Chaco: Fiscales recurrieron en Casación la domiciliaria a Manader

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Carlos Amad, Patricio Sabadini y Diego Vigay cuestionaron que el juez de ejecución otorgara el beneficio al prisionero político “sólo por contar con más de 70 años” y señalaron que “se apartó del dictamen del cuerpo médico forense y que se basó en un informe de un médico penitenciario”.

La unidad fiscal de derechos humanos de Resistencia interpuso un recurso de casación contra la resolución que otorgó la prisión domiciliaria al condenado ex Sargento de la Policía chaqueña, Gabino Manader, de 76 años, dictada por el juez de Ejecución Juan Manuel Iglesias, quien “se apartó de la jurisprudencia y concedió el beneficio al ex Policía por ser mayor de 70 años” y, en lugar de evaluar el dictamen de la Junta Médica convocada al caso, tuvo en cuenta la opinión de un médico penitenciario consultado con posterioridad.

Firmado por el fiscal general Carlos Amad, el fiscal federal Patricio Sabadini y el fiscal ad hoc Diego Vigay, el recurso de Casación ataca la resolución dictada el 26 de diciembre pasado por Iglesias, juez del tribunal oral en lo criminal federal de Resistencia.

A Manader lo han condenado a 25 años de prisión en diciembre de 2010 en el juicio de lo que denominaron causa “Caballero I” y actualmente está siendo sometido a otra parodia de juicio en lo que llaman causa “Caballero II”.

Según estos fiscales que sólo defienden la causa terrorista:  “en el recurso de la prisión domiciliaria aumenta el peligro de fuga en razón de los conocimientos técnicos que posee el mismo en función de su profesión, los contactos con distintas fuerzas de seguridad de acuerdo a su carrera en la Policía del Chaco y la posibilidad de que entorpezca la investigación, afectando la seguridad de los ‘testigos victimas’ y obstruyendo la búsqueda de los cuerpos de desaparecidos. El encausado se encuentra involucrado en la mayoría de los casos que se investigan y que fueran cometidos en el ‘centro clandestino’ de detención de la Brigada de Investigaciones y sindicado como un líder destacado e imprescindible del ‘grupo de tareas’ que tenia a su cargo el secuestro, interrogatorios, tormentos y los asesinatos y desaparición de detenidos por razones políticas”.

Solo ellos pueden decidir la vida y la muerte de los Presos Políticos

Los representantes del ministerio público fiscal cuestionaron que, al analizar el caso de Manader, “el juez se apartara arbitrariamente de lo dictaminado por la junta médica realizada por el cuerpo médico forense de la corte suprema y confronta a la misma, da entidad y preeminencia a un sencillo informe de un médico -que no es perito, no es especialista y no es forense- del Servicio de Asistencia Médica de la Prisión Regional del Norte U7″.

Efectivamente, el juez falló en consonancia con lo dictaminado por un médico dependiente del Servicio Penitenciario Federal y señaló que “el contexto de encierro en el que se halla Manader condicionaría la evolución de sus afecciones, todas de carácter crónico, hallándose expuesto a partir de ello a la posibilidad de sufrir descompensaciones agudas, para las cuales el Servicio de Asistencia Médica, por funcionar como un Centro de Atención Primaria de la Salud, no cuenta con infraestructura adecuada”.

Los fiscales contrapusieron esas afirmaciones con el dictamen realizado por la junta médica, que concluyó que Manader “se encontraba compensado, sin signos de patologías agudas en evolución”, que “presenta el riesgo inherente a toda persona de 75 años, es decir, que presenta la fragilidad propia del envejecimiento natural y la vulnerabilidad y falta de adaptabilidad a nuevas circunstancias y ambientes que acompaña a toda la vejez”.

El mismo dictamen señala que “en la medida que el causante reciba control periódico clínico cardiológico y cumpla el esquema terapéutico instituido, se verán minimizados y/o disminuidos los riesgos de presentar complicaciones patológicas que puedan surgir vinculadas al proceso de envejecimiento. La medida privatoria (sic) de su libertad en sí misma no debería afectar la evolución de su patología de cumplirse con los recaudos expuestos”. En ese sentido, “los médicos especialistas señalaron que las autoridades de la U7 deben informar si cuentan con la infraestructura para la cobertura médica aconsejada”.

La fiscalía puso de relieve que el médico penitenciario, al ser consultado por la infraestructura, “se extralimitó y contestó que Manader no deja de ser un paciente de alto riesgo debido a la morbomortalidad de sus afecciones y que las mismas son factibles de descompensación, atento a que el contexto de encierro condicionaría la buena evolución de las mismas”. El médico penitenciario señaló además que “el SAM funciona como Centro de Atención Primaria de la Salud y que no cuenta con shock room para realizar la asistencia adecuada y necesaria ante una eventual descompensación aguda”.

El perito médico presentado por el ministerio publico fiscal, en tanto, dictaminó que “el detenido podía continuar en la U7, donde debería ser evaluada su tensión arterial a diario y realizar controles cardiológicos cada seis meses. Se hace hincapié que el servicio sanitario penitenciario en el que se encuentra alojado el sujeto de atención se ubica a 1500 metros aproximadamente de más de tres centros sanitarios de alta complejidad para atención de urgencia cardiovascular, incluyendo cirugía cardiovascular central de urgencia”.

Los fiscales remarcaron que en el trámite del incidente sobre prisión domiciliaria el juez inspeccionó la cárcel “pero sorpresivamente no visitó el SAM y no indagó sobre la posibilidad del mismo de dar continuidad a la cobertura médica aconsejada para Manader, que consiste en el control periódico cardiológico y el esquema terapéutico instituido de compensación vía medicación”.

En el mismo sentido, resaltaron que “en su domicilio Manader no tendrá de ninguna manera mayor resguardo que en la Unidad Penal en caso de una hipotética crisis” y señalaron al respecto que “en la U7 hay médicos durante todo el día, que podrían darle tareas de reanimación y un traslado con la mayor celeridad posible a un centro de complejidad. Se lo colocó en una situación de mayor riesgo”, aseguraron.

¿Los crímenes mas aberrantes que conociera la humanidad? ¿No será demasiado?

Por otro lado, sostuvieron que “el otorgamiento mecánico de la prisión domiciliaria de todos los condenados por delitos de lesa humanidad mayores de 70 años , operaría claramente como un mecanismo de ‘impunidad biológica’, que ‘violaría el compromiso del Estado argentino de juzgar los crímenes de lesa humanidad’, integrando claramente dicha responsabilidad, el cumplimiento de las condenas de los crímenes más aberrantes que conociera la humanidad”.

Al respecto, los fiscales recordaron que la jurisprudencia de la corte suprema de justicia de la Nación siguió el criterio de la Procuración General de la Nación en el dictamen del 28 de febrero de 2013 en el caso Olivera Róvere, en el cual sostuvo que “para la concesión de la detención domiciliaria se debe demostrar, incluso cuando el condenado o procesado con prisión preventiva supere los 70 años de edad, que el encarcelamiento podría producir alguna de las dos consecuencias que la ley está encaminada a evitar, o sea, el trato cruel, inhumano o degradante de aquel y la restricción de derechos fundamentales no afectados por la pena que se impuso o se le podría imponer”. A ese criterio, el máximo tribunal agregó que “había que analizar el riesgo procesal, la imposición de una pena de prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad y la inexistencia de razones humanitarias que justificaran el otorgamiento del beneficio”.

Amad, Sabadini y Vigay sostuvieron “en el recurso que la prisión domiciliaria debe responder al principio de humanidad, con arreglo al cual se intenta evitar que la ejecución de la pena privativa de libertad tenga un contenido aflictivo particularmente intenso que pueda constituir un trato cruel, inhumano o degradante del detenido o la restricción de derechos fundamentales que la prisión no debe afectar” y puntualizaron que “el dictamen del cuerpo médico forense de la corte suprema de justicia de la Nación rotundamente indica que aquí no ocurre nada de eso”.

 

Prisión domiciliaria para Cozzani

El tribunal oral federal 1 de La Plata hizo lugar a un pedido del prisionero político Norberto Cozzani, y en un fallo dividido el 6 de febrero dispuso concederle el beneficio de la prisión domiciliaria. La medida lleva la firma de los jueces subrogantes Alejandro Esmoris, Germán Castelli y Pablo Vega, y a pesar de tratarse de un fallo dividido, culminó con el beneficio para Cozzani.

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Cozzani había sido condenado a perpetua en 2012 por un enfrentamiento con terroristas que habían montado una imprenta clandestina donde se editaba la revista “Evita Montonera”, en la casa sita en calle 30 entre 55 y 56 de la ciudad de La Plata. Según cuentan memoriosos vecinos del lugar y los medios gráficos de la época, el enfrentamiento de las Fuerzas Legales con estos despiadados asesinos se extendió entre 3 y 4 horas, debido a que el armamento que poseían dentro de la casa era abundante.
Milagrosamente, la bebé Clara Anahí Mariani, de 3 meses de edad en ese momento -hija de Diana Teruggi, feroz terrorista montonera que murió en aquel enfrentamiento- resultó ilesa de aquella locura guerrillera en la que la involucró su propia madre, siendo rescatada por algún uniformado que se compadeció al ver aquella bebe, inocente vástago de tan crueles asesinos.
A Cozzani, lo acusan también en la misma causa que investiga la apropiación de esta bebé, hija de la pareja formada por Daniel Mariani y Diana Teruggi, muertos en enfrentamientos en 1977 y 1976 respectivamente.
También es acusado por 17 detenciones y apremios ilegales en el CCD Puesto Vasco de Quilmes, por lo que esta decisión de la justicia de concederle la prisión domiciliaria motivó el rechazo de los organismos de derechos humanos.
La agrupación h.i.j.o.s. de La Plata, alzó su voz reclamando que en varios informes médicos encargados por la justicia se admitía que el prisionero está en condiciones de cumplir su condena en el penal de Ezeiza donde se encontraba alojado.
Sin embargo el tof 1 decidió atender los informes presentados por la defensa del preso político, en los que se advertía un deterioro en su estado de salud, lo que derivó en una autorización para trasladarlo a la vivienda de su hermana en Villa Luro, ubicada a 20 cuadras del Hospital Álvarez de Floresta.

¿Derechos Humanos para todos?

Como siempre, los organismos de derechos humanos lanzaron su veneno y despotricaron:  “esta nueva prisión domiciliaria forma parte del intento del gobierno de morigerar las penas a los genocidas aplicando una mirada distorsiva sobre la situación de salud de los condenados”.

 

Rosario y un circo con cura incluido

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Trece ex Policías santafesinos y un sacerdote católico que fue Capellán de la Fuerza de Seguridad durante el ultimo gobierno cívico-militar comenzarán a ser sometidos a otra parodia de juicio “de lesa”  el próximo 16 de marzo en Rosario, en una causa en la que han sido creados 155 casos de “violaciones a los derechos humanos”.

Se trata de la causa que han denominado “Feced III”, que constituye el tercer tramo de una supuesta investigación sobre hipotéticos hechos que esta gente que vive del próspero negocio de los ddhh, asegura que ocurrieron en el centro de detenciones que funcionó en el Servicio de Informaciones (SI) de la Jefatura de Policía de Rosario.

En este proceso nulo, que ejecutará el tribunal oral federal 2 de esta ciudad santafesina, les están adjudicando a estos prisioneros políticos: homicidio, privación ilegal libertad, torturas, abuso sexual y asociación ilícita, acusados por 155 personas que se declaran “víctimas”.

En cuanto a los verdugos encargados de ajusticiar a estos presos políticos, los tres jueces que integraron originalmente el tof2 de Rosario se excusaron de participar de este juicio oral puesto que ya hicieron lo suyo en los tramos anteriores, Feced I y II; y por esa causa, el actual tribunal está compuesto por  Lilia Graciela Carnero (Entre Ríos), Francisco Miño (Santa Fe) y Carlos Villafuerte Ruzo (San Nicolás).

Los presos políticos elegidos como pato de la boda en esta ocasión son: los ex Policías santafesinos Carlos Ulpiano Altamirano, Eduardo Dugour, Julio Fermoselle, Héctor Gianola, Daniel González, Ramón Ibarra y José Rubén Lo Fiego.

También están siendo acusados Mario Alfredo Marcote, Lucio César Nast, Ovidio Olazagoitía, José Carlos Scortechini, Ernesto Vallejo, Ramón Vergara y el sacerdote Eugenio Zitelli.

Sólo tres de estos presos políticos aún no fueron sometidos a estos payasescos juicios “de lesa” ni condenados en los anteriores debates orales de la causa “Feced”: los Policías Héctor Gianola y Daniel González y el sacerdote Eugenio Zitelli.

Gianola y González estaba prófugos cuando se realizaron los juicios anteriores, mientras que Zitelli interpuso numerosos recursos que demoraron la llegada de su causa a juicio oral.

“Es el tramo más grande de la causa Feced en cuanto a la cantidad de víctimas y de acusados”, dijo a Télam el fiscal de causas “de lesa” de Rosario, Adolfo Villate.

Explicó que de los 155 casos que se escenificarán en el debate oral “80 son casos nuevos, es decir que no han sido juzgados anteriormente”.

Según Villate, “es un juicio que se calcula que va a durar un año y medio o dos” y que cuenta con unos 300 testigos memoriosos ofrecidos por las partes.

El fiscal destacó que este tramo de “Feced” tendrá como “dato saliente” que por primera vez “se va a juzgar la responsabilidad del ex capellán del Servicio de Informaciones de la Policía de Rosario”.

Según la acusación de los mercaderes de los derechos humanos: “los acusados participaron del circuito represivo que tuvo como eje el SI, el mayor centro clandestino de detenciones del sur de la provincia de Santa Fe que funcionó en la ochava de San Lorenzo y Dorrego, en pleno centro de Rosario y calculan que por allí pasaron unos 2 mil detenidos-desaparecidos durante los primeros años de la última dictadura”.

 

 

 

 

Ud. no es un “soldado”, es un delincuente con ropa militar

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Por Oscar Simone (*)

Traidor, usted está preso por haber formado parte de una “asociación ilícita” con sus socios kirchneristas, políticamente hablando y cristinistas ideológicamente, que arrasaron con ANSES y los fondos de los jubilados, permitió la destrucción de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y Penitenciarias.

Le entregó a los enemigos de la Nación los patriotas que lucharon a favor de una Patria Libre, Justa y Soberana, que no fuera dependiente de Cuba ni de los mercaderes del terror, que querían matar a un millón de ciudadanos libres para imponer a fuerza de pólvora y sangre un régimen extranjero, de sometimiento personal e ideológico.

Traidor, porque permitió la entrega de territorio nacional en la Patagonia y los Esteros del Iberá.

Traidor, porque usted no es un Preso Político como los camaradas que entregó, es un “delincuente” preso, sí, preso común.

No le deseo buenas noches, le deseo insomnio para que piense que tiene que devolver el dinero mal habido, para que le pese más la condena pública que deben soportar los miembros de las Fuerzas Armadas, de seguridad y penitenciarias que usted traicionó.

Recuerde… usted no es un “soldado”. Es un delincuente con ropa militar.

(*) Preso Político – Penal de San Felipe, Mendoza

Córdoba: El 8 de Marzo se inicia un nuevo circo “de lesa”

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Así lo dispuso el tribunal oral en lo criminal federal N° 1 de esa ciudad. Se recrearán supuestos hechos que habrían ocurrido en los centros de detención denominados UP1 y D2 durante 1976

El tribunal oral en lo criminal federal N° 1 de Córdoba, integrado por los jueces Julián Falcucci (presidente), José Vicente Muscara y José Camilo Quiroga Uriburu (subrogante), mediante auto interlocutorio N° 23/2017 de fecha 9 de febrero del corriente año, fijó fecha de inicio de audiencia oral de debate para el 8 de marzo próximo en la causa que han denominado “Pino Cano Víctor y otros p.ss.aa. homicidio agravado con ensañamiento (Expte. FCB 93000117/2010/TOF1)”, quinto proceso llevado a cabo en Córdoba por el mismo tribunal “de lesa”.

Los prisioneros políticos sometidos a esta farsa procesal son  Víctor Pino Cano, Luis Alberto López, Enrique Pedro Mones Ruiz y Herminio Jesús Anton.

En el rol de fiscal  actuará Maximiliano Hairabedian, en tanto que las defensas serán ejercidas por Natalia Bazán, integrante de la Unidad Móvil de Letrados de la Defensoría General de la Nación; Julio Deheza; Fernando Martínez Paz; Gerardo Ibañez y Rita Elena Genise.

 

Rosario y un nuevo circo judicial

Santa Fe: Piden prisión perpetua para el Juez Brusa y otros presos políticos
El próximo 16 de marzo se iniciará ante el tribunal oral federal N° 2 de la ciudad de Rosario un proceso en el que se someterá a una parodia de juicio a 14 prisioneros políticos, siendo este show judicial transmitido en vivo por CIJ TV.

El tribunal está integrado por los jueces Lilia Graciela Carnero, Francisco Miño y Carlos Villafuerte Ruzo.

Los prisioneros políticos sometidos en este nuevo circo judicial son Carlos Ulpiano Altamirano, Eduardo Dugour, Julio Héctor Fermoselle, Héctor Oscar Gianola, Daniel González, Ramon Telmo Alcides Ibarra, José Rubén Lo Fiego, Mario Alfredo Marcote, Lulio César Nast, Ovidio Marcelo Olazagoitía, José Carlos Antonio Scortechini, Ernesto Vallejo, Ramón Vergara y Eugenio Zitelli.

Una carta al clamor de la familia Milani

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Recién leí en los Facebook de la hija y esposa del Grl Milani comentarios agraviantes al actual gobierno y quejándose de la “injusticia” que sufre su padre y esposo respectivamente.
Sólo quiero hacerles una corta reflexión.
Mi marido, al igual que cientos de camaradas, se encuentra privado de su libertad desde hace 9 años, condenado a prisión perpetua. Otros llevan 12, 13 y hasta 14 años. No tuvieron la fortuna de tener un paraguas protector.
Qué difícil que debe ser para Uds. ver a su familiar preso y según su abogada en “condiciones alarmantes”.
Después de casi 400 muertos en cautiverio, Uds se preocupan por las condiciones de detención de un soldado del Ejército Argentino?
Qué difícil debe ser para Uds estar del “otro lado del mostrador” o de las rejas! Francamente no se lo deseo a nadie.
Y en cuanto a la frase “cortinas de humo para tapar los escándalos del gobierno”, les sugiero que hagan memoria y revisen el pasado reciente: Cuando el gobierno nacional y popular que Uds tanto apoyan levantó las banderas de los DDHH y se llenaron los bolsillos y nos dejaron en la ruina.
No me alegra la detención del Grl Milani, preferiría que investigaran su patrimonio y el origen del dinero de la casita de La Horqueta.
Pero, Familia Milani, les cuento que por mucho menos hay cabos, sargentos, subtenientes, tenientes, agentes de policías condenados a prisión perpetua.
Dios quiera que el Grl Milani, -aunque no corresponda porque se le aplican leyes en forma retroactiva y se lo ha sacado de sus jueces naturales-, tenga un juicio justo, sin aprietes a jueces federales, sin fiscales cómplices casi “comisarios políticos”. Sin testigos armados y con libreto. Sin poder hacer careos y sin aceptar un sólo pedido de falso testimonio.
Circo? Yo ya viví el circo K.
Era pan y circo, y les dieron circo.
Y para terminar sólo me queda preguntar si desde su alto cargo, el Grl Milani, hizo algo por sus camaradas presos y por hacer conocer la Verdad Histórica por el bien de la Nación y el Ejército.

Atentamente

Gabriela Parodi