Corrientes: Entre mate y mate, una “causa de lesa”

justicia lloraLa semana próxima comienza en Corrientes un nuevo circo judicial por las supuestas desapariciones de obreros del establecimiento yerbatero Las Marías, que -según el RELATO– habrían ocurrido durante el Proceso de Reorganización Nacional en la localidad de Gobernador Virasoro.

Las audiencias de este fraudulento “proceso” se desarrollarán entre el 2 y el 4 de julio, según anunció el tof correntino. El decreto de “admisibilidad de pruebas” fue firmado a finales de febrero por la presidente del tribunal, Lucrecia Rojas de Badaró, quien es acompañada por los jueces Víctor Alonso y Fermín Ceroleni.

lucrecia rojas de badarovictor alonsofermin amado ceroleni

Este “juicio” que carece por completo de constitucionalidad tendrá una única víctima : el Militar (R) Héctor María Torres Queirel –a quien la izquierda le endilga ser “coautor de la desaparición” de Marcelo Peralta (agitador gremial peronista).

Según los voceros de la izquierda judicial,  este Militar era dueño de un establecimiento rural vecino a Las Marías donde detuvieron al activista y eso parece ser causa suficiente para adjudicarle presuntos delitos.

hijos corrientes
El “creativo” afiche que publica en sus redes sociales “hijos Corrientes”

Pablo Franco que dice haber haber trabajado en la empresa yerbatera Las Marías desde 1973 hasta que lo detuvieron en 1976 denuncia haber sido “víctima de la represión”. Por aquellas épocas tenía 22 años y era delegado gremial. Este personaje declara que “muchos compañeros fueron detenidos en su lugar de trabajo (Las Marías) y otros fueron allí señalados y llevados de sus casas, con el agregado de que eran los propios patrones quienes delataban, señalaban o directamente entregaban a los trabajadores marcados como subversivos”.

Noemí Acuña, otra “testigo” en la “causa Las Marías” aseguró que “De Las Marías salió el listado que luego entregaron a (el Capitán Juan Carlos) Sacco (Interventor Militar), y el propio Navajas (ex Gobernador de facto de Corrientes) participó junto a los militares de la asamblea en la que se les ordenó (a los trabajadores) el cese de toda actividad sindical”. Noemí es hija de Marcelo Acuña, dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), quien permaneció preso durante cinco años.

En junio de 2015, el fiscal federal de Paso de los Libres, Benito Pont, encabezó un allanamiento ordenado por la jueza federal subrogante Gladis Mabel Borda a Las Marías, junto a contadores de la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero (OFINEC), de la Procuración General y personal de la Gendarmería Nacional. Durante el allanamiento, se secuestró información de relevancia -legajos, libro de sueldos y jornales, hojas móviles y libros societario– que se incorporaron a la “causa” que por aquel entonces urdían y hoy están cercanos a concretar. ¿La excusa?:  “investigar la participación de los directivos de la empresa en la ‘represión ilegal’ dirigida ‘contra los trabajadores’ de la firma” durante el Proceso de Reorganización Nacional.

 

 

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Avellaneda: El zurdaje y sus “repudios”

comunismo
La Unión Cívica Radical de Avellaneda manifestó en un libelo “su repudio y enorme preocupación por la prisión domiciliaria concedida al represor Jorge Osvaldo Steding, por parte de los jueces, Mahiques y Riggi. Jorge Osvaldo Steding, es culpable por crímenes de Lesa Humanidad, no debe existir otro lugar más que la cárcel y que cumpla con su condena”.

El panfleto finaliza “El represor beneficiado es Jorge Osvaldo Steding, condenado a 17 años de cárcel por el secuestro ilegal, las torturas y la muerte del diputado (1973-1976) y dirigente de la UCR Mario Abel Amaya, uno de los primeros alfonsinistas, abogado y militante de la Reforma Universitaria. Fue secuestrado en agosto de 1976 junto con el exdiplomático radical Hipólito Solari Irigoyen, quien sobrevivió a la tortura. Amaya, asmático, no tuvo la misma fortuna. Somos la vida, somos la paz, somos el juicio a la Junta Militar”.

 

Fallecimiento de otro prisionero político

Justicia KK asesina: Ha muerto el Coronel Zimmerman

La Unión de Promociones informo un nuevo fallecimiento, ocurrido el día Viernes 29 de Junio de 2018, del Comisario Inspector (R) Horacio Julio NIETO (Policía Federal Argentina), Preso Político de 83 años de edad.

Ya son 448 (cuatrocientos cuarenta y ocho) los fallecidos, pertenecientes a todas las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, Fuerzas Policiales, Fuerzas Penitenciarias y Civiles; en el marco de este proceso de persecución, venganza y exterminio, donde SE CONTINÚAN REPITIENDO en forma sistemática infinidad de irregularidades jurídicas, instrumentadas en el ámbito de una justicia prevaricadora.

Debe destacarse que del total de Presos Políticos que han fallecido, 107 (ciento siete) decesos se han producido desde el día 10 de Diciembre de 2015.

Solicitamos una vez más a todos los integrantes de las FFAA, Fuerzas de Seguridad, Fuerzas Policiales y Fuerzas Penitenciarias, a las distintas ONG e Instituciones, a familiares, amigos y allegados en general, a continuar sumándose en apoyo de todos quienes deben enfrentar esta injusta situación, a fin de afirmar, fortalecer e incrementar el planteo de los justos reclamos por acceder a una justicia verdaderamente independiente, imparcial y objetiva, a través del irrestricto respeto por la Constitución Nacional. La continuación de la ardua lucha en su apoyo, por la recuperación plena del estado de derecho y por la reparación del respeto y la credibilidad de las Instituciones de la República, así lo exige.

Expresamos nuestras sentidas condolencias a todos sus familiares, compañeros de Promoción, Camaradas y amigos, rogándole al Señor, les conceda pronta y cristiana resignación.

Coronel (R) Guillermo César Viola.

Unión de Promociones

 

Héctor Acuña falleció por mala praxis judicial

El domingo último falleció a los 76 años el Inspector Mayor (R) Héctor Raúl Acuña (Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires), quien se encontraba en condición de preso político, de acuerdo a lo informado por la Unión de Promociones.

De este modo, según indica la agrupación en un comunicado, ya son 447 los fallecidos pertenecientes a todas las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, Fuerzas Policiales, Fuerzas Penitenciarias y Civiles, en el marco de este proceso de persecución, venganza y exterminio, donde se continúan repitiendo en forma sistemática infinidad de irregularidades jurídicas, instrumentadas en el ámbito de una justicia prevaricadora.

Debe destacarse que del total de Presos Políticos que han fallecido, 106 (ciento seis) decesos se han producido desde el día 10 de Diciembre de 2015, continúa el informe.

Tras conocerse el fallecimiento de Acuña, el presidente de la asociación “Defensores de Derechos Humanos de Latinoamérica”, el doctor Guillermo J. Fanego, presentó un escrito judicial para advertir lo que sucede al tribunal que lleva adelante la causa Esma. Aquí, el texto de ese documento:

* * * * *

Informa
Excmo Tribunal:

Guillermo Jesús Fanego , abogado, en mi carácter de defensor en causa “ESMA unificada”, con domicilio 20106918377, a VV.EE. digo:

Que tengo el deber de informar a esta judicatura que en el día de ayer falleció el señor Héctor Raúl Acuña, cuyo nombre no le significará nada pero el contexto que precedió a su deceso los debe llamar a la reflexión en estos juicios de venganza que tienen a cargo juzgar.

El querido “Oso” Acuña, como era conocido por todos los presos políticos alojados en la Unidad 31 del SPF, desde hacía varios días se quejaba de dolores pectorales hasta que ayer, en horas de la mañana sufrió un paro cardíaco, encontrándose de guardia una médica psiquiatra dispuso su traslado a un centro médico.

No había a disposición ninguna ambulancia con la aparatología necesaria para atender una grave dolencia como podría ser una UTIM o un vehículo con la aparatología necesaria para problemas cardíacos.

Si bien a escasos 700 metros se encuentra el HPC 1, el mismo carece de médicos especializados en forma permanente y menos aún cuenta con los elementos para la atención de un paro cardiovascular.

Por ello directamente fue derivado al nosocomio más cercano, es decir, al Hospital zonal Dr. Eurnekian que, como bien sabemos carece de servicios de cardiología. Este conocimiento también debería ser de las autoridades carcelarias, sin embargo, allí fue a parar y así fue su suerte.

Falleció debido a la mala praxis judicial o mejor dicho, a la venganza demostrada en estos juicios mal llamados de lesa humanidad en los cuales todo importa menos los derechos y las garantías constitucionales a las que han hecho añicos, creando, a pesar de las grandilocuentes expresiones de todos los tribunales federales, inclusive este, de la existencia de un único código penal y un único código procesal pero la realidad nos demuestra otra cosa.

Ya el año pasado tuvimos que sufrir el deceso de otro interno, me refiero al señor Gigli al que tuvieron durante 24 hs. en la sala de guardia sin atención médica especializada, a pesar de que el diagnóstico fue que también habría sufrido un ataque cardíaco agravado por qué era una persona de gran tamaño que debió permanecer acostado en una camilla de la guardia muy pequeña y su cuerpo caía por los costados.

Quien milagrosamente salvó su vida fue el interno Barberis también afectado por un ataque cardiovascular, también derivado al mismo hospital zonal pero sobrevivió al infortunio.

Recuerdo que hace unos años atrás, a raíz de la visita (creo que fue la única de un magistrado de esta causa a los imputados prisionizados) el SPF habría dicho que en forma permanente se encontraría una UTIM. Ese servicio también informa que cuenta con todos los elementos necesarios para atender los requerimientos de salud del gerontes alojados pero la realidad nos demuestra que no es así.

La CFCP cuenta con una comisión de cárceles, presidida por el juez Hornos (negador sistemático de toda petición formulada por los imputados en los juicios de venganza), sin embargo jamás se preocuparon sus selectos miembros, de cumplir su cometido en pos de verificar y controlar la calidad del servicio de cárceles de respecto de aquellos inculpados en estos procesos, clara demostración de la diferente atención que merecen y de la negación de los derechos que sufren.

Si bien Héctor Raúl Acuña se encontraba a disposición del TOF 1 de La Plata, por lo que se encuentra ajeno a la competencia de esta judicatura, esta información tiene por objeto mostrarles en qué estado se encuentran mis asistidos y sus consortes de causa y el grave peligro a los que están expuestos. Pareciera que esta judicatura desconoce esta realidad cuando niega los arrestos domiciliarios a personas que se encuentran comprendidas en una franja etaria de alto riesgo.

Señores jueces, pretendo seguir defendiendo a mis asistidos y no participar de un sobreseimiento por causa de muerte debido a la cerrazón de los órganos jurisdiccionales y de la obtusa y permanente oposición de un ministerio público que perdió el camino de la defensa de la legalidad.

Por último les recuerdo que la ley 24.660 los convierte en responsables de la seguridad de quienes se encuentran sometidos a vuestro yugo, por lo que no dudaré en hacerlos personalmente responsables, ante algún eventual suceso que pueda derivar en un grave perjuicio para mis asistidos y que bien pudiera ser evitado adoptando las medidas de rigor que correspondan.

Tener presente
Será Justicia

Centro de Estudios Salta

 

 

La Fronterita: Construyendo el RELATO con mentiras

circo de lesa
Por primera vez en Tucumán, seis civiles deberán serán sometidos a un anticonstitucional “proceso” por una supuesta “complicidad empresarial con el terrorismo de Estado” durante el Operativo Independencia y el Proceso de Reorganización Nacional.

Hoy comenzaron las indagatorias en el marco de la investigación que dice realizar la izquierda judicial por presuntos hechos -que, según el RELATO, serían 65- en el “Ingenio Fronterita”.

Los perseguidos políticos que serán indagados residen actualmente en Córdoba. Ellos son: Jorge Alberto Figueroa Minetti, Camilo Bergero, Carlos Alfredo Allende Pinto, Alfredo José Martínez Minetti, Fernando Cornú De Olmos y Eduardo Butori, administradores y miembros del directorio de esa empresa azucarera.

Se los indagará por presuntos delitos contra 65 personas -algunos de ellos, desaparecidos-. Los hechos que les endilgan son violaciones de domicilio, privaciones de libertad, torturas y abusos sexuales. También los acusan de prestar los “respaldos secundarios” en supuestos hechos en contra de quienes habrían sido “víctimas de desaparición forzada” durante el heroico Operativo Independencia y posteriormente, durante el Proceso de Reorganización Nacional.

Los hechos que dice investigar la fiscalía habrían ocurrido en febrero de 1975, cuando se instala en el predio de Fronterita, una base militar, asiento de la llamada Fuerza de Tarea Rayo, situada a unos seis kilómetros de la Plaza de Famaillá –en la misma calle Mitre de la tristemente célebre Escuelita de Famaillá, donde el terrorismo hizo una demostración de su sanguinario accionar–. Estas operaciones ocurrieron en el marco del Operativo Independencia, a cuyo frente estaban Luciano Benjamín Menéndez como Comandante del III Cuerpo con asiento en Córdoba, y el Jefe del Operativo Independencia, Acdel Vilas. Esa base militar entroncaba con otras bases militares ubicadas en la zona de acción antiterrorista, tales como Santa Lucía, Caspinchango y el ex Ingenio Lules.

Según los indeseables que manejan el negocio de los ddhh “se probó que además de los terrenos cedidos por los empresarios al Ejército, se prestaron camionetas de la firma que habrían sido usadas para trasladar a los obreros ‘secuestrados’ que eran, además, ‘referentes sindicales’ o ‘militantes de base’ en relación de dependencia en La Fronterita”.

Fallecimiento de otro prisionero político: Denuncia del Dr Guillermo Fanego

Fallecimiento de otro Preso Político: Cnel. MARCELLINI
El día Domingo 24 de Junio de 2018 ha fallecido el Inspector Mayor (R) Héctor Raúl ACUÑA (Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires), Prisionero Político de 76 años de edad, encarcelado en la U 31.

Desde hacía varios días tenía dolores en su pecho hasta que sufrió un paro cardíaco. De guardia se encontraba una médica psiquiatra. NO HABÍA NINGUNA AMBULANCIA DE ALTA COMPLEJIDAD cómo se comprometió el Servicio Penitenciario Federal.

Fue derivado al hospital zonal Eurnekian que carece de servicios de cardiología dejándolo morir en la sala de guardia. Estaba a disposición del TOF 1 de La Plata.

Nuestras condolencias a todos sus familiares, rogándole al Señor, les conceda pronta y cristiana resignación.

 

Conceden la domiciliaria a Garbi

El prisionero político Miguel Tomás Garbi recibió el “beneficio” de la prisión domiciliaria otorgado por el tribunal oral federal de Santiago del Estero. Fuentes judiciales indicaron que esta resolución fue repudiada hoy por “organismos de ddhh”.

La excarcelación también fue solicitada por el abogado defensor Moisés Azar, quien basó su pedido en la edad de Garbi (tiene 79 años) y su estado de salud.

El pedido fue aceptado por los jueces Domingo Batule, Abel Fleming y Carlos Lascano, integrantes del tribunal que a fines de 2017 lo condenó a 22 años de cárcel en el engendro judicial que denominaron “Megacausa 3” , junto a otros 11 prisioneros políticos.

Antes de que se dignaran a concederle la domiciliaria (en la que será vigilado por efectivos de la Policía Federal Argentina y controlado por un sistema electrónico), Garbi permanecía cautivo -pese a su avanzada edad- en la prisión federal de Colonia Pintos, ubicada a 78 kilómetros al norte de la capital provincial.

Conocida la resolución judicial, la izquierda comenzó con sus habituales “comunicados”. Ellos son la asociación por la memoria, la verdad y la justicia, familiares de ex detenidos desaparecidos y ex ‘presos políticos’ de Santiago del Estero, quienes “repudiaron” la decisión del tribunal oral federal.

En su libelo vomitaron: “No sorprende que el mismo tribunal que apartó a dos genocidas en pleno juicio, Baudano y Andrada, que absolvió a Santiago Olmedo de los graves cargos que pesaban por su responsabilidad como funcionario judicial de la dictadura; y le otorgó prisión domiciliaria al máximo símbolo de la represión en nuestra provincia como fue el caso de Musa Azar, hoy tome la decisión de conceder la domiciliaria a Garbi”.

Estos defensores de los ddhh que carecen la más elemental humanidad, sostuvieron que “el tribunal integrado por Batule, Fleming y Lascano da una vez más clara muestra de la parcialidad en el juzgamiento de estos graves crímenes, que consagra la impunidad de los victimarios en desmedro de los derechos de las víctimas que siguen clamando por justicia”.

 

Jujuy: Nuevo circo judicial con 23 prisioneros políticos

dinero juicio
El jueves 21 de junio comenzó la primera “megacausa” armada por los integrantes del curro de los ddhh en Jujuy. Este es el sexto “juicio de lesa” orquestado en esa provincia, en el cual dicen haber acumulado los expedientes de “La Noche del Apagón”, “Tumbaya”, “Minera El Aguilar” y “Libertador General San Martín”, entre otras causas.

42 años después: Desmemoria, Mentira e Injusticia

En este fraude judicial dicen que analizarán los casos de 113 presuntas víctimas, de las cuales 38 serían desaparecidos. Entre los  prisioneros políticos imputados inicialmente se encontraba el anciano General Luciano Benjamín Menéndez, asesinado por la dictadura judicial en febrero de este año. También estaba en la mira de los paladines de los ddhh el empresario Carlos Pedro Tadeo Blaquier (90), pero la justicia revocó su procesamiento quedando a salvo de este falso juicio. Blaquier, a quien la izquierda con total impunidad sigue llamando “el principal cómplice civil de la provincia” afortunadamente pudo evadir las pretendidas acusaciones con las que urdían someterlo en un anticonstitucional “proceso” de Desmemoria, Mentira e Injusticia.

En un país donde la corrupción e inoperancia judicial, es lo único evidente, cualquier personaje sale a decir cualquier cosa, sin importarle ensuciar el buen nombre y honor de otra persona (dado que carecen de ambas cualidades). En ese contexto,  Adriana Aredez, hija de Luis Ramón Aredez, el intendente peronista de la localidad de Libertador General San Martín que fue detenido durante aquellos episodios y permanece desaparecido, hizo declaraciones “alertando sobre la intromisión del Gobierno de Gerardo Morales en la justicia jujeña. En este contexto político del Gobierno Nacional y provincial nos tiene con muy bajas expectativas, pero con esperanzas cada vez más grandes, con las esperanzas de 42 años inclaudicables, ni un paso atrás, no perdonamos, nunca olvidamos y menos nos vamos a reconciliar ante los negociados de abogados, de la prostituida Cámara de Casación que des-procesó a Blaquier y sus secuaces del Consejo de Presidencia de Ledesma”.

¿Quienes se llenarán los bolsillos con esta “causa”?

Esta parodia judicial estará a cargo del tribunal oral 1 de Jujuy, integrado por Federico Díaz (presidente) y Alejandra Cataldi Mario Juárez Almaraz como vocales.
El ministerio público fiscal estará conformado por Carlos Amad (Justicia Legítima) y Julieta Souilhe (subrogante); el ministerio público de la defensa estará representado por Matías Gutiérrez Perea y la querella de la secretaría de derechos humanos de la Nación a cargo de María José Castillo. Los abogados Paula Álvarez Carreras y Ariel Ruarte representarán a familiares y sobrevivientes. La asociación trabajadores del estado (ATE) y la agrupación hijos-Jujuy, son también parte querellante.

42 años después, sería más digno que fuera venganza

No hay ninguna duda que NO LOS MUEVE su mentiroso slogan “memoria, verdad y justicia”, ni siquiera la sed de venganza. Solo el dinero. ¡Que diferentes son de aquellos que combatieron hace más de 40 años! Ellos -los terroristas- tenían sus códigos, sus valores (aunque errados) no se movían por el interés económico como estos parásitos que viven del lucrativo negocio de los ddhh y que mantenemos TODOS.  Es entendible entonces que hayan previsto para este circo judicial una duración de tres años aproximadamente. ¿Cuanto dinero se irá en jueces, fiscales, organismos de ddhh, querellantes, abogados, testigos, etc, etc…? Son millones que, para una nación que está en crisis, podrían tener un destino realmente productivo.
Otro “pequeño detalle” es que, por insólito que parezca, y considerando que han pasado 42 años de los supuestos hechos, han “conseguidomás de 400 “testigos.

42 años después, las víctimas del “curro”

Serán sometidos por primera vez los efectivos de la Gendarmería Jorge Borges Do Canto quien se desempeñaba como Comandante y el Alférez Carlos Pérez. Otro prisionero político imputado es el ex Comisario de la Policía Federal Rodolfo López. Los dos Militares sometidos son Mariano Braga y Juan Carlos Jones Tamayo.
También son obligados a participar de este simulacro de juicio los penitenciarios Carlos Alberto Ortiz, Ricardo Orlando Ortiz, Herminio Zárate, Oscar Caraballo, Ceferino Narváez y Juan Carlos Salinas. Los Policías locales José Américo Lescano, Pedro Ríos, Carlos Humberto Cachambe, Virgilio Choffi, Armando Claros, Hugo Ruíz, Juan Carlos Vaca, José Américo Lescano y Juan de la Cruz Kairuz (ex futbolista de Atlanta, Newell’s, San Martín de Tucumán y Gimnasia de Jujuy entre 1966 y 1977. Ex director técnico de Gimnasia y Tiro de Salta, de Atlético Ledesma, entre otros). Bernardo Salinas un ex Policía, será el único prisionero político a quien acusan por “delitos contra la integridad sexual”.
También será sometido a este ilegal proceso Telésforo Zurita que se desempeñaba como jefe de la Sección Tres Cruces de la Compañía Minera El Aguilar.

 

Sigue la cacería: Tres nuevos presos politicos

justicia montoneros
En la continuidad del plan de persecución y exterminio de uniformados que hace más de 40 años atrás enfrentaron con valor a integrantes de organizaciones terroristas, han sido detenidos Esteban SanguinettiJuan Carlos Carrera y Antonio Imbroggiano. El corrupto juez Rafecas los imputó e indagó a los tres por su presunta participación en un operativo en el que murieron tres terroristas Montoneros.

Los indignos representantes del curro de los ddhh con la complicidad de la justicia prevaricadora, ordenaron detener a estos tres nuevos presos políticos, porque los otros 11 cautivos por esta “causa”, ya fallecieron. Ahora, en las garras del enemigo esperan su ilegal “procesamiento” en el penal de Marcos Paz.

Los terroristas muertos son Mario Frías Pereira, Patricia Clariá Pedernera y Liliana Griffin. Según el RELATO, Sanguinetti habría integrado la Brigada que actuó en el operativo en el cual estos criminales subversivos resistieron su detención en abril de 1977, en un departamento de Bacacay 2215, resultando abatidos por las fuerzas legales. Sanguinetti es el único de los tres prisioneros políticos que permanecía en actividad dentro de las fuerzas de seguridad pública hasta el día que fue detenido por orden del nefasto Rafecas, a cargo del juzgado federal de instrucción 3.

Según informaron voceros vinculados al curro de los ddhh, los nombres de Sanguinetti, Carrera e Imbroggiano “aparecían junto a otros en el legajo de otro efectivo de la Superintendencia, donde se detallaba el operativo de Bacacay”. Durante todo el Proceso de Reorganización Nacional, Sanguinetti habría trabajado en la Superintendencia de Seguridad Federal. Luego, ya en democracia, continuó desempeñandose en la fuerza, en otras áreas. En 2004 fue pasado a retiro, pero regresó para integrarse a la Policía Metropolitana.

 

 

Agenda “de lesa” para esta semana

“Lesa” porteña: La cámara federal rechazó excarcelar a González, Daer y Alomar– El lunes 18 en la ciudad de Buenos Aires continuará el “debate” que llaman “Sheraton”, por supuestos hechos que habrían ocurrido entre diciembre de 1976 y abril de 1978 en la Subcomisaría de Villa Insuperable, ubicada en el cruce de las calles Tapalqué y Quintana del partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires.

– El martes 19 en la ciudad de Rosario (Santa Fe) el tribunal oral 2 continuará con las “audiencias testimoniales” en lo que la izquierda judicial llama “causa Feced III” que tiene a 13 prisioneros políticos imputados por “privaciones ilegales de la libertad, tormentos, abusos sexuales, homicidios, violaciones y asociación ilícita” contra 152 presuntas “víctimas”.

– El martes 19 en los tribunales de San Martín, el tof 3 continuará con las “audiencias” en el juicio que se le sigue al ex Comisario e Intendente prisionero político Luis Abelardo Patti por supuestas “amenazas reiteradas, allanamiento ilegal, privación ilegítima de la libertad, robo con uso de armas y en banda, torturas y el homicidio cometido con alevosía” del militante de la JP Ricardo Gabriel Giménez, en enero de 1976.

El jueves 21 en Jujuy el tof 1 dará inicio a un nuevo circo judicial en el que dicen que “investigarán” 16 ‘causas acumuladas’, entre ellas, supuestos hechos ocurridos en lo que la izquierda llama “La noche del apagón” y los presuntos hechos que habrían ocurrido el 24 de marzo en Libertador Gral. San Martín y Mina El Aguilar. Este “debate” tiene a 21 prisioneros políticos a los cuales les endilgan delitos contra 128 personas.

– El jueves en San Juan proseguirá el ilegal “juicio” que denominan “Megacausa II” con “inspecciones oculares” a cuatro supuestos centros de detención, en jurisdicción del Área Militar 332, que dependía del III Cuerpo de Ejército.

– El jueves 21 y viernes 22 en Mendoza capital continuarán las “audiencias” con los alegatos de la defensa en el juicio que tenía en sus comienzos al General Luciano Benjamín Menéndez -asesinado por la justicia terrorista-  y a otros 26 Militares y ex Policías que prestaron funciones en la IV Brigada Aérea, en la VII Brigada de Infantería de Montaña y en las policías Federal y provincial por presuntos hechos contra 86 personas.

– El jueves 21 y viernes 22 en Mar del Plata continuarán las “audiencias testimoniales” en la parodia de “juicio” en la cual dicen investigar supuestos hechos que habrían ocurrido dentro de la Subzona 15 y sus correspondientes Áreas; y también presuntos hechos que habrían ocurrido dentro de los centros de detención que llaman “la Cueva” y “la Base Naval”, entre 1975 y 1976.

– El viernes 22 en la Ciudad de Buenos Aires el tribunal oral en lo criminal federal 2 realizará una “inspección ocular” en el anticonstitucional “juicio” donde dicen investigar las muertes de los médicos Jorge Mario Roitman y Jacobo Chester, quienes -según el RELATO–  habrían estado detenidos en el centro de detención “El Chalet”, que habría funcionado en el predio del Hospital Posadas.