraldini (le otorgaron la prisión domiciliaria pero esa medida está apelada) y el ex Policía Carlos Roberto Reinhart (quien ya pidió salidas transitorias). El resto de los condenados en el primer juicio ya tiene libertad condicional. El ex Policía Néstor Cenizo informó este jueves que fue el último liberado: el 29 de octubre del año pasado obtuvo la libertad condicional y se radicó en Macachín.

El resto de los acusados por primera vez en los juicios “de lesa” llega al proceso en libertad. Estuvieron detenidos y procesados, pero fueron excarcelados. Sobre esta cuestión, es de destacar que el tribunal rechazó el pedido de prisión preventiva que hizo la fiscalía la semana anterior a comenzar el debate oral.

Palabras de Baraldini

Baraldini declaró durante más de una hora custodiado por dos penitenciarios que lo protegieron del público con dos escudos, previniendo el salvaje accionar con el que la izquierda acostumbra a manifestarse. Durante su declaración indagatoria, no aceptó preguntas de los jueces, ni de los fiscales ni de los querellantes.
Comenzó su declaración asegurando que en ningún momento estuvo escondido y que fue ilegal su captura en vísperas de la Navidad de 2001 en Bolivia, donde se encontraba residiendo, tal como lo informó en la embajada de ese país.
El presidente del tof, Marcos Aguerrido, tuvo el atrevimiento de reprenderlo para que no se extienda con los pormenores de la ilegal detención a la que fue sometido remarcándole que debía utilizar la indagatoria para responder por los supuestos hechos por los cuales lo están acusando.
Baraldini recordó que fue designado el 24 de marzo como Jefe de la Policía, cuando era Mayor del Ejército, que le resultó una misión muy difícil porque no conocía la Institución Policial. “Pedí asesoramiento a los Oficiales de Policía y pasé a cumplirla”, explicó.
Negó que hubiera un plan represivo en la Subzona 14 a cargo del Militar Fabio Iriarte a partir de aquel momento, con su pase a la Policía. “No dependía orgánicamente de la Subzona 14. Ya no pertenecía a la Subzona ni tenía como Jefe a su Jefe. El Jefe mío era el Gobernador de la Provincia a través del Ministro de Gobierno, que en un primer momento era el Coronel D’Amico, hasta que le dieron el pase y murió acribillado en Buenos Aires por la subversión cuando llevaba a su hija a la escuela, dijo.
“Es una mentira que La Pampa era un lugar de descanso. No fue así. Tuve mucho apoyo del Ministerio de Obras Públicos para establecer un cordón de seguridad y disuasivo en los límites de la provincia, se inauguraron los puestos camineros. Yo no quería, en virtud de la guerra revolucionaria que se desarrollaba en otras provincias, que ingresara un grupo subversivo a nuestra provincia. Era mi obligación impedir que ingresaran grupos con intenciones delictivas, explicó.
“En los cuatro años de Jefe, nadie, ningún detenido, absolutamente nadie, hizo una denuncia ante un juez. Y el Superior Tribunal y los Jueces funcionaban”, afirmó para disgusto de los benefactores de los terroristas.
Reconoció que había detenidos en la comisaría bajo la Subzona 14, pero alegó desconocer cuánto tiempo estuvieron allí.
“Nunca nadie absolutamente hizo una denuncia”, remarcó.
“Pasaron los años y ahí surgió gente que dijo que había sufrido apremios”, afirmó.
“Yo tenía todas las seguridades para que eso no ocurra. Había médicos que revisaban diariamente a los detenidos, hay planillas diarias que me llegaban. Nunca nadie me dijo tengo una cicatriz que me hizo un agente o alguien de la policía.Y yo recorría, y recorría bastante, y la policía vigilaba y cuidaba a los pampeanos. Ellos se ponían los borceguíes y arriesgaban la vida por los pampeanos. Yo me sentía reconfortado por eso. Estoy orgulloso de ellos”, enfatizó.
“Yo tenía una obligación moral con todos los pampeanos”, afirmó, y recordó que tuvo un hijo en suelo pampeano y su suegro era de esta provincia.
“Estoy satisfecho de la labor desarrollada. Normalmente eran dos años como Jefe de Policía y a mi me dejaron cuatro y luego me fui a vivir a Bolivia”, completó.

Pedro Mercado, su abogado defensor,  le hizo dos preguntas:
– ¿Hubo algún muerto en La Pampa?
– No, no hubo ni un desaparecido, ni un atentado explosivo, ni un contrabando de bebés como había en otras provincias. La Pampa era una provincia tranquila.
– ¿Hubo algún centro de detención clandestino?
– No, no hubo ningún centro. absolutamente no.

 

Chaco: Fiscalía y querella insisten en Casación contra la domiciliaria a Manader y Mazzoni

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La unidad de derechos humanos de la fiscalía federal de Resistencia y la querella de la secretaría de derechos humanos del Chaco, interpusieron nuevamente recursos contra las decisiones de conceder la prisión domiciliaria al ex Jefe de Investigaciones de Resistencia Gabino Manader -ya condenado- y al ex Fiscal Federal Roberto Mazzoni, quién será sometido a un ilegal “juicio oral” con el pretexto de que ha “encubierto violaciones a los derechos humanos” en el Chaco.

La intención de estas organizaciones que ostentan la bandera de los derechos humanos para llevar a cabo un plan de genocidio contra quienes combatieron a los terroristas hace 40 años atrás, es que la cámara federal de casación penal revise y revoque los “beneficios” concedidos Manader, condenado en un ilegal juicio de lesa y también a Mazzoni, quien se encuentra actualmente imputado y aguarda ser sometido  a las represalias guerrilleras.

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Para los fiscales federales Carlos Amad, Patricio Sabadini, Diego Vigay y Horacio Rodríguez – de la unidad de derechos humanos del ministerio público fiscal– y para el secretario de derechos humanos del Chaco, Juan Carlos Goya, representado por los abogados Paulo Pereyra y Silvina Canteros, tanto Manader como Mazzoni “están comprendidos en dos de las causales que justificarían no conceder la prisión domiciliaria: que podrían darse a la fuga y/o entorpecer la investigación”.

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Apunten contra Mazzoni

Mazzoni, es el ex Fiscal Federal de Resistencia acusado por la izquierda enquistada dentro de la justicia de “omitir denuncias por violaciones a los derechos humanos” y aguarda el inicio del juicio oral donde lo consideran “uno de los principales imputados” por ser considerado parte de la “complicidad judicial con el accionar del terrorismo de estado” en el Chaco, al igual que el ex Juez Federal Luis Ángel Córdoba quien falleció el mes pasado en su domicilio (“impunidad biológica”, según las nuevas expresiones que ha inventado la horda defensora de los terroristas).

En su caso, los fiscales federales y la secretaría de derechos humanos del Chaco consideran que “podría darse a la fuga” y que “podría entorpecer la investigación teniendo en cuenta los contactos que sigue manteniendo por haber sido funcionario de la justicia federal de la provincia del Chaco”.

¿Y porque se oponen a la domiciliaria de Manader?

Gabino Manader ya ha sido condenado a 25 años de prisión anteriormente, pero como estos parásitos judiciales viven del “curro de los ddhh”, ya han armado otra causa contra él y lo están sometiendo nuevamente a otro ilegal juicio.
Pero no se van a detener allí. Finalizado este proceso contra Manader, seguirá otro; ya que en una parodia de juicio anterior aseguran que “quedó demostrado que Manader ocupó un rol estratégico en la Dirección de Investigaciones y que tendría conocimientos precisos de los lugares donde se podrían encontrar los cuerpos de las personas desaparecidas por las cuáles se lo responsabiliza -como los casos de Pedro Morel y Sara Fulvia Ayala- y que podría obstruir las tareas de búsqueda que lleva adelante la justicia federal en las provincias de Chaco y Corrientes”.

Los defensores de los terroristas (fiscalía federal y secretaría de derechos humanos del Chaco) hace meses que están quejándose y renovando el reproche que vienen realizando por el hecho de que le fuera concedido el “beneficio” de la prisión domiciliaria  a Manader pese al dictamen en contrario de otro organismo integrante del monopolio de los derechos humanos, el cuerpo médico forense de la Corte Suprema, que indicó “que podía continuar en cárcel común”.

 

 

Operativo Independencia: Ajusticiando a los justos

casas gabrielJiménez Montilla carlosReynaga Juan Carlos

QUE DIOS Y LA PATRIA SE LO DEMANDEN

En esta infame causa se sometió a un anticonstitucional proceso a 17 prisioneros políticos Militares y ex Policías de la provincia de Tucumán, por haber arriesgado su vida luchando contra terroristas asesinos, hoy mal llamados  “víctimas”.

El tribunal oral federal  integrado por Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Juan Carlos Reynaga consumó hoy la infamia y sentenció a Roberto AlbornozLuis De Cándido, Ricardo Oscar Sánchez, Miguel Moreno, Enrique del Pino y Jorge Omar Lazarte a las penas de prisión perpetua por “delitos de lesa” (así denominan a los actos heroicos ocurridos durante el “Operativo Independencia”).

Manuel Rubén Vila, ex Oficial Ayudante del D2, fue condenado a 10 años de cárcel, Néstor Castelli, a 18 años, Jorge Capitán, a 16 años, y Pedro López, a cuatro años de prisión.

Fueron absueltos José Ernesto Cuesta, Ramón César Jodar, Camilo Orce, José Luis del Valle Figueroa, Alberto Svendsen, José Roberto Abba y Omar Edgardo Parada.