Fallecimiento del General Ríos Ereñú

bandera-luto-3A los 86 años falleció ayer el General Héctor Ríos Ereñú, ex Jefe del Ejército y hombre de confianza del ex presidente Raúl Alfonsín.
Cumplía actualmente detención domiciliaria, tras ser condenado a prisión perpetua por la justicia benefactora de los terroristas.
Designado por Alfonsín en marzo de 1985, fue el tercer Jefe de la Fuerza tras la recuperación de la democracia, luego de las breves actuaciones de Jorge Arguinedegui y Ricardo Pianta.
Acompañó la creación de la Conadep y la realización del Juicio a las Juntas.
Durante su gestión enfrentó el levantamiento carapintada de Semana Santa, encabezada por Aldo Rico, en abril de 1987.
Tras la rebelión militar tuvo que dejar su cargo, al tiempo que el gobierno radical avanzó con la sanción de la ley de obediencia debida.
Nacido en 1930 en Rosario, egresó del Colegio Militar en 1951 y pertenecía al arma de Infantería.
Durante el Gobierno cívico-militar estuvo al frente de un Regimiento en Tartagal y, al comenzar los ilegales juicios a los militares durante el régimen de los Kirchner, fue prisionero político y condenado a prisión perpetua por supuestos hechos que habrían ocurrido en esa ciudad salteña y en General Mosconi durante la lucha contra el terrorismo apátrida.
Q.E.P.D.

La discusión jurídica tras el fallo Muiña

Las partes deben expedirse, en los juicios por delitos de lesa humanidad que la Corte aún tiene en trámite, sobre la nueva ley dictada por el Congreso

Por Carlos E. Hartmann

Corren los plazos legales para que los defensores, las querellas y fiscalías se pronuncien sobre la aplicación de la norma “interpretativa” (27.362) sancionada de urgencia por el Congreso, el 10 de mayo último, luego de la fuerte reacción originada por el fallo de la Corte Suprema en la causa Luis Muiña.

Se trata de un nuevo marco jurídico para los juicios por delitos de lesa humanidad que el alto tribunal aún tiene en trámite, tras aplicar en el expediente caratulado “Bignone, Benito A. y otro s/recurso extraordinario”, el beneficio del “2 x 1” en favor de un ex integrante del comando paramilitar interno del Hospital Posadas -Haedo-, condenado en 2011 a trece años de prisión, por su actuación durante la lucha antisubversiva.

Varios Tribunales Orales, aunque también existen decisiones en contrario, ya decidieron no aplicar la doctrina de la Corte sobre el “2 x 1” , conforme la cual cada día de prisión sin condena firme debe computarse doble. La nueva ley -avalada por el oficialismo y la oposición en ambas cámaras legislativas- establece, entre otros aspectos, que el cálculo de ese beneficio procesal no es factible si se trata de “conductas delictivas que encuadren en la categoría de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, según el derecho interno e internacional”.

Frente al cambio normativo impulsado por vía parlamentaria, y ante la posibilidad que oportunamente la Corte dicte un nuevo fallo -después de otorgar, por intermedio de la secretaria penal a cargo de Esteban Canevari “vista” por diez hábiles a cada una de las partes-, “La Prensa” requirió la opinión de Javier Leguizamón, ex subsecretario de Justicia y Culto de la provincia de Santa Fe. El entrevistado lleva adelante, como abogado defensor, dos causas paradigmáticas de la violencia de los años 70: la muerte del Coronel Argentino del Valle Larrabure y el asesinato del Capitán Humberto Antonio Viola y su hija de tres años.

Se reproducen a continuación los tramos más salientes del diálogo:

-¿Cómo evalúa Usted la actitud del Congreso, al dictar de urgencia la nueva ley 27.362? A su vez, ¿considera que, frente al cambio normativo, el máximo tribunal del país podría variar, en las restantes causas judiciales aún en trámite, la postura que tuvo en el caso Muiña?

-Coincido con la declaración de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires. Esta entidad destaca que la aplicación de la ley penal más benigna regulada en el art. 2° del Código Penal es una garantía constitucional que debe respetarse en cumplimiento del art. 18 de la Constitución Nacional , el art. 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el art. 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, normas que no pueden ser desconocidas por la clase dirigente. Más allá del disgusto que la aplicación de la ley del “2 x 1” pueda generar en cierto sector de la sociedad, esa ley debe cumplirse y respetarse. Pedir el juicio político de los jueces de la Corte que constituyeron (en el caso Muiña) la mayoría, me parece un grave desatino. La Constitución Nacional veda a los integrantes del Poder Ejecutivo inmiscuirse en causas en trámite. Confío en que los jueces Rosatti, Rosenkratz y Highton de Nolasco mantendrán su criterio, pues la ley 27.362 dictada por el Congreso ha culminado dándoles la razón. Resulta curioso que se dicte una ley para “interpretar” una antigua ley (la 24.390, del “2 x 1”) que había sido aprobada en 1994 y derogada en 2001. Dado que la norma derogada no preveía ninguna clase de distinción (en cuanto al tipo de delitos), continúa, a mi entender, siendo la ley más benigna y podría seguir siendo invocada.

-La oficina para América del Sur del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, con sede en Santiago de Chile, instó a la Corte Suprema argentina, a raíz del fallo en el caso “Muiña”, a cumplir los compromisos internacionales. Por intermedio de su representante, Amerigo Incalcaterra, ese organismo señaló que la aplicación de la ley más benigna debe contemplar los estándares y las normas internacionales. ¿Usted qué opina?

-Las normas internacionales no excluyen la aplicación de la ley penal más benigna. La Convención Americana de Derechos Humanos, no sólo dispone en su art. 7 que toda persona tiene derecho a ser juzgada en un plazo razonable, sino que además, en su art. 9, consagra los principios de legalidad y de retroactividad (de la ley penal posterior más favorable), estableciendo que nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello. Como puede verse la posibilidad de aplicar la ley penal más benigna está especialmente consagrada, sin distinción alguna. En igual sentido se expide el Estatuto de Roma (1998). Por ello el fallo de la Corte del martes 3 de mayo último (caso Muiña), fue legalmente correcto.

-Siempre conforme el mencionado organismo internacional (ONU), los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, porque agravian no sólo a las víctimas sino a todos los seres humanos. No pueden asimilarse a delitos comunes. Su gravedad requiere una sanción proporcional. En ese contexto, un grupo de expertos (de la ONU) solicitó al máximo tribunal que revise su fallo.

-Donde la ley no distingue no corresponde a los jueces distinguir. Ellos tienen que aplicar la ley, no crearla. Están obligados a respetar el principio de igualdad. En todo caso, la responsabilidad no es de los jueces, sino de los legisladores que debieron efectuar las distinciones que hoy tardíamente han establecido, o abstenerse de dictar una ley como la que hoy (en relación al “2 x 1”) cuestionan.

CRÍMENES DE LA GUERRILLA

-Usted actúa como defensor en el caso impulsado por Arturo Cirilo Larrabure, hijo del Coronel Argentino del Valle Larrabure (ex subdirector de la fábrica militar de Pólvora y Explosivos de Villa María, Córdoba). Este Oficial del Ejército, tras ser secuestrado por el ERP, y estar 372 días detenido en una “cárcel del pueblo”, murió en agosto de 1975. Según los voceros del ERP, Larrabure se habría suicidado. En cambio el informe de los peritos sostuvo lo contrario. ¿Qué fue lo que ocurrió?

-Un hombre que sostenía su espíritu cantando el Himno Nacional, que se negó a canjear su libertad por la fabricación de explosivos (tal como le exigió el ERP), y que perdonó a quienes lo habían secuestrado y torturado, no se quiebra. Nadie puede poner en duda cómo murió Larrabure. Los peritos del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema, doctores Lossetti y Cohen, juntamente con el titular de la Cátedra de Medicina Legal de la UBA, Luis Kvitko y el perito de partes, Enio Linares, por unanimidad han concluido que el Coronel Larrabure fue estrangulado, encontrándose indefenso al momento de su muerte.

-¿Cómo continúa, Dr. Vigo Leguizamón, esa batalla jurídica?

-La causa Larrabure tiene hoy once cuerpos y se encuentra próxima a instancias definitorias. Han declarado prominentes testigos, los cuales ratificaron que las organizaciones guerrilleras, durante un período constitucional, realizaron un ataque sistemático a la población civil para imponer un régimen marxista, y destruir la república. Con los testimonios del último edecán de Perón, coronel Carlos Corral, su médico personal, Dr. Pedro Cossio, de Antonio Cafiero, Julio Bárbaro, Carlos Ruckauf, Claudia Rucci, etc., y abundante prueba documental, hemos demostrado el plan criminal de la guerrilla; la existencia de un conflicto armado interno; y tres cosas esenciales, a saber: 1) Que los crímenes de la guerrilla son de lesa humanidad; 2) Que de haber triunfado la guerrilla hubiera ocurrido una masacre, como acaba de reconocerlo Luis Labraña (ex militante de Montoneros), al revelar que hubieran fusilado como en España, o como Stalin; 3) Que el terrorismo guerrillero fue de Estado, no sólo porque contó con el apoyo del Estado cubano, sino también del Estado argentino. Debemos recordar que luego del ataque del ERP al regimiento de Azul, en enero de l974, Perón denunció que no por casualidad hechos de esa naturaleza ocurrían en determinadas jurisdicciones, y provocaron pocos días después la renuncia del gobernador de Bs. As., Oscar Bidegain, y del de Córdoba, Obregón Cano. Al declarar en la causa, José Pablo Feinmann admitió que Bidegain protegía al ERP. En el debate mantenido el 24 de marzo último, entre Julio Bárbaro y el periodista Marcelo Larraquy, en el programa “Intratables”, dijo Bárbaro, disipando toda duda: “Yo traje a los guerrilleros del Trelew. A los erpianos. A los noventa días los erpianos nos comunican oficialmente que retoman las armas; a los noventa días; van tomando gobernación por gobernación, y empieza el conflicto.”.

¿ENEMIGO O ADVERSARIO?

-En 2001 se editó, con prólogo de Félix Luna, “Amar al enemigo”. En ese libro, Usted consideró que era posible llegar a una reconciliación entre los argentinos. ¿Cuáles son las razones por las cuales es tan difícil convertir al enemigo de ayer en el adversario de hoy?

-Lo adjudico a la banalización de los derechos humanos efectuada por muchos dirigentes políticos, preocupados por difundir el falso relato de la memoria, en vez de un juicio histórico crítico riguroso que rescate el sagrado valor de todas las vidas y saque a la luz la culpa de los responsables ocultos del drama. No hemos sido capaces de educar en la verdad completa. Sin embargo, genera esperanza saber que algunos de los que combatieron entre sí, están conversando. Esperemos que las autoridades políticas y religiosas comprendan cuán necesario es reconciliar la Patria.

INDULTOS

Ante la severidad con que distintos sectores criticaron el fallo de la Corte en el caso Muiña, el Dr. Vigo Leguizamón concluyó: “Les pediría releer el decreto 1003/89, firmado por Menem, Bauzá, y Luder. Entre los terroristas indultados por ese decreto se encuentran Francisco Antonio Carrrizo, José Martín Paz, Rubén Jesús Emperador, Fermín Angel Nuñez. Son los mismos que un mes de diciembre de 1974, como autores directos o mediatos, destrozaron la cabecita de María Cristina Viola, de tan solo tres años; hirieron gravemente a su hermana, María Fernanda de cinco; asesinaron al padre de ambas (el Capitán Humberto Antonio Viola), todo en presencia de María Cristina Picón de Viola, embarazada de cinco meses. Ellos no sólo gozan de su libertad desde hace casi veinte años; son querellantes en la causa donde se investiga lo actuado en el Operativo Independencia. No podemos alarmarnos de la aplicación del “2×1″ mientras los asesinos de la familia Viola están libres”.

La Prensa

 

La cacería continúa: Otros cuatro Militares detenidos por orden de Rafecas

Cuatro Militares fueron detenidos en el marco de una “causa” encabezada por el juez federal Daniel Rafecas con la excusa de investigar la detención, desaparición y muerte de 32 terroristas del Ejército Revolucionario del Pueblo entre junio y julio de 1976.

Los ex carapintadas Emilio Pedro Morello (mano derecha de Aldo Rico en su carrera política y ex diputado por el Modin) y Martín Sánchez Zinny (miembro del grupo de Militares que se acuarteló durante la Semana Santa de 1987 en Campo de Mayo) y los Militares Serapio del Río y Luis Felipe Cogorno se encuentran detenidos a la espera de que se les tome declaración y se decida su situación procesal.

En tanto, el Militar Alberto Francisco Bustos se encuentra internado en grave estado luego de que intentara suicidarse disparándose en el tórax tras enterarse de que sus ex compañeros habían sido detenidos y al sospechar que sería requerido por la justicia  benefactora de los terroristas.

Los nuevos prisioneros políticos que vienen a engrosar la lista de perseguidos injustamente por la justicia prevaricadora son “investigados por las desapariciones atribuidas a un grupo de tareas” que habría actuado en el Regimiento de Infantería Mecanizada 6 de Mercedes durante los primeros meses del gobierno cívico militar.

Entre las “víctimas” se encuentran Cristina Cournou y Nicolás Grandi (ambos terroristas militaron en la JC y luego en el PRT-ERP) -quienes eran hermana y cuñado del cantante Víctor Heredia- y Rocío Martínez Borbolla (Ejército Revolucionario del Pueblo ERP) madre de los periodistas Camilo y Bárbara García.

Los Militares fueron señalados como miembros del “grupo de tareas” por “ex conscriptos”, quienes relataron un operativo llevado a cabo el 10 de julio de 1976 en un casa del barrio de San Andrés, partido de San Martín, donde funcionaba una imprenta del ERP y también una “cárcel del pueblo” en la que estaba secuestrado el Vicecomodoro Roberto Echegoyen, muerto a manos de los terroristas que hoy son homenajeados como si hubiesen sido héroes.

Un poco de Historia Completa

SECUESTRO Y ASESINATO DEL VICECOMODORO ROBERTO ECHEGOYEN  
10 DE JULIO DE 1976
ASESINADO POR EL EJERCITO REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO (ERP)

La noche del 29 de abril de 1976, el Vicecomodoro Roberto Echegoyen, le dijo a su esposa Gladys que no lo esperara para cenar.
Como Decano de la Universidad Tecnológica Argentina debía cumplir con varios compromisos.
Lamentablemente, jamás regresó a su hogar. Para Gladys, las horas se volvieron interminables hasta que finalmente le informaron a su familia, que el Vicecomodoro había sido secuestrado por terroristas del ERPEjército Revolucionario del Pueblo.
A sus 47 años Roberto Echegoyen, se habia casado con Gladys Beatriz Perrota tenían 3 hijos de 20, 18 y 13 años. Diez días antes del secuestro, había acompañado a su hija mayor por la alfombra roja de la Iglesia, donde ésta se había casado.
Ese 29 de abril comenzó el calvario que aún hoy produce dolor en el corazón de esta familia. Primero fueron 72 días de martirio, a manos de los terroristas que lo tenían secuestrado y encadenado en una imprenta de San Andrés, en la provincia de Buenos Aires.
Su esposa, dio a Jóvenes por la Verdad, el siguiente testimonio: “Roberto, era piloto de la Fuerza Aérea. Era un cordobés de muy fuerte personalidad y muy simpático. Le decían “Muñeco”. Yo en ese momento, trabajaba en la Biblioteca del Congreso y fue un gran dolor, enterarme que la entregadora de mi marido, había sido una compañera mía de trabajo, a quién quería como una hija. Se llamaba Graciela Macris y era hija del Diputado Antonio Macris. Unos días después del secuestro, se hizo un allanamiento en su casa y se encontraron armas de guerra y por un identikit pude identificar a su novio, como uno de los terroristas implicados. Ninguno de los 2 pudo ser encontrado o encarcelado, muchos años después me enteré que ella está viviendo en Capital Federal… Todo lo que vino después fue durísimo…”.

El Vicecomodoro Echegoyen fue secuestrado por terroristas del ERP que pretendían canjearlo por otros 2 terroristas que estaban detenidos (Edgardo Enríquez y Juan Eliseo Ledesma). Sin embargo, el canje era un pretexto, dado que los terroristas, estaban convencidos que los detenidos estaban muertos.

Enríquez (NG Daniel) era uno de los hermanos cabecillas de la banda terrorista chilena MIR y de la JCR regional del Cono Sur, y Ledesma (NG Cte. Pedro), había sido jefe de la Compañía “Decididos de Córdoba” que atacó Villa María (Córdoba) en agosto de 1974, llevándose secuestrados al Mayor Larrabure y al Capitán Roberto García este último fue arrojado en la ruta, al darlo por muerto, con quemaduras de cigarrillos, balazos y fracturas múltiples. Llevándose al Mayor Larrabure para someterlo a 372 días de cautiverio y después asesinarlo.

El 10 de julio de 1976 fue un día nefasto para Gladys y sus hijos, las Fuerzas de Seguridad, localizaron la imprenta donde tenían a Echegoyen. Al escuchar los ruidos, Echegoyen que estaba vivo y encadenado, les dijo “Acá estoy”, pero uno de los 2 terroristas presentes, lo asesinó cobardemente de un tiro en la nuca.

Fue ascendido post mortem al grado de Comodoro y le fue otorgada la medalla Al Honor Militar.

Hoy en la ciudad de Córdoba, una Escuela lleva su nombre, habiendo sido elegido de una terna de personalidades nacidas en esa provincia

JOVENES POR LA VERDAD

(Texto extraído de http://inmemoriam.blogdiario.com)

 

Beneficiaron a dos prisioneros políticos con el 2×1

libertação
Se trata de los Penitenciarios Ramón Fernández y Abel Dupuy, quienes tienen condenas firmes a 25 años y prisión perpetua, respectivamente.

Así lo decidió el juez federal subrogante del tribunal oral en lo criminal federal N°1 de La Plata, Alejandro Daniel Esmoris, quien hizo lugar al pedido de la defensa de ambos prisioneros políticos y resolvió en favor de la aplicación del beneficio.

Según detalló el sitio Fiscales, la resolución se produjo ante el pedido de Fernández y Dupuy, quienes fueron condenados en 2010 -mediante sentencias que se encuentran firmes- a 25 años de prisión y a prisión perpetua, respectivamente. En el fuero federal los tribunales orales se encuentran a cargo de la ejecución de la pena, y para las sentencias que se encuentran firmes las resoluciones se producen de manera unipersonal.

La resolución del juez

“Más allá de las interpretaciones que, acerca de la aplicación del art. 7 de la ley 24.390 en su redacción originaria se han formulado, entiendo de toda justicia y, por tal ajustado a derecho, que la efectividad de dicha norma no puede supeditarse a ninguna condición –v. gr.: que el condenado haya sufrido encierro durante su vigencia-”, consideró Esmoris en referencia a la norma que contaba doble los días en prisión preventiva después de los dos primeros años de detención.

“La reforma introducida al art. 24 del Código Penal por la ley 24.390 art. 7 y 8 es ‘ley intermedia’, en tanto entró en vigencia después de cometidos los hechos que informaron su objeto procesal y fue derogada en el año 2001 por la ley 25.430, es decir, antes de que aquí se dictara sentencia; toda vez que dicha reforma introdujo un régimen más beneficioso, en supuestos de lapsos prolongados en detención cautelar -que superan los dos años sin sentencia, (…), importa una hipótesis habilitante de la aplicación retroactiva de la ley penal”, repitió el juez en párrafos idénticos en cada caso. En ese sentido, agregó que “en el lapso durante el cual rigió esa regla, en razón de la modificación que introdujo al art. 24 del Código Penal la ley 24.390, dicho reforma tuvo el alcance de ley intermedia que debe ser aplicada con sujeción a los dictados del art. 3 del Código Penal y con ajuste al art. 2 del mismo cuerpo normativo y a las normas y principios constitucionales”.

“Corresponde que se aplique a su respecto la conocida regla del dos por uno y como consecuencia de ello, realizar un nuevo cómputo de detención”, argumentó el camarista, que además citó cinco apartados del fallo “Bignone, Reynaldo, Benito Antonio y otro recurso extraordinario” del Máximo Tribunal (considerandos 11, 14, 15, 16 y 17 de los votos de la mayoría conformada por Carlos Rosenkratz y Elena Highton de Nolasco).

La postura de la unidad fiscal

Los fiscales Marcelo Molina y Hernán Schapiro dictaminaron que la solicitud de otorgamiento de la libertad condicional debía ser rechazada, ya que consideraron no aplicables los artículos 7, 8 y 9 de la ley 24.390.

Esmoris recordó que, entre sus argumentos, los representantes del ministerio público fiscal “señalaron que la ley 24.390 estuvo vigente entre el 21 de noviembre de 1994 y el 1° de junio de 2001, etapa durante la cual los hechos atribuidos ya habían sido cometidos, y el imputado aún no había sido sometido a proceso ni, claro está, estuvo sujeto a prisión preventiva”. En ese sentido, habían considerado “que la Ley 24.390 nunca tuvo aplicación con respecto a los delitos de lesa humanidad y que, por lo tanto, no podría considerarse como una ley intermedia, pues cuando se sancionó tenían vigencia las leyes de punto final y obediencia debida que excluían su aplicación con respecto a estos delitos”.

Asimismo, los fiscales habían advertido que a “la aplicación al caso de la Ley 24.390 no superaría un análisis de constitucionalidad y convencionalidad por resultar incompatible con las obligaciones internacionales del Estado en materia de persecución y sanción de graves violaciones de los derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad”, respecto a lo que citaron la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas y la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas, así como lo dictaminado por la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos (CorteIDH) en los casos “Masacre de Rochela vs. Colombia” y “Vargas Areco”.

Planteos rechazados

El tocf N°1 había rechazado alrededor de quince planteos similares desde que se conoció el fallo de la Corte Suprema. En cada ocasión, con los votos de Pablo Vega y Germán Castelli; en tanto que Esmoris se había expedido en línea con lo que resolvió ahora, incluso antes del fallo del Máximo Tribunal: en febrero y abril de este año tuvo la misma postura en los procesos que alcanzaron a los prisioneros políticos Víctor Ríos -ex Jefe de Seguridad de la cárcel en cuestión- y del guardiacárcel Catalino Morel, en febrero y abril de este año. Las dos decisiones fueron recurridas por la unidad fiscal platense ante la Cámara Federal de Casación Penal.

Salta y la aberración de los ddhh

condena a muerte horca
Los ancianos ex Policías Miguel Raúl Gentil (87 años) y Joaquín Guil (80 años) fueron condenados a penas de entre siete y ocho años de prisión por la supuesta detención y tortura en la persona del cooperativista Marcial Uro, en el marco del décimo simulacro de juicio de lesa escenificado en Salta.

Los verdugos

tribunal salta 2017
El tribunal oral federal 2 de Salta -brazo ejecutor de la venganza montonera- integrado por Abel Fleming (presidente), Gabriela Catalano y Domingo Batule, hizo suyas las penas que habían solicitado los fiscales Carlos Amad, Francisco Snopek y Juan Manuel Sivila: ocho años de prisión para Gentil y siete para Guil.

fiscales salta
Este juicio que condenó sin testigos válidos y sin pruebas reales a dos ancianos ex Policías a terminar su vida en prisión, comenzó el 29 de mayo de este año y tras cuatro audiencias, llegó a su fin.

Gentil se desempeñó como Jefe de la Policía de Salta al momento de los inexistentes hechos por los que fueron acusados y Guil, por aquellos años era Director de Seguridad de esa Fuerza. Por esa sencilla razón la justicia prevaricadora decidió condenarlos.

En esta misma causa, sometieron hasta su fallecimiento a Ernesto Federico Livy, quien en la “época investigada” era Delegado de la Policía Federal en Salta. En otras palabras, si Livy estuviera vivo, también habría sido condenado junto con Guil y Gentil.

Según el relato de los dueños del monopolio de los derechos humanos, se consideró acreditado que los acusados, ahora condenados, secuestraron a Uro en su domicilio del barrio Finca Independencia (no hay testigos de su detención) y lo trasladaron a la Jefatura de Policía (no hay testigos del supuesto paso de Uro por ese lugar) donde lo torturaron durante varios días (no hay testigos ni pruebas de esto) y luego la supuesta víctima fue confinada a la casa del comisario Livy hasta su liberación, dos semanas después.

Mendoza: El fiscal amenaza con un tercer “megajuicio” en San Rafael

Vega Dante
El fiscal federal Dante Vega confirmó que “están trabajando para un tercer ‘juicio’ en San Rafael” y aseguró que “se harán todos los ‘juicios’ necesarios para ‘buscar la verdad’ y condenar a quienes estuvieron involucrados en ‘crímenes de lesa humanidad’ “.

Apenas terminada la parodia judicial que denominaron “megajuicio”, Vega reiteró que “estamos trabajando para formular nuevas acusaciones y vamos a evaluar todas las instancias del ‘juicio’ para ‘sacar más información e investigarla’. Por lo pronto hay dos personas que dieron falso testimonio y vamos a seguir esas “causas”.

Respecto a la participación de civiles durante el último gobierno cívico-militar manifestó que “durante el segundo ‘juicio’ se repitió más de una vez el nombre de una de esas personas que habría colaborado con el aparato represor. Por prudencia, la nombraré cuando tenga certezas”.

 

Santiago del Estero: Continúan los “testimonios” en la megacausa 3

juez payaso
Por el sistema de videoconferencia, el “testigo” Dante Barraza puso en escena su relato continuando luego con su “testimonio” Cristina Torres, quien detalló “abusos sexuales y torturas” que dice haber sufrido.

El pasado jueves tuvo lugar una nueva jornada de la parodia judicial que han denominado Megacausa III, ocasión en la que los integrantes del tribunal oral en lo criminal federal a cargo de este “proceso” escucharon a “testigos calificados”.

Se trata de Dante Barraza, quien relató la detención que dice haber sufrido durante la época del gobierno cívico-militar, supuesto hecho en el que han  involucrado al civil Raúl “Cashulo” Silva y a Policías que actuaban como fuerzas de captación y detención de personas vinculadas con la subversión terrorista.

Una vez terminada la actuación de Barraza, el tribunal y las partes escucharon a Cristina Torres, integrante de la lucrativa “asociación por la memoria, la verdad y la justicia”, quien relató “su detención, los abusos sexuales y torturas que aseguró haber sufrido mientras estuvo privada de su libertad, aportando detalles de suplicios”.

Posteriormente el tof dispuso un receso y luego escucharon el testimonio de “Tito” Alegre, que fue ofrecido por la Defensa del prisionero político Raúl Silva, resultando ser un testigo de concepto.

Posteriormente, la fiscalía realizó una serie de “planteos en procura de incorporar nuevos elementos, a lo que se opusieron las Defensas de los prisioneros políticos y a lo que finalmente el tribunal resolvió no hacer lugar.

Finalmente, los camaristas dieron por cerrada la jornada del jueves y pasaron a un cuarto intermedio hasta el próximo jueves, oportunidad en que habrá más “testimonios”.

 

La Plata: El Coronel Bustos intentó quitarse la vida

Complicado judicialmente por la izquierda disfrazada de “derechos humanos”, el Coronel (R) Alberto Francisco Bustos tomó la decisión de quitarse la vida, pero falló en el intento. Así lo confirmaron fuentes castrenses, quienes informaron que el hecho tuvo lugar en su residencia de la localidad bonaerense de La Plata.

“De uniforme y sable, en el patio de su casa, empuñó un arma con su mano derecha y disparó contra su pecho. La bala no tocó corazón ni arterias. Entró y salió limpia”, dijeron desde su entorno.

Y destacaron: “No hubo ningún acto desesperado. El Coronel se puso el uniforme, el sable y tomó la decisión. Pero «el Altísimo» tomó otra”.

Tras el dramático episodio, Bustos fue hospitalizado en el Hospital San Roque, de la ciudad platense de Gonnet, donde fue operado y estabilizado para luego ser trasladado al Hospital Español, donde se encuentra su médico de cabecera.

“Su pulmón izquierdo resultó comprometido. Pero hoy está fuera de peligro, recuperándose”, indicaron las fuentes. Permanece estable en el Hospital Español, tras ser operado en Gonnet.

Bustos, señalado por la izquierda terrorista como una de sus próximas víctimas, iba a ser detenido en el marco de una causa armada en su contra con la excusa de “investigar el rol que jugó el Regimiento 6 de Infantería de Mercedes durante el último gobierno cívico-militar”. En ese entonces, Bustos era Subteniente.

Uno de sus camaradas recordó: “Fue uno de los héroes de Inteligencia en el combate de La Tablada siendo jefe del viejo Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata, hoy disuelto”.

Mendoza: Perpetua para 12 prisioneros políticos

venganza
La parodia de juicio que se escenificó durante más de dos años en San Rafael terminó como era previsible: perpetua para 12 prisioneros políticos y para los otros 11 cautivos, sentencias de tres a ocho años, mientras que otros cuatro fueron absueltos.

Así concluyó el quinto juicio “de lesa” que ejecutó el tribunal oral federal 2 de Mendoza contra 27 prisioneros políticos -Militares, ex Policías y civiles- por supuestos delitos  en perjuicio de 72 personas, de las cuales 14 están desaparecidas.

El final de circo fue completo, ya que desde el martes asociaciones defensoras de los terroristas realizaron en San Rafael una “vigilia” a la espera de las sentencias y a partir del miércoles comenzó a llegar la horda de organizaciones de derechos humanos a la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Regional San Rafael, que cedió sus instalaciones para que -cual circo romano- los cristianos fueran devorados por las bestias.

Fueron condenados a prisión perpetua los prisioneros políticos Luis Alberto Stuhldreher, Daniel Ruiz Soppe, Luis Rizo Avellaneda, Juan Armando Giovarruscio, Cecilio Martínez Garay, Aníbal Alberto Guevara, Oscar Raúl Pérez, Juan Roberto Labarta, Daniel Ernesto Huajardo, Orlando Gutiérrez, Pierino David Massaccesi y Hugo Ramón Trentini.

Todos los condenados fueron miembros del Departamento de Informaciones Policial, el D2, de la División Cuerpos de la Unidad Regional II de la Policía de Mendoza, un Oficial de la Oficina de Sumarios de la Seccional 32ª de San Rafael, el Jefe de Operaciones (D3) de la Policía mendocina y dos Tenientes de la VIII Brigada de Infantería de Montaña.

Por otra parte, Miguel Angel Báez y Norberto Ernesto Mercado fueron condenados a ocho años de prisión, mientras que Carlos Alberto Ochoa a siete años, Tomás Luis Rojas a seis años, al igual que Luis Graín. Mientras que Ciro Isidro Maza, Emilio Eduardo Castro, Miguel Ángel Megetto y Argentino Eduardo Villafañe recibieron una pena de cuatro años, compensada por el tiempo que llevan detenidos.

Rafael Bitti y Osvaldo Domínguez recibieron tres años en suspenso, por lo que no van a la cárcel después de este “juicio”, aunque deberán cumplir una serie de condiciones denominadas “reglas de conducta”, entre ellas, ser adoctrinados con un “curso de derechos humanos y violencia institucional” de al menos 50 horas cátedra a cargo de una institución pública y tareas no remuneradas a favor del Estado, estipuladas en dos horas semanales en una organización de bien público.

Por último, el tribunal decidió absolver a Daniel Navarro Farías y Juan Antonio Gallardo, como también a Osvaldo Orellano y Raúl Alejandro Olguín por falta de acusación de la fiscalía.

 

Falleció otro Preso Político

 

Fallecimiento de otro Preso Político: Cnel. MARCELLINI
Estimados Camaradas y Amigos

La Unión de Promociones expresa su más profundo pesar, por el fallecimiento el Domingo 11 de Junio de 2017, del Coronel (R) Luis María DELAICO (Infantería – Promoción 83 – CMN), Preso Político en cautiverio, de 84 años de edad.

Consecuentemente, ya son 409 (cuatrocientos nueve) los fallecidos, pertenecientes a todas las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, Fuerzas Policiales, Fuerzas Penitenciarias y Civiles; en el marco de este proceso de persecución, venganza y exterminio, donde SE CONTINÚAN REPITIENDO en forma sistemática infinidad de irregularidades jurídicas, instrumentadas en el ámbito de una justicia prevaricadora.

Debe destacarse que del total de Presos Políticos que han fallecido, 68 (sesenta y ocho) decesos se han producido desde el día 10 de Diciembre de 2015.

Solicitamos una vez más a todos los integrantes de las FFAA, Fuerzas de Seguridad, Fuerzas Policiales y Fuerzas Penitenciarias, a las distintas ONG e Instituciones, a familiares, amigos y allegados en general, a continuar sumándose en apoyo de todos quienes deben enfrentar esta injusta situación, a fin de afirmar, fortalecer e incrementar el planteo de los justos reclamos por acceder a una justicia verdaderamente independiente, imparcial y objetiva, a través del irrestricto respeto por la Constitución Nacional. La continuación de la ardua lucha en su apoyo, por la recuperación plena del estado de derecho y por la reparación del respeto y la credibilidad de las Instituciones de la República, así lo exige.

Expresamos nuestras sentidas condolencias a todos sus familiares, compañeros de Promoción, Camaradas y amigos, rogándole al Señor, les conceda pronta y cristiana resignación.

Coronel (R) Guillermo César Viola.
Unión de Promociones