Salta: “megacausa” UNSa en su recta final

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El noveno proceso contra uniformados que lucharon combatiendo el terrorismo en la provincia de Salta hace más de 40 años atrás empezó en octubre de 2015 y culminará el próximo mes, luego de 18 meses de interrumpidos debates en la justicia federal.

Algunos de los prisioneros políticos en esta causa son: el Comisario Joaquín Guil y los Coroneles Miguel Gentil y Virtom Modesto Mendíaz. Los dos primeros ya acumulan tres condenas a  perpetua.

Otro prisionero político es el Teniente General Héctor Ríos Ereñú, quien fue la máxima autoridad del Ejército durante la presidencia de Raúl Alfonsín. El anciano militar de 87 años ya ha sido condenado a perpetua – lo que equivale a una condena a muerte- como resultado del juicio a que fue sometido en 2013 por dos supuestos casos que habrían ocurrido en el norte de la provincia cuando se desempeñó como Jefe del Regimiento de Infantería de Monte 28. Por el cargo que ostentaba era el máximo responsable de esa área operativa en la lucha contra la subversión.

Las supuestas víctimas fueron los militantes de la JP Pedro Urueña y Jorge René Santillán. Ambos fueron detenidos en sus respectivos domicilios y los cuerpos hallados posteriormente.

“Megacausa” de la UNSa

Gentil, Mendíaz y Guil están siendo imputados por la desaparición de estudiantes y profesores de la Universidad Nacional de Salta.

Miguel Ángel Arra fue detenido por un grupo armado de la Policía local y fue hallado muerto.

Carlos Humberto García y Nora Ester Saravia de García fueron detenidos  en el domicilio donde vivían. Desaparecidos.

Raúl Humberto Machaca fue detenido a la salida de la escuela técnica donde era profesor. Desaparecido.

Carlos Alberto Rivero fue detenido en el domicilio de su madre. Desaparecido.

Pedro José Tufiño fue detenido cuando salía de su domicilio. Desaparecido.

Daniel Loto Zurita fue detenido en su domicilio. Desaparecido.

Tania Kiriaco, querellante de la UNSa, pidió que los tres prisioneros políticos sean condenados a perpetua como autores mediatos de homicidio agravado por alevosía y haber sido cometidos con el concurso premeditado de dos o más personas.

Por las causas del norte están imputados, además de Ríos Ereñú, el Comisario Arturo Madrigal y el Comandante de Gendarmería Diego Alejandro Varas. La querellante Susana Aramayo pidió perpetua para Ereñú y Madrigal por las desapariciones de Sylvia Sáez de Vuistaz, Santos A. Garnica, Mario B. Luna, David Reina León y Sergio Wenceslao Copa, quienes -según sus dichos- eran dirigentes juveniles con domicilios en los departamentos San Martín y Orán

Casación Federal instó a que se fije en lo inmediato fecha de juicio en causa contra ex directivos de la empresa Ford

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La sala II de la cámara federal de casación penal, integrada por los jueces Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Pedro David, resolvió urgir al tribunal oral en lo criminal federal Nº 1 de San Martín a que proceda a fijar, en lo inmediato, fecha de realización del debate oral y público en la causa FSM 27004012/2003/TO4, caratulada: “Müller, Pedro y otros s/ privación ilegítima de la libertad y otros del CP”.

En la decisión se destacó que “esta es la segunda oportunidad en que se suspende la realización del juicio en las presentes actuaciones y que ‘más de dos años han pasado desde la fecha fijada inicialmente (julio del año 2014) y hoy todavía las víctimas y los familiares de la causa siguen esperando ansiosamente un juicio’”.

A su vez, se remarcó que “esta sala ha exhortado al tribunal oral en lo criminal federal Nº 1 de San Martín a agilizar el trámite y realizar los debates en los distintos tramos elevados a juicio, originados en la causa Nº 4012 ‘Campo de Mayo’ -de la cual éste es uno-” y que “aquellas exhortaciones no pueden servir de fundamento para suspender los debates ya establecidos, sino -antes bien- para otorgar celeridad a los que aún no se han fijado”.

Una vez más, la sala II recordó “la vocación aplicativa de lo dispuesto por esta cámara en la acordada Nº 1/12, en orden a la necesidad de realizar la justicia bajo resguardo del debido proceso, en el menor tiempo posible y teniendo en cuenta las características que revisten causas de lesa humanidad como la especie”.

En esta causa han imputado a Pedro Müller (ex gerente general de la empresa Ford), Héctor Francisco Jesús Sibilla (ex jefe de seguridad de esa misma empresa) y Santiago Omar Riveros (ex Comandante a cargo del Comando de Institutos Militares con asiento en Campo de Mayo), y están siendo sometidos a una parodia judicial por la detención  y supuestos apremios ilegales de veinticuatro obreros de la automotriz hace 41 años atras (1976), época en la que -afirman los defensores de los terroristas- funcionaba un centro de detención dentro de la fábrica, en la localidad bonaerense de Pacheco.

Huelga de hambre exigiendo la libertad de presos políticos

 

Aníbal  Guevara, condenado a prisión perpetua en 2010 por la desaparición de cuatro personas en los años ’70, junto a otros Militares, Policías y un abogado, inició una huelga de hambre desde su lugar de detención en Marcos Paz por considerarse un preso político.

En un escrito en el que anunció su determinación, señaló que ya “en julio de 2013, junto a varios camaradas, expusimos por escrito al entonces Jefe del Ejército y en setiembre de 2013 a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, planteando lo injusto de la situación”.

La decisión de ir a una huelga de hambre por tiempo indeterminado se basa en que no ha obtenido ninguna respuesta a sus reclamos.

“Cuando nos formábamos y preparábamos para ser oficiales, asumimos la obligación de concepto y conciencia sobre la prioridad de atender todo lo referente al personal subalterno”, escribió Guevara. Por ello, pidió que “se adopten las medidas necesarias que terminen con las ilegales prisiones y desliguen, inmediatamente, de las falsas e infundadas acusaciones e imputaciones que les realizan al personal de suboficiales y agentes civiles (más de 75 del Ejército Argentino y 250 del resto de las Fuerzas Armadas, de seguridad, policiales y penitenciarias) que solo se limitaron a dar estricto cumplimiento a las órdenes recibidas durante el desarrollo de operaciones militares contra la subversión, llevadas a cabo durante el transcurso de los hechos de los ‘ 70. Desconociendo e ignorando, además, sobre ‘niveles de responsabilidad en la persecución penal’. Reintegrándoles inmediatamente la libertad que no debieron haber perdido nunca”, según reza el escrito.

Guevara, agrega que “pretendo y busco, exclusivamente, conseguir se comprenda y revierta la injusta situación que viene viviendo desde hace tiempo, el personal mencionado”.

El año pasado, el hijo y homónimo de Aníbal Guevara reclamó para su padre que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos actúe con mi padre igual que con Milagro Sala”.  “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) actuó con celeridad en el caso de Milagro Sala, pero mi padre está con prisión preventiva desde hace diez años y todavía no pudo analizar el caso”, dijo Guevara.

Para bregar por este tema, integra “Puentes para la Legalidad”, una asociación de hijos y nietos de presos por causas políticas que, explicó Guevara hijo, “nos juntamos ya hace muchos años, cuando empezamos a notar que en los procesos en los sometían a nuestros padres y abuelos había muchas irregularidades en el proceso penal y violaciones a los derechos humanos”.

 

Rosario: Postergan inicio de juicio ‘de lesa’

Lo decidió el tribunal oral en lo criminal federal N° 2 de esa ciudad integrado por los jueces Lilia Graciela Carnero, Francisco Miño y Carlos Villafuerte Ruzo.

El proceso, cuyo inicio estaba previsto para el 16 de marzo, comenzará el 8 de junio próximo.
Los prisioneros políticos en esta causa son: Carlos Ulpiano Altamirano, Eduardo Dugour, Julio Héctor Fermoselle, Héctor Oscar Gianola, Daniel González, Ramon Telmo Alcides Ibarra, José Rubén Lo Fiego, Mario Alfredo Marcote, Lulio César Nast, Ovidio Marcelo Olazagoitía, José Carlos Antonio Scortechini, Ernesto Vallejo, Ramón Vergara y el sacerdote Eugenio Zitelli.

 

Generales Bignone y Riveros: Cadena perpetua o condena a muerte?

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En la causa se investigaron supuestos hechos que habrian ocurrido entre 1976 y 1977 en el Colegio Militar de la Nación.

La justicia encargada de ejecutar la venganza montonera condenó a prisión perpetua a los ancianos Generales Reynaldo Bignone (89 años) y Santiago Omar Riveros (93 años). También falló en contra de otros cinco prisioneros políticos, que recibieron penas de entre 3 años y perpetua.

Según informó el Centro de Información Judicial (CIJ), el fallo estuvo a cargo del tribunal oral en lo criminal federal N° 1 de San Martín, integrado por los jueces Marta Isabel Milloc, Diego Gustavo Barroetaveña y María Lucía Cassaín.

El General y ex Presidente Reynaldo Benito Bignone fue sentenciado a pena de muerte en prision encubierta tras la fachada de “perpetua” al igual que el General Santiago Omar Riveros y el Suboficial (R) Mario Rubén Domínguez .
Ademas, el brazo judicial ejecutor de la venganza montonera fijó las siguientes penas: Carlos Eduardo José Somoza (15 años de prisión), Hugo Miguel Castagno Monge (11 años), Jorge Teodoro Alvarado (3 años) y Alberto Federico Torres (5 años)

Los jueces fijaron para el próximo 16 de mayo, a las 18, la audiencia de lectura de los fundamentos de la sentencia.

 

San Juan: Con la confirmación del tribunal, comenzó el tercer juicio de lesa

 


Los defensores de los prisioneros políticos Olivera, De Marchi y Coronel recusaron a los tres jueces Oscar Hergott, Gabriel Nardiello y Sergio Paduczcak, pedido del que finalmente desistieron luego de un cuarto intermedio.

Con la confirmación del tribunal y la lectura del requerimiento de elevación a juicio, comenzó el pasado lunes la tercer parodia judicial que se desarrolla en San Juan, en la cual son sometidos 20 prisioneros políticos y, luego de haber transcurrido más de 40 años de los supuestos hechos por los que los están acusado, han reunido sospechosamente, más de 500 “testigos”. En este proceso, el tribunal defensor de los terroristas afirma que “no sólo se juzgará a los ‘delitos cometidos’ luego del golpe militar, sino también los ‘perpetrados’ por las fuerzas de seguridad antes del 24 de marzo de 1976”.

Así fue como algunos familiares de supuestas víctimas del último gobierno cívico-militar y los infaltables “representantes de diferentes asociaciones de derechos humanos” se hicieron presentes en el entrepiso del edificio del Rectorado de la UNSJ (Universidad Nacional de San Juan), a presenciar esta despreciable parodia de juicio.

Tres de los 20 prisioneros de la venganza montonera, Osvaldo Benito Martel, Rubén Arturo Ortega y Julio Horacio Nieto, siguieron el debate a través del sistema de videoconferencia, el primero desde la ciudad de Comodoro Rivadavia y los dos restantes en Buenos Aires.

En un extraño acto de humanidad, este tribunal dueño de la vida y la muerte de los prisioneros políticos, decidió excluir de esta parodia a uno de los cautivos, Jorge Horacio Páez,  ya que consideraron que no se encontraba en condiciones psíquicas de comparecer en este juicio, luego de analizar un informe de peritos locales y de la justicia forense de la provincia Córdoba.

Guillermo FrieleEl tribunal también rechazó la recusación contra el magistrado Guillermo Friele, quien será el cuarto juez en el proceso, y también otra recusación contra el presidente del tribunal, Oscar Hergott, las que fueron interpuestas por la defensa de algunos de los prisioneros políticos.

Lo más relevante del primer día del juicio fue la recusación interpuesta contra todo el tribunal por los defensores de Olivera, De Marchi y Coronel, a lo que se sumó el pedido de suspensión de la audiencia por parte de los defensores públicos, invocando que no habían tenido tiempo para tomar contacto con sus defendidos.

Dichas solicitudes originaron un cuarto intermedio. Finalizado éste, las defensas desistieron de la recusación interpuesta y con respecto a la suspensión de la audiencia, el tribunal señaló que “durante la lectura de la acusación fiscal los defensores tendrán tiempo para tomar contacto con sus asistidos”.

El próximo lunes continuará este simulacro de juicio que está conformado por cuatro causas: la causa contra Osvaldo Martell, que es la “causa madre”, a la que se adjuntan la compulsa Ripoll, la compulsa Bustos y la causa Nívoli. Además los jueces, antes del inicio de la feria judicial, decidieron acumular al proceso las llamadas causas Cevinelli y Mazitelli.

 

 

Fallecimiento de otro Prisionero Político

bandera-luto-3La Unión de Promociones expresa su más profundo pesar, por el fallecimiento el Jueves 09 de Marzo de 2017, del Suboficial Principal (R) Marcelo LUNA (Policía de la Provincia de Córdoba), Preso Político en cautiverio de 81 años de edad.

Consecuentemente, ya son 396 (trescientos noventa y seis) los fallecidos, pertenecientes a todas las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, Fuerzas Policiales, Fuerzas Penitenciarias y Civiles; en el marco de este proceso de persecución, venganza y exterminio, donde SE CONTINÚAN REPITIENDO en forma sistemática infinidad de irregularidades jurídicas, instrumentadas en el ámbito de una justicia prevaricadora.

Debe destacarse que del total de Presos Políticos que han fallecido, 55 (cincuenta y cinco) decesos se han producido desde el día 10 de Diciembre de 2015.

Solicitamos a todos los integrantes de las FFAA, Fuerzas de Seguridad, Fuerzas Policiales y Fuerzas Penitenciarias, a las distintas ONG e Instituciones, a familiares, amigos y allegados en general, a continuar sumándose en apoyo de todos quienes deben enfrentar esta injusta situación, a fin de afirmar, fortalecer e incrementar el planteo de los justos reclamos por acceder a una justicia verdaderamente independiente, imparcial y objetiva, a través del irrestricto respeto por la Constitución Nacional. La continuación de la ardua lucha en su apoyo, por la recuperación plena del estado de derecho y por la reparación del respeto y la credibilidad de las Instituciones de la República, así lo exige.

Expresamos nuestras sentidas condolencias a todos sus familiares, compañeros de Promoción, Camaradas y amigos, rogándole al Señor, les conceda pronta y cristiana resignación.

Coronel (R) Guillermo César Viola.
Unión de Promociones

 

STEL: HÉROE DE GUERRA, CONDENADO DE POR VIDA

enrique stelCoronel Enrique Stel, Veterano de la Guerra de Malvinas

A partir de 1979 perteneció a las fuerzas de élite de la República Argentina y luchó en la guerra integrando la Compañía de Comandos 602.

Recibió del Congreso de la Nación Argentina la Condecoración “A los Bravos de Malvinas” y el Ejército Argentino lo condecoró con la Medalla “Al Heroico Valor en Combate”. Además le otorgó una mención distinguida por su desempeño en la guerra.

Arriesgó su vida infiltrándose detrás de las líneas enemigas, ayudó a sus camaradas espiritual, emocional y físicamente para sobrellevar la pesada carga de este hecho traumático.

Después de la rendición argentina, estuvo como Prisionero de Guerra de los Ingleses durante un mes, en un frigorífico de la Bahía de San Carlos en condiciones climáticas adversas, durmiendo en el piso, comiendo una vez al día y duchándose una vez por semana.

Hoy este hombre se ha convertido en una simple y lamentable estadística en el sistema de los “Derechos de Algunos Humanos”.

Detenido injustamente cuando ya se encontraba presentado en la causa, imputado por “haber sido” y no “por hacer” (derecho penal de autor) y detenido por el simple hecho de “pertenecer” al Ejército Argentino.

Procesado sin fundamento alguno, sin pruebas, sin lógica ni relación circunstanciada de acción, causa, resultado. Imputado por una cosa y procesado por otra, hoy lleva tres años privado de libertad en una cárcel común y la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca omitió dolosamente verificar la afectación a su derecho de defensa, y lo que es peor aún, a un debido proceso legal.

Enrique Stel tenía 20 años a la fecha de los hechos que se investigan, era Subteniente del Arma de Comunicaciones y se desempeñaba como jefe de sección de la Compañía Alámbrica del Batallón de Comunicaciones 181.

Por ese cargo se lo imputó, pero se lo proceso por otro, por ser jefe de sección de una Compañía de Infantería dedicada a la lucha antisubversiva.

Es decir, se le asignó intempestivamente la pertenencia al Arma de Infantería y automáticamente se asoció a este Arma con el desarrollo de actividades ilícitas. Un dislate jurídico.

Cualquiera que conozca un poco la estructura orgánica del Ejército, sabe muy bien que un militar no puede desempeñar funciones de un arma a la que no pertenece (ni por capacidades adquiridas ni por cuadro organizacional)

Por otro lado, lo procesan por hechos de los que no hay ningún elemento material que demuestre su participación (ninguna víctima lo menciona, ni por nombre ni por apariencia física. Cabe aclarar que las denuncias en muchos casos fueron realizadas entre los años 2009 y 2014)

La imputación de esos hechos sólo se produce por la mera dimensión temporal, tornando automática la culpabilidad sólo por esto (es decir la coincidencia de las fechas en que ocurrieron esos sucesos con el período de tiempo en el que Enrique Stel estuvo desempeñando funciones en una Sección Alámbrica de una Compañía de Comunicaciones)

En síntesis, lo procesan por una función que nunca desempeñó, en un Arma a la que nunca perteneció y por hechos de los cuales no hay elementos que permitan demostrar de modo alguno que participó en la consecución de los mismos.

Es importante destacar que esta investigación surge 40 años después y obviando el hecho significativo de que jamás fueron impugnados sus ascensos a Mayor, Teniente Coronel y Coronel durante la democracia, siendo que en esas oportunidades su legajo personal fue analizado por todos los organismos de Derechos Humanos y la Comisión de Acuerdos del Senado.

¿Cómo es posible que continuemos, como dice el Dr. Gil Lavedra, efectuando “imputaciones por presuntos delitos de lesa humanidad de un modo ligero, sin la correcta verificación de la alta probabilidad de que concurran los requisitos que caracterizan a tales delitos”?

Lamentablemente hay muchas distorsiones y confusiones, en parte por ignorancia y en parte por mala fe.

Esto tan simple que escribo, es sistemáticamente negado por quienes deben hacer justicia, tal vez porque necesitan incrementar los números estadísticos y justificar el inmenso flujo de dinero generado por este sistema donde ser parte de las Fuerzas Policiales, de Seguridad o Armadas es casi automáticamente equivalente a ser delincuente, argumento que viola las normas jurídicas más elementales, entre ellas, el principio de la responsabilidad penal individual y el principio de la presunción de la inocencia.

¿Cómo un hombre que ha dedicado su vida a las causas humanitarias puede estar procesado por delitos como lo que se le imputan? Un ser humano no pierde su esencia. O es bueno o es malo, y las acciones a lo largo de la vida van reflejando esa naturaleza. En el caso de mi esposo ha reflejado ser un hombre de bien, con actos heroicos y acciones trascendentes. Ha vivido momentos desagradables y nunca se ha quejado. En la guerra de Malvinas lo dieron por muerto al punto que le rezaron una misa por su eterno descanso, camino a sabiendas entre campos minados para cumplir con su misión, sabiendo que un paso en falso podía ser el último.

En Zagreb vivió el bombardeo del año 1995, enfrentó la presión de los serbios cuando custodiaba los convoyes humanitarios del ACNUR y del ACNUDH que intentaban llegar a la población civil sitiada en Bosnia Herzegovina… Sus acciones humanitarias le valieron tres condecoraciones por sus servicios a la paz de Naciones Unidas.

Juntos hemos recorrido 16 países investigando algunos de los crímenes más atroces de los cuales puede ser capaz el ser humano y hemos trasmitido a nuestros alumnos la importancia de vivir en la diversidad, respetando al otro más allá de las diferencias.

Nunca pensamos que justamente él, uno de los primeros militares argentinos que por convicción se especializó en Derecho Internacional Humanitario –y el primer oficial que en la historia del Ejército Argentino fue becado por la Escuela Internacional para el Estudio del Holocausto Yad Vashem para capacitarse en la temática de la Shoá en Jerusalén- hoy estuviera en una celda, esperando poder demostrar su inocencia, por delitos que jamás deberían haberle imputado. Cuando fue prisionero de guerra de los ingleses durante el conflicto de Malvinas lo aceptó y lo comprendió perfectamente, son las reglas de la guerra.

Esta situación no puede aceptarla ni comprenderla.

Lo que más me preocupa, más allá de esta situación personal, es nuestra deshumanización como nación, nuestra premura en condenar sin saber, nuestra pérdida de valores y principios, nuestra ponderación invertida de cuestiones elementales.

Me preocupa el odio alimentado con una fuerte estructura que no nos conduce a nada bueno.

Me preocupa la injusticia.

No creo que nadie piense que los responsables de los crímenes más atroces vividos en nuestro país no deban ser condenados, pero es importante que lo hagamos respetando el principio de legalidad, cuidando “celosamente la categoría excepcional de delito de lesa humanidad y los procesos en los que se aplica.”

Sólo espero que Dios nos de la fortaleza para seguir luchando en este sistema perverso donde inocentes pagan por culpables.

Lo triste de todo esto es que los años no son infinitos, que nuestro tránsito en la tierra es limitado y que lo que hacemos con nuestro tiempo tiene que ser bueno, constructivo, no estéril. Siento que estamos perdiendo un tiempo valioso en esta lucha desigual cuando podríamos hacer cosas valiosas y trascendentes.

Tres razones me llevaron a escribir esta nota: uno, la fecha de conmemoración de los Veteranos de Guerra de Malvinas, otra, la triste realidad de que el 12 de marzo de este año Enrique Stel cumplió tres años de detención en flagrante violación al principio de excepcionalidad de la prisión preventiva y por último, el inicio de la Semana Santa, un tiempo donde como cristianos, debemos purificar nuestra alma y ofrecer nuestro sufrimiento a Dios para acompañar la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo.

Desde la guerra de Malvinas mi esposo lleva consigo un Rosario que con el tiempo se ha deteriorado. Su fiel amigo lo sigue acompañando. Los hombres pueden abandonarnos, Dios jamás nos abandona.

Carina Emilce Faur

 

HUELGA DE HAMBRE ANTE LOS DELITOS DE “LESA HUMANIDAD”

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En julio de 2013, junto a varios camaradas, lo expusimos por escrito al entonces jefe del Ejército; en septiembre de 2013 a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, planteando lo injusto de la situación; reiterándolo luego en cartas de lectores en diarios en octubre de 2015 y una en Tiempo Militar, de abril de 2016. También lo manifesté reiteradamente desde 2014, durante mis indagatorias ante TOCF II Mendoza. Ninguna ha tenido respuesta. Por acciones de algunos prisioneros, por los llamados “delitos de lesa humanidad”, se han evidenciado atisbos de voluntad, o preocupación por corregir ciertas injusticias.

Reitero lo solicitado en dichas presentaciones, para que se adopten las medidas necesarias que terminen con las ilegales prisiones y desliguen, inmediatamente, de las falsas e infundadas acusaciones e impugnaciones que le realizan al personal de suboficiales y agentes civiles (más de 75 en el Ejército Argentino, y de 250 del resto de las Fuerzas Armadas, de Seguridad, policiales y penitenciarias), que sólo se limitaron a dar estricto cumplimiento a las órdenes recibidas durante el desarrollo de las Operaciones Militares contra la subversión, llevadas a cabo durante el transcurso de los hechos de los 70, desconociendo o ignorando, además, las propuestas hechas por el jurista Carlos Niño en la plataforma presidencial de Raúl Alfonsín, sobre “niveles de responsabilidad en la persecución penal”, reintegrándoles inmediatamente la libertad, que no debieron haber perdido nunca. Al no haberse producido ello, manifiesto mi decisión de iniciar una huelga de hambre, hasta tanto no se adopten las medidas requeridas. Habiendo agotado todas las otras vías, es ésta la última alternativa posible a asumir, en la situación de prisionero en que me encuentro. Pretendo y busco, exclusivamente, conseguir se comprenda y revierta la injusta situación que viene viviendo el personal mencionado.

A quienes tienen en sus manos la solución de tan injusta situación, les solicito no duden en corregirla rápidamente, permitiéndoles transitar con libertad, y sin rótulos, un nuevo año junto a sus seres queridos.

Aníbal A. Guevara Molina
PROMOCIÓN 103. CMN. EJÉRCITO ARGENTINO.
PRISIONERO POLÍTICO EN MARCOS PAZ.
L.E.: 6.604.944

 

Chaco: Suspenden debate y hay revuelo en el gallinero judicial

“Lesa” porteña: La cámara federal rechazó excarcelar a González, Daer y Alomar
Los magistrados comunicaron la medida porque entienden que el pedido de la secretaría de ddhh de Chaco de recusación al juez Juan Manuel Iglesias por haber otorgado la domiciliaria a Gabino Manader tiene un “efecto expansivo” a todo el proceso.

Durante la mañana del viernes 10 de Marzo en la sede del tribunal oral federal de Resistencia se reanudó la audiencia de lo que llaman causa “Caballero II”, pero no hubo debate ni declaraciones testimoniales o de los prisioneros políticos como estaba previsto, ya que el tribunal informó que antes de continuar con el juicio oral se abocará a “analizar la situación de uno de sus integrantes”, el juez Juan Manuel Iglesias, sujeto a recusación en el incidente por la domiciliaria otorgada a Gabino Manader.

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Estaba todo preparado para continuar con este circo judicial cuando el presidente del tof, juez Eduardo Belforte tomó la palabra y comunicó que “para los magistrados el pedido recusador, realizado por la secretaría de derechos humanos de la provincia, tiene un “efecto expansivo” a todo el proceso”. Por ello deberán dirimir la continuidad de Iglesias, o bien su salida del juicio, en cuyo caso se espera sea reemplazado por la cuarta jueza, la Dra. Delfina Denogens, de cara a la continuidad del proceso y no a su culminación abrupta, si se decidiera convocar a un nuevo tribunal. Todo ello se sabrá este viernes 17, cuando se reanuden los debates.

IGLESIAS, EL JUEZ DESACATADO

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Sucedió que la secretaría de ddhh presentó un pedido de recusación al juez Iglesias en el incidente por el cual se solicitó la revocatoria la de prisión domiciliaria de Gabino Manader, fundamentado en que “el magistrado ya posee una idea o un concepto por todos conocido, lo que a todas luces viola la garantía constitucional de imparcialidad” según precisa el documento. Dicho en otras palabras, el juez que pretende hacer cumplir la ley de manera imparcial ha sido recusado porque no cumple con los designios del monopolio de los derechos humanos que solo se conmueve con quienes participaron de la guerra revolucionaria bajo la fachada de “jóvenes idealistas”.

En el escrito también señalan que “Iglesias ya juzgó en un sentido, tiene una postura jurídica respecto de los hechos que se ventilan en la ‘causa’, y sabido es que si nuevamente tiene que resolver la misma cuestión, y claramente de ante mano, las partes saben lo que el mismo resolverá, violándose de esa forma la garantía constitucional de imparcialidad”.

Es realmente vergonzoso que estos representantes de la izquierda vernácula, disfrazados de ‘organismos de derechos humanos’ tengan la arrogancia de señalar a un juez que se atreve a desafiarlos mirando una “causa” con los dos ojos y no sólo con el izquierdo, y evalúe la historia en un TODO y no sólo en la parte que les conviene a estos mercaderes que viven y lucran de algo tan serio como son los Derechos Humanos.

Iglesias fue muy criticado por los organismos de ddhh, familiares de las supuestas víctimas y organizaciones sociales porque concedió la excarcelación a Gabino Manader, en virtud de un informe de médicos del servicio de la Unidad Penitenciaria, y no tuvo en cuenta el infalible dictamen del cuerpo médico de la corte suprema de la Nación, que luego de realizar un examen al prisionero político dictaminó que “la medida privatoria de su libertad en sí misma no debería afectar la evolución de su patología”.

Una cuestión que llamó poderosamente la atención de estos comerciantes de los ddhh fue que Iglesias, en un gesto de humanidad que no es habitual ver en jueces abocados a estos juicios de lesa, se acercó personalmente durante la tarde del 2 de febrero hasta la prisión U7 para tramitar el traslado del prisionero político.

 

AL ENEMIGO, NI JUSTICIA

Este último pedido de recusación por el “incidente Manader”, se suma a presentaciones formales anteriores realizadas por la secretaría de ddhh con objeto de “solicitar se mantenga la prisión preventiva a todos los imputados para cumplir con la obligación constitucional, de perseguir, investigar, juzgar y sancionar los crímenes de lesa humanidad”.

Igualmente, el ministerio público fiscal presentó también un recurso ante casación en el que también se pide la cárcel efectiva de Manader por “riesgo de fuga latente”, “entorpecimiento de la investigación” y por “seguridad de los testigos víctimas”.

En ese sentido los fiscales Carlos Martín Amad, fiscal federal general; Patricio Nicolás Sabadini, fiscal federal y Diego Jesús Vigay, fiscal federal ad hoc señalaron que “el otorgamiento mecánico de la prisión domiciliaria de todos los condenados por delitos de lesa humanidad mayores de 70 años, operaría claramente como un mecanismo de impunidad biológica, que violaría el compromiso del Estado argentino de juzgar los crímenes de lesa humanidad, integrando claramente dicha responsabilidad, el cumplimiento de las condenas de los crímenes más aberrantes que conociera la humanidad”.

TESTIMONIO POSPUESTO

Esta novedad respecto de la recusación en el incidente truncó la declaración del testigo ex “joven idealista” Osvaldo Uferer, y una nueva ampliación indagatoria, esta vez por parte del prisionero político Rodríguez Valiente, ya condenado a 25 años de prisión por los defensores de los terroristas, en la que será la tercera intervención de este tipo en el proceso. La modalidad de intervenciones casi permanentes a lo largo de todo el debate por parte de los prisioneros políticos, es otro punto en el que el juicio se diferencia de procesos anteriores. Esta modalidad consiste en que luego de ser liberado el testigo que acaba de declarar, el prisionero político señalado en el testimonio pide realizar una ampliación indagatoria y hace hincapié en cuestiones de su declaración que han quedado poco claras para poner en duda el testimonio completo y sin posibilidad a que la supuesta victima despeje el punto y aclare la cuestión.