Otro final de circo judicial: Sentencia ABO

justicia dinero
El tribunal oral en lo criminal federal N° 2 de la Capital –integrado por los jueces Jorge Alberto Tassara, Rodrigo Giménez Uriburu y José Antonio Michilini-, dieron a conocer este martes el veredicto en el “juicio de lesa” que denominaron “Atlético”, “Banco” y “Olimpo”.

Esta parodia de juicio tuvo inicio el 20 de septiembre de 2016 y los prisioneros políticos sometidos a ella fueron Héctor Horacio Marc, Eduardo Ángel Cruz, Juan Miguel Méndez, Raimundo Oscar Izzi, Juan Carlos Mario Chacra, Carlos Alberto Lorenzatti, Alfredo Omar Feito, Ricardo Valdivia y Gerardo Jorge Arráez.

El ministerio público fiscal pidió la pena máxima para el ex ayudante de 5ª del Servicio Penitenciario Federal, Héctor Horacio Marc, el ex Gendarme Juan Miguel Méndez y el ex Sargento del Ejército, Alfredo Omar Feito.

En sintonía con el mpf, la fiscalía solicitó las mismas penas para los ex Policías de la Federal, Eduardo Ángel Cruz, Juan Carlos Mario Chacra, Gerardo Jorge Arráez y el Subcomisario del Departamento de Situación Subversiva de la Superintendencia de Seguridad Federal, Ricardo Valdivia.

Además, los dueños de los ddhh solicitaron 25 años de prisión para el ex Cabo de la PFA Raimundo Oscar Izzi y para el ex Principal de la misma fuerza, Carlos Alberto Lorenzatti.

El primer simulacro de juicio ABO se escenificó en 2010, y resultaron condenados 15 de los 16 prisioneros políticos que fueron sometidos en él.

Dos años más tarde, se dictó sentencia en el segundo capítulo de este RELATO contra el ex Policía Federal Pedro Godoy y el ex miembro del Ejército Alfredo Feito, quienes recibieron 25 y 18 años de prisión, respectivamente.

Leídas las sentencias y las absoluciones, la fauna izquierdista comenzó con sus habituales cánticos cargados de odio cuando no están de acuerdo con un fallo “Como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar…”

Las condenas:

Héctor Horacio Marc (67), 25 años de prisión
Eduardo Ángel Cruz (73), Absuelto
Juan Miguel Méndez (75)prisión perpetua
Raimundo Oscar Izzi (66), Absuelto
Juan Carlos Mario Chacra (74), Absuelto
Carlos Alberto Lorenzatti (72), 25 años de prisión
Alfredo Omar Feito (71), 15 años de prisión
Ricardo Valdivia , Absuelto
Gerardo Jorge Arráez (65), 25 años de prisión

 

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Lo pagamos todos: Un nuevo juicio-curro comienza en La Plata

justicia llora 3El tof Nº 1 de La Plata integrado por los jueces Pablo Vega, Alejandro Esmoris y Germán Castelli, (ya “desocupados” de la “causa” CNU), este lunes 4 de diciembre tomarán declaración anticipada a los hermanos Ramírez y a su padre contra los prisioneros políticos Nora Susana Pellicer (ex secretaria del Tribunal de Menores de Lomas de Zamora) y Juan Carlos Milone (padrino del “Pequeño Hogar de Belén” de Banfield).

Ante presentaciones efectuadas por representantes del monopolio de los ddhh, la fiscalía, el codesedh y la querella particular a cargo de las abogadas Carolina Farotto y Carla Ocampo Pilla, este lunes comienza a ponerse en escena a partir de las 12.00 horas la “instrucción suplementaria” donde declararán por videoconferencia desde Europa  María Ester, Alejandro Mariano y Carlos Alberto Ramírez (hijos de la terrorista montonera Vicenta Orrego Meza) junto con su padre Julio Ramírez.

Esta “causa” por “apropiación de niños” tiene como protagonistas a los hermanos Alejandro, María Ester y Carlos Ramírez de 2, 4 y 5 años de edad respectivamente, cuando fueron sustraídos luego de ser “testigos” (pese a su corta edad) del momento en el que su madre junto a otros secuaces de la orga Montoneros, fue abatida el 14 de marzo de 1977) por las Fuerzas Armadas y de Seguridad, en la localidad bonaerense de San José, partido de Almirante Brown; en tanto su padre se encontraba detenido y puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional desde el año 1974.

Al momento de la irrupción de las Fuerzas Legales a su casa, los niños quedaron al cuidado de un vecino, quien luego de una semana de ocurridos los hechos los llevó a la Comisaria de Adrogue (ya que su madre había muerto en el enfrentamiento y su padre estaba preso), quedando a disposición del Tribunal de Menores Nº 1 de Lomas de Zamora.

La jueza Marta Delia Pons (fallecida), a cargo del juzgado, nunca indagó sobre el origen de los niños, ni los hechos ocurridos, ni tampoco si tenían familia que los buscara. Por el contrario,  ordenó que los niños fueran alojados en el “Pequeño Hogar de Belén” de Lomas de Zamora, donde estuvieron en total seis años hasta que fueron restituidos a su padre y viajaron al exilio.

La lista de imputados alcanza a la ex titular del “Pequeño Hogar de Belén” de Banfield, Dominga Vera; al padrino de esa institución, Juan Carlos Milone; a la entonces secretaria del Tribunal de Menores de Lomas de Zamora, Nora Susana Pellicer, y a la psicóloga María Teresa Gómez– por “sustracción y ocultamiento de los niños, la alteración de su estado civil y los abusos cometidos durante su cautiverio de más de seis años en el hogar”. Las imputadas Dominga Vera y María Teresa Gomez actualmente no se encuentran en forma para estar en juicio, conforme resolvió el tribunal; debiendo ser supervisadas periódicamente.

Esta “causa” fue iniciada en octubre de 2013 cuando a pedido del fiscal Sergio Mola, los acusados fueron detenidos. El procesamiento fue confirmado en mayo de 2015 por la Cámara Federal de La Plata y posteriormente, el 8 de marzo de 2016 el fiscal federal Sergio Mola requirió la elevación a juicio por apropiación de los hermanos Alejandro, María Ester y Carlos Ramírez, hecho ocurrido en 1977.

En el requerimiento, Mola consideró acreditado que la psicóloga María Teresa Gómez y la abogada Nora Susana Pellicer, junto a la jueza Marta Delia Pons, el asesor de menores Raúl Abel Donadío y el funcionario judicial Lisandro Luis Chiavaro -estos tres ya fallecidos- sustrajeron y ocultaron a los hermanos “a partir del momento en el que fueron entregados en el Tribunal de Menores N°1 de Lomas de Zamora, en el que cumplían funciones (…) impidiendo que su familia -su padre Julio Ramírez Domínguez y su tía paterna Lucila Domínguez- conociera su paradero”. “Cuando ambos parientes lograron determinar que los niños estaban a disposición del tribunal, activa e ilegítimamente impidieron no solo la restitución a su progenitor y tía que los estaban buscando y reclamando, sino que también les vedaron (a ellos y a los niños) cualquier tipo de contacto”. En la acusación contra Gómez también afirma “haber colocado a los niños Ramírez en una situación de desamparo abandonándolos a su suerte, al omitir el cumplimiento de las obligaciones a su cargo” como psicóloga del gabinete asistencial.

En relación a ello, imputó a todos ellos y a Dominga Vera -la titular del hogar- “haber tornado incierto el estado civil de los menores”. En el caso de Vera, junto a su ya fallecido marido Manuel Maciel, también le adjudican “haberlo alterado al asignarles el apellido Maciel o adicionándole ese apellido al paterno”, tal como lo consignaron en las tarjetas de recuerdo de su bautismo, que tuvo lugar el 7 de agosto de 1977 en la Parroquia Sagrada Familia de Nazareth.

Por otra parte, la fiscalía federal N° 2 de Lomas de Zamora acusó al miembro de la comisión directiva del “Hogar Casa de Belén” a la época de los hechos, Juan Carlos Milone, de haber abusado sexualmente de María Ester, quien para esa época tenía menos de 12 años. Además, le endilgó a Dominga Vera Maciel haber intervenido en esos episodios como partícipe necesaria, porque “promoviéndolos y facilitándolos eran perpetrados también por su esposo, uno de sus hijos y un hombre conocido como “Marcelo” o “Gordo”.

El RELATO del fiscal Mola

“La familia compuesta por Vicenta Orrego Meza, Julio Ramírez y sus tres hijos Carlos Alberto, María Ester y Alejandro Mariano, ha sido objeto de persecución por parte de las fuerzas de la represión ilegal en el marco del Terrorismo de Estado, en virtud de la militancia social desplegada por Julio (acompañado por Vicenta) en la Sociedad de Fomento Bernal Oeste, de la que fue presidente, cuyo objeto era el de bregar por mejoras en el barrio y brindar atención a los vecinos necesitados”, reseñó el fiscal federal. “El padre de la familia fue detenido y puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional el 12 de diciembre de 1974 y desde entonces, Vicenta y sus hijos sufrieron una persistente presión del accionar ilegal de las fuerzas de la represión, debiendo buscar protección en la Parroquia Nuestra Sra. de Itatí, pero a la semana el cura “Pepe” fue asesinado y tuvieron que volver a mudarse”.
“En febrero de 1977 consiguieron instalarse en una vivienda precaria ubicada en Nother y Santa Cruz de la localidad de San José, en el partido de Almirante Brown, junto a Florencia Ruibal y José Luis Alvarenga. Pero en la madrugada del 15 de marzo, un gran número de efectivos pertenecientes a fuerzas conjuntas del Ejército Argentino y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en su mayoría vestidos de civil, fuertemente armados, sin intimación previa alguna rodearon la casa y abrieron fuego contra la vivienda
. Luego de pedir que cesaran los disparos, Vicenta reunió a sus hijos y los preparó para salir de la vivienda, lo que hicieron por la ventana trasera: primero sacó a Carlos y luego a María Ester. Mientras salía con Alejandro en brazos y portaba un pañuelo blanco “le dispararon a quemarropa en la cabeza”, detalló Mola. “Los pequeños quedaron al cuidado de un vecino, bajo la promesa de que las autoridades de que irían a recogerlos. Como no aparecieron, tras una semana los llevó a la Comisaría de Adrogué, en donde los derivaron directamente al Tribunal de Menores N°1 de Lomas de Zamora”.
“La magistrada Pons no averiguó las circunstancias en las que los hermanos llegaron a los vecinos ni pidió informes sobre los hechos que derivaron en la muerte de su madre”.
Según el fiscal Mola, “tampoco se intentó buscar a sus familiares porque no había ninguna intención de entregárselos, sino todo lo contrario. Así, Pons ordenó que los niños fueran alojados en el Hogar de Belén, donde estuvieron en total seis años hasta que fueron restituidos a su padre y viajaron al exilio, en Suecia, donde actualmente residen”. Al respecto, Mola afirmó que “la apropiación y ocultamiento pudo acontecer con la intervención del personal del tribunal: la jueza no podía cometer éstos hechos sin la cooperación de otros funcionarios. Irremediablemente necesitaba el aporte de los responsables de la secretaría y del área asistencial (asistente social y psicólogos). Por ejemplo, allí se tramitó el expediente de guarda como NN cuando ya se conocía la verdadera filiación, y en 1978 se falseó el acta de comparecencia de la tía de los hermanos, que había viajado desde Paraguay y los reclamaba, tratándola con iniquidad y engaño”.
Asimismo, el fiscal resaltó que “durante la permanencia de Alejandro, María Ester y Carlos en el Pequeño Hogar de Belén -que se prolongó hasta diciembre de 1983, año en el que fueron restituidos a su padre tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- fueron objeto de golpizas y otros tratos humillantes por parte de quienes se encontraban al frente”. Y aseguró que “el maltrato respondía claramente al hecho de que sus padres eran militantes políticos catalogados de enemigos del gobierno de facto. En este sentido les decían cosas tales como que eran ‘hijos del diablo’ (…), ‘que la madre era una prostituta’, ‘que no los quería’, ‘que los había abandonado’, ‘que el padre era terrorista’, ‘que era alcohólico’, provocándoles además del sufrimiento físico, padecimientos de naturaleza psicológica y moral, de una crueldad intolerable que se acrecienta si se toma en cuenta la edad de las víctimas”.

 

San Juan: Caballero Vidal será indagado el 19 de diciembre

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El ex miembro de la Corte de Justicia de San Juan, Juan Carlos Caballero Vidal -ya sin sus fueros tras haber presentado su renuncia a mediados de noviembre- fue notificado de su indagatoria en el juzgado federal.

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En la mañana de ayer quedó fijada la fecha del 19 de diciembre, día que deberá estar frente a frente con Leopoldo Rago Gallo en el juzgado federal.

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El ex Juez Caballero Vidal es una de las últimas personas que el monopolio de los ddhh ha decidido perseguir, ya que dicen que lo están “investigando” por supuestos “delitos cometidos en la última dictadura militar”. Un pedido del fiscal Francisco Maldonado para indagarlo por las acusaciones abrieron el proceso de destitución para que así perdiera sus fueros, pero antes de eso, Cavallero Vidal presentó su renuncia.

 

Fin del circo ESMA 3

justicia asesinadaEl pasado 29 de Noviembre se cerró el telón del anticonstitucional simulacro de juicio que la corrupta justicia argentina puso en escena contra los héroes que enfrentaron con valentía el terrorismo en los ’70.

Con esta “sentencia” se continúa dando cumplimiento al mandato del monopolio de los derechos humanos que ordena ejecutar la venganza de guerrilleros que fueron derrotados hace más de 40 años años atrás .

la sangre derramada velatorio rodolfo ortega
Así, el tribunal integrado por los jueces Leopoldo Bruglia, Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Pablo Bertuzzi, (este último en calidad de juez sustituto), títeres de la izquierda vernácula, condenaron a prisión perpetua a 29 prisioneros políticos en una causa “de lesa” armada con la excusa de “investigar 800 casos de secuestros, torturas y asesinatos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA)”.

Este ilegal proceso que ha finalizado es el tercer capítulo del RELATO llamado ESMA, construido, al igual que todos los juicios “de lesa” en base a supuestos, dichos de terceros, testimonios falsos, mentiras y “reconstrucción de la memoria”, y comenzó a ser fuente de ingresos para muchas personas involucradas con el curro de los ddhh a partir de noviembre de 2012.

Para presenciar el final de este circo judicial, las organizaciones de izquierda convocaron a sus secuaces, quienes se reunieron en el exterior de los tribunales de Comodoro Py, en Buenos Aires, para escuchar la sentencia, cuya lectura se extendió por más de tres horas.

circo esma viejas chorras
Un grupo de personas cercanas a los prisioneros políticos llegó para acompañarlos en ese momento en que la INjusticia se disfrazó de justicia y ocuparon posiciones en la parte superior del auditorio. Al ingresar al recinto los acusados, fueron vivados por el grupo que fue a manifestarles su apoyo.

Abajo y detrás los prisioneros políticos, tras un blindex se ubicaban los mascarones de proa de la izquierda corrupta argentina, como doña Estela de Carlotto, madre de la terrorista montonera Laura Estela Carlotto (NG: Rita), o Nora Cortiñas, madre de Carlos Gustavo Cortiñas (Montoneros).

Cuando desde el piso superior, donde se encontraban familiares y amigos de los prisioneros políticos, se entonaban las estrofas del Himno Argentino, los familiares de los subversivos, con la impunidad que hoy los beneficia, comenzaron a vomitar su odio con sus cánticos agraviantes “Como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar”.

Ante este aquelarre, el presidente del tribunal, decidió poner orden en la sala y gritó: SILENCIO!!! advirtiéndoles que si no controlaban su actitud, serían desalojados. Ante ese llamado de atención, el sector simpatizante con los terroristas al fin hizo silencio y bajó sus pancartas con las fotos de sus familiares caídos por sus actos criminales contra la sociedad y NO por ser “perseguidos políticos” como los denominan en la sentencia.

circo esma

Varios de los prisioneros políticos injustamente cautivos quedaron en el camino, falleciendo sin poder soportar tanta injusticia y humillaciones ejecutadas en el plan sistemático de exterminio que está ejecutando la izquierda enquistada en los estrados judiciales de nuestro país.

A continuación el listado de los 54 prisioneros políticos:

Jorge Eduardo Acosta (76), prisión perpetua
Randolfo Agusti Scacchi (76)prisión perpetua
Juan Alemann (90), absuelto
Juan Arturo Alomar (69), 13 años de prisión
Paulino Oscar Altamira (71), 8 años y 6 meses de prisión
Mario Daniel Arru (70), prisión perpetua
Alfredo Astiz (66), prisión perpetua
Juan Antonio Azic (76), prisión perpetua
Daniel Humberto Baucero (72), 10 años de prisión
Julio César Binotti (63), 8 años de prisión
Carlos Octavio Capdevilla (71), 15 años de prisión
Ricardo Miguel Cavallo (66)prisión perpetua
Miguel Enrique Clements (66), 8 años de prisión
Daniel Néstor Cuomo (67)prisión perpetua
Rodolfo Cionchi (68), prisión perpetua
Juan de Dios Daer (67), 8 años de prisión
Alejandro Domingo D’Agostino (68)prisión perpetua
Hugo Enrique Damario (73),  prisión perpetua
Carlos Eduardo Daviou (70), 12 años de prisión
Jorge Manuel Díaz Smith (71)12 años de prisión
Francisco Di Paola (70)prisión perpetua
Adolfo Miguel Donda Tigel (71)prisión perpetua
Juan Carlos Fotea (67), 25 años de prisión
Rubén Oscar Franco (90), 20 años de prisión
Miguel Ángel García Velasco (71)prisión perpetua
Pablo Eduardo García Velasco (71)prisión perpetua
Alberto Eduardo González (67)prisión perpetua
Orlando González (72)prisión perpetua
Ricardo Jorge Lynch Jones (81)absuelto
Jorge Luis Magnacco (76), 24 años de prisión
Roque Ángel Martello (74), absuelto
Rogelio José Martínez Pizarro (69)prisión perpetua
Luis Ambrosio Navarro (65)prisión perpetua
Víctor Roberto Olivera (66), 14 años de prisión
Rubén Ricardo Ormello (62), absuelto
Eduardo Aroldo Otero (90)17 años de prisión
Mario Pablo Palet (86)8 años de prisión
Guillermo Pazos (72)6 años de prisión
Antonio Rosario Pereyra10 años de prisión
Antonio Pernías (71)prisión perpetua
Claudio Orlando Pittana (64)prisión perpetua
Julio Alberto Poch (65), absuelto
Héctor Francisco Polchi (71)11 años de prisión
Jorge Carlos Rádice (66)prisión perpetua
Francisco Lucio Rioja (74)prisión perpetua
Miguel Ángel Alberto Rodríguez (70), 8 años de prisión
Juan Carlos Rolón (69)prisión perpetua
Néstor Omar Savio (71)prisión perpetua
Hugo Sifredi (70)prisión perpetua
Emir Sisul Hess (68), absuelto
Carlos Guillermo Suárez Mason(68)prisión perpetua
Gonzalo Dalmacio Torres de Tolosa (73)prisión perpetua
Eugenio Bautista Vilardo (80)prisión perpetua
Ernesto F. Weber (86)prisión perpetua

 

CNU: Perpetua para Castillo y absolución para Pomares

castillo y pomaresEn un extraño fallo,  el tribunal oral en lo criminal federal N° 1 de La Plata, integrado por Germán Castelli, Pablo Vega y Alejandro Esmoris, condenó a prisión perpetua a Carlos “el indio” Castillo y absolvió a José “Pipi” Pomares.

Ambos prisioneros políticos estaban siendo acusados por la orga de los ddhh de haber sido partícipes de la detención y muerte de cuatro personas ocurridas entre febrero y abril de 1976.

A Castillo lo acusaron de “participación directa” en la captura y muerte de Carlos Antonio Domínguez (presidente del Partido Justicialista de La Plata) y de la detención de Roberto Fiandor, hechos ocurridos el 12 de febrero de 1976; y por la detención y muerte de Leonardo Guillermo Miceli (PCR), el 19 de abril de ese año.

A Castillo, además, lo imputaron por la detención y muerte de los montoneros Néstor Hugo Di Notto y Graciela Herminia Martini y por la detención de otra pareja, hechos sucedidos entre el 3 y 4 de abril de 1976, por lo que también acusaban a Pomares.

Pomares fue absuelto porque el tribunal le otorgó el principio del beneficio de la duda, porque eliminó como prueba las fotografías y se ordenó la inmediata libertad.

El fallo provocó la ira de los familiares de las supuestas víctimas y de los parásitos que viven del curro de los derechos humanos, a tal punto hicieron escándalo en la sala que el tribunal tuvo que suspender la lectura de la sentencia y desalojar la horda salvaje del edificio en calles 8 y 50 de la ciudad de La Plata.

 

 

Duro revés para las abuelas del odio

justicia
El tribunal oral federal Nº 1 de San Martín condenó al General de Brigada (R) Eduardo Alfonso a cuatro años de cárcel por “allanamiento ilegal” en el que aseguran que fue capturada Beatriz Recchia y su hija Juliana García de tres años. La guerrillera que se encuentra desaparecida hasta hoy estaba embarazada de cinco meses y en el operativo fue muerto su marido, el terrorista Montonero Antonio García.  Las abuelas, que fueron querellantes, recibieron un duro golpe con esta sentencia ya que habían solicitado prisión perpetua para el prisionero político.

Según un periódico de la época, la información dada a conocer a la población fue:
“Las Fuerzas Legales abrieron fuego abatiendo a un delincuente subversivo de sexo masculino. Finalizada la operación se encontró abandonada en el lugar una niña de unos cuatro años de edad cuya madre al parecer se había fugado aprovechando la confusión producida durante el enfrentamiento. Las Fuerzas Legales tuvieron dos Oficiales heridos”

El hecho ocurrió en enero de 1977 en Villa Adelina cuando  las Fuerzas de Seguridad abatieron a García y según dicen los constructores del RELATO, se llevaron a la subversiva y a su hija.

Alfonso fue detenido y procesado por la justicia -ya corrompida por el curro de los ddhh- en diciembre de 2008, pero en Agosto siguiente la Cámara Federal de San Martín lo liberó. Cuando la causa avanzó en 2012, se fugó a Paraguay para evitar su arresto. En el vecino país vivió con un nombre falso hasta 2016, cuando fue detenido.

En la misma audiencia, los jueces Marta Milloc, Diego Barroetaveña y Marcela Mónica Rodríguez absolvieron a otro prisionero político Rafael Félix López Fader, ex Capitán del Departamento de Inteligencia del Comando de Institutos Militares, a quien estaban acusando de ser parte en la detención y muerte del ex diputado Montonero Diego Muniz Barreto y del intento de asesinato de Juan José Fernández. Este último era secretario de Muniz Barreto y pudo sobrevivir al operativo.

El comunicado de “abuelas”

LAMENTABLE E INCOHERENTE SENTENCIA AL GENOCIDA EDUARDO ALFONSO

Una pena irrisoria de 4 años de prisión por el secuestro de Beatríz Recchia, embarazada, y su hija Juliana y la absolución por el asesinato de Antonio García.

Abuelas de Plaza de Mayo lamenta la sentencia de esta tarde dictada por el Tribunal Oral Federal N° 1 de San Martín, en la que se condenó a Eduardo Alfonso a cuatro irrisorios años de prisión por el allanamiento ilegal y el secuestro de Beatriz Recchia, embarazada de cinco meses, y de su hija Juliana Inés García, de tres años, al momento del secuestro. La sentencia dejó probada la participación del ex General de Brigada y ex N° 2 del Ejército Argentino en el operativo ilegal desplegado en la casa de la familia García-Recchia en Villa Adelina, donde además fue asesinado Antonio Domingo García. Sin embargo, los jueces entendieron que por este último hecho Alfonso debía ser absuelto, a pesar de las solicitudes de condenas a prisión perpetua pedidas por la querella de Abuelas de Plaza de Mayo y la fiscalía.

La pena de cuatro años es insultante, porque tal como lo dijo el tribunal, es un crimen de lesa humanidad y está probada la participación de Alfonso en los hechos. Cabe recordar que el represor estuvo cuatro años prófugo, escapando de la justicia. Alfonso, gracias a la impunidad de la que gozó durante 40 años, llegó a ser Secretario General del Ejército durante la jefatura del General Ricardo Brinzoni. Recién en diciembre de 2008, Alfonso fue detenido y procesado, pero en agosto del año siguiente la Cámara Federal de San Martín lo liberó. En 2012, ante una nueva orden de detención, se fugó a Paraguay, donde vivió cuatro años con un nombre falso.

Esta tarde, la tristeza fue mayor cuando en el mismo acto el tribunal absolvió al ex Capitán del Departamento de Inteligencia del Comando de Institutos Militares, Rafael Félix López Fader, acusado por su participación en la privación ilegal de la libertad y tormentos, homicidio y tentativa de homicidio de Diego Muniz Barreto y Juan José Fernández, respectivamente.

Los familiares de detenidos desaparecidos debimos esperar años para acceder a la justicia por nuestros seres queridos. Cuarenta años han pasado, de los cuales la mayoría del tiempo hemos convivido con los asesinos de nuestros hijos y ladrones de nuestros nietos en libertad. Siempre confiamos en que tarde o temprano llegaría la justicia; sin embargo, hoy asistimos a un retroceso en el proceso de memoria, verdad y justicia, como lo demuestra esta sentencia.

No bajaremos los brazos, seguiremos luchando por nuestros hijos y por las futuras generaciones porque una sociedad sin memoria y sin justicia corre el riesgo de repetir sus errores. El Tribunal integrado por Marta Milloc, Diego Barroetaveña y Marcela Mónica Rodríguez dará a conocer los fundamentos de este fallo el próximo viernes 1° de diciembre. Entonces seguiremos exigiendo al tribunal que repare lo que hace 40 años el Estado terrorista dañó.

 

Agenda “de lesa” para la semana que se inicia

justicia horcaEl jueves 27 en Jujuy: El tribunal oral en lo criminal federal continuará las audiencias con las últimas palabras de los prisioneros políticos por supuestos hechos que habrían ocurrido en tres operativos realizados en la ciudad de San Pedro (Jujuy).

El Lunes 27 en San Juan: Proseguirá el 3er circo judicial contra 21 prisioneros políticos por presuntos hechos en jurisdicción del Área Militar 332 que dependía del III Cuerpo del Ejército.

El Martes 28 en el partido bonaerense de San Martín: continuarán las audiencias con testigos adoctrinados para la ocasión contra el ex Comisario Luis Abelardo Patti por la detención y muerte de Ricardo Giménez (Juventud Peronista Zona Norte)

Los días 28, 29 y 30 en Santa Rosa (La Pampa): Continuarán las audiencias en la parodia de juicio que han denominado “Subzona 14 II” a cargo del tribunal oral en lo criminal federal que somete a ilegal proceso a 18 prisioneros políticos entre Militares y personal Policial.

El Miércoles 29 en Mendoza: El tribunal oral federal 2 comenzará una nueva parodia de juicio contra el anciano General Luciano Benjamín Menéndez, a quien acusan de “ser el autor mediato de privación ilegitima de la libertad agravada contra 23 personas”.

El Miércoles 29 en los tribunales porteños de Comodoro Py: Darán a conocer el veredicto del anticonstitucional juicio que denominaron ESMA III contra 54 presos políticos.

El Miércoles 29 en La Plata: Darán a conocer el veredicto contra Carlos “El Indio” Castillo y Juan José “Pipi” Pomares (Causa CNU).

El Jueves 30 en Santiago del Estero: Continuarán las audiencias en el circo judicial que han denominado “Megacausa III” donde están sometiendo al ex Fiscal Federal Santiago Olmedo de Arzuaga y a otros once prisioneros políticos entre Militares, Policías y un civil.

El Jueves 30 en Mendoza: El tribunal oral federal 1 continuará con las audiencias en el proceso que han denominado “causas unificadas”. En esta escoria judicial están sometiendo a 24 prisioneros políticos y también al General Menéndez.

El Jueves 30 en los tribunales porteños: El tribunal oral en lo federal 6 continuará con las audiencias en el ilegal juicio que están escenificando contra el ex Comisario Miguel Etchecolazt y otros 8 prisioneros políticos.

 

Fallecimiento de otro prisionero político

Fallecimiento de otro Preso Político: Cnel. MARCELLINILa Unión de Promociones informó el fallecimiento del Capitán (R) Miguel Ángel BÁEZ (Ingenieros – Promoción 103 – CMN), Preso Político en cautiverio, ocurrido el Miércoles 22 de Noviembre de 2017,.

Consecuentemente, ya son 426 (cuatrocientos veintiséis) los fallecidos, pertenecientes a todas las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, Fuerzas Policiales, Fuerzas Penitenciarias y Civiles; en el marco de este proceso de persecución, venganza y exterminio, donde SE CONTINÚAN REPITIENDO en forma sistemática infinidad de irregularidades jurídicas, instrumentadas en el ámbito de una justicia prevaricadora.

Debe destacarse que del total de Presos Políticos que han fallecido, 86 (ochenta y seis) decesos se han producido desde el día 10 de Diciembre de 2015.

Solicitamos a todos los integrantes de las FFAA, Fuerzas de Seguridad, Fuerzas Policiales y Fuerzas Penitenciarias, a las distintas ONG e Instituciones, a familiares, amigos y allegados en general, a continuar sumándose en apoyo de todos quienes deben enfrentar esta injusta situación, a fin de afirmar, fortalecer e incrementar el planteo de los justos reclamos por acceder a una justicia verdaderamente independiente, imparcial y objetiva, a través del irrestricto respeto por la Constitución Nacional. La continuación de la ardua lucha en su apoyo, por la recuperación plena del estado de derecho y por la reparación del respeto y la credibilidad de las Instituciones de la República, así lo exige.

Expresamos nuestras sentidas condolencias a todos sus familiares, compañeros de Promoción, Camaradas y amigos, rogándole al Señor, les conceda pronta y cristiana resignación.

Coronel (R) Guillermo César Viola.
Unión de Promociones

 

CNU: Las querellas rechazaron el pedido de nulidad de la defensa

justicia corrupta 10Las tres querellas en la parodia de juicio que se está escenificando contra los civiles Carlos Ernesto Castillo, alias “El Indio”, y Juan José Pomares, alias “Pipi”, sometidos a un ilegal proceso por primera vez en La Plata por las detenciones, apremios ilegales y muerte de varios subversivos ocurridas en esa ciudad antes y después del golpe de Estado de 1976, rechazaron el miércoles los pedidos de nulidad de los abogados defensores de los dos prisioneros políticos.

La izquierda judicial ha incluido en esta “causa” siete hechos ocurridos entre febrero y abril de 1976. Se trata de la detención y muerte de Carlos Antonio Domínguez (presidente del Partido Justicialista de La Plata), Leonardo Miceli (Montoneros), Néstor Di Notto (Montoneros) y Graciela Martini (Montoneros), y la detención de Roberto Fiandor, Daniel Pastorino y Ursula Barón.

En nombre de la liga argentina por los derechos del hombre y la unión por los derechos humanos de La Plata, Marta Vedio solicitó que se “rechacen las nulidades planteadas por la defensa” en relación con el reconocimiento fotográfico de los prisioneros políticos y los testimonios de las supuestas víctimas y familiares.

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Recordó que la nulidad de los reconocimientos fotográficos de los cautivos de la venganza terrorista “ya había sido rechazada por la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata. Estos reconocimientos son medida investigativa coherente con el testimonio” de los testigos Daniel Pastorino y Walter Martini, entre otros, “efectuados antes de que Castillo y Pomares fueran indagados”, sostuvo la abogada representante de estas organizaciones de izquierda.

Vedio rechazó los pedidos de nulidad de la defensa en relación con las comparecencias de los “testigos” ante el tribunal oral en lo criminal federal Nº 1, presidido por el juez Germán Castelli. “Acá no hubo testigos ajenos al debate”, dijo desafiante al único abogado defensor que asistió a la audiencia del miércoles.

“Los ‘testigos’ acreditaron la materialidad de los hechos ilícitos cometidos”, y aseguró “quedó probada la participación de los imputados en el marco de un ‘plan sistemático’ contra ‘una parte de la población’. Están plenamente acreditados los homicidios perpetrados por la ‘patota’ de Castillo y Pomares y el modus operandi de la CNU”, afirmó Vedio.

En la audiencia anterior, los defensores de Pomares, Oscar Salas y Juan Pesquera, demostraron que su defendido no era quien afirman las supuestas “víctimas” ya que mostraron al tribunal una foto del acusado tomada en 1977 en la Unidad 9, donde no tenía bigote ni pelo largo.

“Los hechos (imputados) fueron contextualizados de forma individual y genérica. Se identificaron en tiempo y espacio”, aseguró Griffo al rechazar los planteos de la defensa en relación a los cargos por homicidio. “Los alegatos de la fiscalía y de las querellas enmarcan los hechos en crímenes de lesa humanidad. La CNU actuó bajo el amparo estatal”, sentenció el abogado.

La defensa también hizo planteos de nulidad en relación al tiempo transcurrido para llegar a este juicio oral y público y los años de sus defendidos en prisión preventiva. A ello respondieron las abogadas Luz Santos Morón y Carolina Vilches, en nombre de la asociación de ex detenidos-desaparecidos.

“Si este juicio no tuvo lugar en años anteriores fue por las leyes de Punto Final, de Obediencia Debida y de Amnistía”, respondió Santos Morón. Para la abogada, “a lo largo del proceso iniciado en mayo pasado se presentó un conjunto de pruebas que demuestran de forma contundente la pertenencia a la CNU de los imputados y su participación en los hechos que aquí se ventilan”.

Vilches rechazó varias de las afirmaciones del defensor de Castillo, Fernando Buján, que desestimó el delito de “genocidio”. La abogada volvió a reivindicar esa calificación legal para referirse a los supuestos delitos que les endilgan a Castillo y a Pomares.

“A las cosas se las llama por su nombre, y eso es responsabilidad de los ‘operadores’ de la justicia”, sostuvo Vilches con la impunidad que es propia de los representantes de organismos de ddhh. Tras ello, exigió “Solicitamos al tribunal que estos hechos sean considerados constitutivos de ‘genocidio’, que tiene sus consecuencias al día de hoy”.

¿Castelli es un juez imparcial?

La audiencia del día miércoles comenzó con palabras de reconocimiento del juez Castelli a Nilda Eloy, integrante del curro de los derechos humanos, fallecida días atrás. Este “reconocimiento” ¿es compatible con la imparcialidad que debe ejercer un juez? ¿O es una clara muestra de su favoritismo hacia uno de los platillos de la balanza de la “justicia”?

¿Como sigue este circo judicial?

El 27 de noviembre será el turno para la réplica de la defensa y la fiscalía, y dos días después se espera la sentencia del toc Nº 1.

 

Mar del Plata: La izquierda denuncia “pacto político” para salvar al Fiscal Fernández Garello

fabian-fernandez-garelloLa organización de izquierda comisión por la memoria junto a otros organismos que curran con  los derechos humanos, como el cels, abuelas, apdh y varios engendros más, salieron a denunciar un “pacto político entre legisladores de Cambiemos y del Frente Renovador para evitar el juicio político contra el actual Fiscal general de Mar del Plata, Fabián Uriel Fernández Garello”, a quien le endosan graves denuncias por supuestos delitos de lesa”.

Según estas organizaciones, “la decisión implica una grave regresión jurídica que desconoce leyes y pactos internacionales firmados por Argentina para la defensa de los derechos humanos”.

Todo este alboroto izquierdista es consecuencia de que los legisladores de Cambiemos, Juan Pablo Allan y Santiago Nardelli, y los del Frente Renovador (UNA) Hernán Albisu y Lisandro Bonelli, lograron construir una mayoría dentro del jurado y hacer caer el “proceso” que urdían contra Fernández Garello. La lucrativa comisión por la memoria afirmó que “los legisladores desconocieron el llamado a prestar declaración indagatoria por crímenes de lesa humanidad para el próximo 13 de diciembre contra el Fiscal General”.

En igual sentido votaron los abogados Alicia Cristina Racig (San Isidro) y Horacio Enrique Hernandez (San Martín), en tanto que los conjueces abogados Leandro Adolfo Matilla y Eduardo Carlos Zimmermann votaron en minoría manifestando que “los elementos obrantes en la causa sí cumplimentan los requisitos del art. 26 de la Ley de Enjuiciamiento y que, por lo tanto, debía darse inicio al sumario”.

Según estos representantes de la izquierda vernácula  “la decisión cierra la posibilidad de investigar la actuación de un funcionario judicial que fue parte de ‘la maquinaria del terrorismo de estado’ como ‘espía’ de la Dirección de Inteligencia de la Policía bonaerense y da lugar a un ‘pacto político’ de impunidad, lo cual implica una grave regresión jurídica que desconoce leyes y pactos internacionales firmados por Argentina para la defensa de los derechos humanos”.

Además, agregaron que Fernández Garello omitió en su declaración jurada al ser designado Fiscal general, haber sido agente de policía y prestar funciones como “espía de la DIPBA”, por lo cual alega “la supuesta obligación de no develar información por la aplicación de una normativa de la SIDE, aprobada durante el gobierno militar el 28 de febrero de 1973”, cuestión que fue considerada “inaceptable en tiempos de democracia, por cuanto emana de un gobierno de facto y además no alcanza a los agentes de la DIPBA”.

También cuestionaron a la Suprema Corte y a la Procuración General de la Provincia por “no haber adoptado medidas para el apartamiento del Fiscal general de sus funciones”, habida cuenta de que “la separación preventiva del cargo que fue adoptada en otros casos de delitos comunes cometidos por magistrados no se aplicó a Fernández Garello que será indagado el mes próximo por su participación en delitos de lesa humanidad.”

“Esta decisión formalista y regresiva, atenta contra los principios republicanos de transparencia y democratización de la justicia y da cuenta de una escasa voluntad política de transformación de las instituciones y de lucha contra las mafias enquistadas en las instituciones políticas y judiciales”, concluyeron estos organismos de derechos humanos.