TRASLADO DE PRESOS

muerte no es justiciaSí, lamentablemente la tortura existe en la Argentina de hoy, desembozada, pública y gratuita. Y la practican quienes son pagados por el Estado para cuidar -no para torturar- a los presos: jueces, fiscales, sus superiores ministeriales y guardias, en ese orden.

Once presos militares fueron conducidos desde Campo de Mayo hasta Bahía Blanca en un ómnibus de buena apariencia externa, pero que por dentro era un desastre.

Fueron eliminados los asientos (salvo los de los guardias) y se instaló una reja en la mitad, tras la cual apiñaron a los presos, que podían sentarse en sillitas que no estaban fijadas al piso. Todas las ventanas estaban clausuradas y como único respiradero había un pequeño ventilete en el techo. Viajaron de noche y sin detenerse nunca. El baño había sido eliminado y en su lugar había unas botellitas para orinar y unos tachitos. Sin poder dormir ni descansar, trasladados como hacienda.

¿Los trasladados eran jóvenes?

En absoluto! Presos Políticos de 80 años y enfermos. ¿Eso no es tortura?
¿No corresponde responsabilizar de todo eso al o a los responsables?

Carlos L. Bosch

 

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Fallecimiento de otro prisionero político

Fallecimiento de otro Preso Político: Cnel. MARCELLINI
Acaba de llegar la información que anoche falleció el Señor CN GUILLERMO NICOLAS COSTA (P80 de ENM) de 86 años de edad, por complicaciones cardíacas. Estaba con prisión domiciliaria.

Con este fallecimiento ya son 421 (cuatrocientos veintiuno) los muertos víctimas del plan sistemático de exterminio que la justicia prevaricadora está ejecutando contra integrantes de las Fuerzas de Seguridad en funciones hace 40 años atrás.

Costa estaba procesado desde el año 2013 por el juez federal Santiago Inchausti en la causa nº 4447, caratulada “Malugani Juan Carlos y otros s/homicidio calificado”.

Q.E.P.D.

 

La Pampa: Fiorucci se descompensó y fue retirado de la sala

JUICIO LA PAMPA
El ex Policía Roberto Fiorucci (79) pidió a través de su abogado defensor Hernán Vidal que se declare su incapacidad para afrontar el segundo juicio de la causa Subzona 14, en el que lo están acusando por 216 “delitos de lesa”.

Actualmente, Fiorucci  se encuentra con arresto domiciliario y ayer fue obligado a regresar al “debate oral y público” que se realiza en Santa Rosa, tras ausentarse durante varias audiencias por problemas de salud.

Sin embargo, en un cuarto intermedio, el prisionero político se descompensó y debió ser trasladado por los médicos oficiales en una ambulancia, junto a un familiar que lo acompañó en el “debate”. Desde la defensa, afirmaron que se le subió la presión y que además padece diabetes y un grado de sordera.

Antes de esto, Fiorucci dijo ante el tribunal que no está en condiciones de declarar: “Más bien estoy en condiciones de internarme en mi casa o en un lugar médico para restablecer mi salud. No me encuentro bien”, agregó.

Previamente, su abogado, Hernán Vidal, había planteado la incapacidad del ex Policía quien tiene alteraciones en la memoria y no está en condiciones de declarar. A pesar de esto y con el rechazo de la fiscalía y la querella, el tof requirió la presencia de Fiorucci en la parodia de juicio a la que lo están sometiendo.

Fiorucci ya fue condenado anteriormente en noviembre de 2010 a 20 años de prisión en un ilegal juicio donde lo acusaron de “privación ilegal agravada en 24 hechos, con uso de violencia y amenazas” y “13 casos de aplicación de tormentos”.

 

Apartan al  juez Kreplak de la causa contra Smart

Kreplak Ernesto
La cámara federal de casación resolvió por unanimidad apartar al juez kirchnerista Ernesto Kreplak en las causas que se le siguen al abogado Jaime Lamont Smart, de 82 años de edad, ante el temor de parcialidad por “sus constantes negativas a efectivizar el arresto domiciliario del encausado”, en las “causas de lesa” en que el tribunal le otorgó el beneficio de la detención domiciliaria.

Así lo dispuso la Sala III del tribunal, con el voto de los jueces Juan Carlos Gemignani, Eduardo Riggi y Carlos Alberto Mahiques, ante el planteo de Smart.

Gemignani Juan Carlosriggi eduardoMahiques Carlos
Entre otros argumentos, el tribunal sostuvo que “todas las salas de esta cámara se expidieron favorablemente sobre la concesión del arresto domiciliario de Smart, sin que nunca se hiciera efectiva por las frecuentes negativas del juez recusado”.

“A fin de evitar una inusitada privación de justicia y un desgaste jurisdiccional innecesario, con el objeto de garantizar y preservar en el proceso la garantía de imparcialidad, manifestación de las de debido proceso y defensa en juicio y puntal del sistema democrático, corresponde ordenar el apartamiento definitivo de Ernesto Kreplak en las presentes actuaciones y en todas aquellas causas que previno e interviene con relación a Jaime Lamont Smart”, resolvieron los magistrados.

Revés judicial para Julio Alberto Candioti

candioti
Julio Alberto Candioti buscaba llegar a la Corte para una nueva revisión de su procesamiento y prisión preventiva, pero los ddhh -dueños de la vida y de la muerte- le negaron esa posibilidad.

La sala I del máximo tribunal penal del país, con las firmas de los jueces Ana María Figueroa, Eduardo Riggi y Liliana Catucci, desestimó el planteo formulado por Julio Alberto Candioti, procesado por la Injusticia federal de La Plata por presuntos hechos que habrían ocurrido en “La Cacha”, “Pozo de Banfield” y Brigada de San Justo, durante el último gobierno cívico-militar.

“El rechazo del planteo contra el procesamiento dictado respecto del encausado no reúne las características enunciadas para habilitar la intervención de la Corte”, sostiene la resolución.

En ese sentido, el fallo advirtió que “el principio de la doble instancia se halla debidamente garantizado por cuanto han recaído pronunciamientos concordantes del juez instructor y de la cámara respectiva, y no se observa la existencia de cuestión federal o la verificación de un supuesto de arbitrariedad o lesión constitucional”.

Candiotti se desempeñó durante el último gobierno cívico-militar en el Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército, y tras permanecer prófugo durante varios años fue detenido en Uruguay y extraditado a la Argentina.

Candiotti, de 72 años de edad, ha sido acusado por el brazo ejecutor de la venganza montonera, por su rol en el Destacamento 101 de Inteligencia del Ejército, donde se desempeñó con el grado de Teniente primero como Jefe de la Sección Comando y Servicios entre el 9 de enero de 1978 y el 7 de abril de 1979.

 

San Martín: El comienzo de un nuevo circo judicial

juez-montonero
El tof 1 de San Martín comenzó a escenificar otra parodia de juicio este martes contra dos ex integrantes de la Guarnición Militar de Campo de Mayo que nunca antes habían sido sometidos a juicio “de lesa”, luego de la unificación de dos “causas” que tramitaron por separado.

Con la presencia de los prisioneros políticos, el ex Teniente Primero de la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral, Eduardo Alfonso, y del ex Capitán del Departamento de Inteligencia del Comando de Institutos Militares, Rafael Félix López Fader, la “audiencia” comenzó el día de ayer en los tribunales ubicados en Pueyrredón 3728, en la ciudad bonaerense de San Martín.

Ante un salón colmado y con fuerte presencia de camaradas del Ejército de los imputados, el tribunal integrado por Marta Milloc, Diego Barroetaveña y Marcela Rodríguez escuchó la lectura del auto de elevación a juicio. Seguidamente, López Fader brindó declaración indagatoria en la que negó los hechos de los que lo acusan y su participación en la lucha contra la subversión.

El ex efectivo del Comando de Institutos Militares llegó a este juicio acusado por este tribunal rojo de “privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidio del ex diputado nacional del Partido Justicialista Diego Muniz Barreto (Montoneros), y por el “secuestro, torturas y la tentativa de homicidio de Juan José Fernández (chofer de Muniz Barreto)”, ocurridos en 1977. El prisionero político acusado solicitó al tribunal que le permita realizar un careo con un Militar -testigo de identidad reservada- en la causa.

Por su parte, Alfonso también negó haber participado en los hechos que le imputan: la “privación ilegal de la libertad de Beatriz Recchia” (Montoneros. Nombres de Guerra: “Tina”. “Inés”) , quien se encontraba embarazada de cinco meses y fue detenida junto a su hija Juliana Inés García Recchia (de 3 años de edad en esos momentos) y por la muerte de su pareja, Domingo Antonio García (Montoneros. Nombres de Guerra: “Nito” “Sebastián” “Rogelio”).

Beatriz Recchia permaneció en “El Campito” (en Campo de Mayo) y durante su prisión, en mayo de 1977, dio a luz a una niña quien le fue sustraída y cuya verdadera identidad recién le fue restituida el 12 de febrero de 2009.

La testigo tenía tres años

Tras las declaraciones de los prisioneros políticos, fue citada a declarar Juliana Inés García Recchia, quien hizo “UN RELATO DE LOS RECUERDOS QUE PUDO ALMACENAR A PESAR DE TENER 3 AÑOS” cuando el 12 de Enero de 1977, sus padres fueron detenidos durante un allanamiento efectuado por las Fuerzas de Seguridad.

“Viví con ellos 3 años y 13 días. Los hechos traumáticos no se olvidan y éstos los tengo grabados a fuego junto con sus abrazos que me acompañan, porque es lo que me queda de ellos”, RELATÓ ante los parásitos que curran con los derechos humanos y mantenemos todos los argentinos: el tribunal y la comisión memoria verdad y justicia zona norte, suteba, abuelas de Plaza de Mayo, comisión Campo de Mayo, comisión memoria de San Martín, entre otros.

Los prisioneros políticos López Fader y Alfonso se encuentran privados de su libertad en la Unidad Penitenciaria 34 de Campo de Mayo a la espera de la continuidad de este circo judicial que será el martes próximo, y en el cual está previsto que declare Juana Muniz Barreto, hija del ex diputado Diego Muniz Barreto.

Cabe destacar que por estos mismos hechos que están sometiendo a estos prisioneros políticos, ya ha sido condenado el Sub Comisario Luis Abelardo Patti.

Santiago Omar Riveros de 93 años, sometido a otro “juicio de lesa”

riveros y martin
El ex Director del Colegio Militar de la Nación durante el año 1976 y 2do. Comandante del Comando de Institutos Militares durante el año 1977, Santiago Omar Riveros de 93 años de edad, está siendo sometido a un nuevo e ilegal proceso por la detención y presuntos apremios ilegales en perjuicio 11 mujeres y la sustracción de sus hijos nacidos en cautiverio.

Riveros será sometido a la venganza terrorista junto al ex Jefe del Servicio Clínica Médica del Hospital Militar de Campo de Mayo Raúl Eugenio Martín (79), en tanto que al ex Presidente de facto Reynaldo Bignone (89) -a quien también tenían planeado someter a este a este anticonstitucional juicio oral- milagrosamente lo declararon incapaz de afrontar el proceso por razones de salud el 6 julio.

Esta parodia de juicio, a cargo del tribunal oral en lo criminal Federal 3, es, al decir de la izquierda judicial “una derivación de la investigación por el ya acreditado ‘plan sistemático’ de apropiación de menores en el período de gobierno de la Junta Militar”.
Los casos que llegarán a este debate son los que correspondieron a los hechos que tuvieron como víctimas a Beatriz Recchia de García (Montonera, detenida-desaparecida), Marcela Esther Molfino de Amarilla (Montonera, detenida-desaparecida), María Teresa Trotta (Montonera, detenida-desaparecida), Rosa Luján Taranto de Altamiranda (ERP, detenida-desaparecida), Celina Amalia Galeano, Paula Elena Ogando, María Cristina Cournour de Grandi, Ana María Lancilotto de Mena (ERP, detenida-desaparecida), María Eva Duarte de Aranda (Montonera, detenida-desaparecida), Mónica Susana Masri de Roggerone (Juventud Trabajadora Peronista (JTP), detenida-desaparecida) y Valeria Beláustegui Herrera (PRT-ERP, detenida desaparecida).

De todas ellas, las únicas que recuperaron la libertad junto a sus hijos fueron Galeano y Ogando; en tanto, fueron restituidas las identidades a los hijos de las desaparecidas Recchia, Molfino, Trotta y Taranto.

A Riveros lo están acusando de los delitos de sustracción, retención, ocultamiento de menores y de la supresión de sus identidades respecto de los hijos de diez mujeres y por las privaciones ilegales de la libertad agravadas y la aplicación de tormentos agravada en cuatro casos.

Por su parte, al médico Martín lo están imputando en carácter de partícipe necesario de las sustracciones, retenciones, ocultamiento de menores y supresión de sus identidades de los hijos e hijas de seis víctimas, y las privaciones ilegales de la libertad agravadas y la aplicación de tormentos agravados de ellas.

San Juan: Olivera pide al tribunal que lo condenó el traslado a Campo de Mayo

olivera jorge
Mientras cumple la injusta condena que le impusieron en el primer y anticonstitucional “megajuicio de lesa”  que se escenificó en San Juan, fuentes judiciales informaron que el ex Jefe de Inteligencia del Regimiento de Infantería de Montaña (RIM) 22 Jorge Antonio Olivera le pidió al tribunal oral federal que autorice su traslado a una prisión de Buenos Aires.

Olivera está cautivo desde febrero de este año en el Penal de Chimbas y quiere terminar de purgar la ilegal pena que le han impuesto en el Servicio Penitenciario de Campo de Mayo, argumentando que así estará más cerca de su familia.

Olivera está solicitando el cumplimiento de la Ley 24.660, que es la que regula la ejecución de las penas de prisión efectiva. Según esta ley, el prisionero político funda su pedido en el derecho que les cabe a los presos de tener relación directa y asidua con sus familiares. En su caso, sus lazos afectivos están en Buenos Aires.

Así es como los dueños de la vida y de la muerte de los prisioneros políticos (el tof de San Juan) serán quienes decidirán si hacen lugar o no al pedido de Olivera. Aunque con otros integrantes, este tribunal el mismo órgano apendice del monopolio de los ddhh, que en 2013 lo condenó a cadena perpetua.

Decreto aniquilar elementos subversivos
Si el tribunal se dignase a concederle lo que solicita, Olivera será enviado a Campo de Mayo: allí está la prisión del mismo nombre que hace poco fue habilitada nuevamente para los prisioneros políticos condenados y acusados por causas “de lesa”. Si la respuesta es negativa, a Olivera deberá permanecer en el penal sanjuanino y seguir padeciendo en persona, las anticonstitucionales causas que están urdiendo contra él.

Olivera fue condenado hace 4 años, pero “apenas lleva meses de cumplimiento efectivo del castigo” con el que la izquierda toma sus represalias. Esto pasó porque unos días después de la sentencia en su contra, concretamente el 25 de julio de 2013, logró fugarse cuando lo llevaron al Hospital Militar para ser atendido de algunas dolencias y se mantuvo prófugo de la venganza terrorista hasta principios de este año.

Los circos judiciales contra Olivera

Olivera tiene varios “saldos pendientes” según el plan sistemático de represalias terroristas. Después de la causa que terminó en su condena y la de seis Militares más (Gustavo De Marchi, Francisco Del Torchio, Osvaldo Martel, Horacio Nieto, Daniel Gómez y Alejandro Lazo), se suma el juicio “de lesa” que se está escenificando actualmente, con él como uno de los imputados. Además de esta parodia de juicio, están urdiendo otros “procesos” que están “en etapa de instrucción” en el juzgado que dirige Leopoldo Rago Gallo.

Rago Gallo Leopoldo1

La izquierda pide perpetua para dos integrantes de la CNU platense

comunismo muerteLas secretarías de derechos humanos de la provincia de Buenos Aires y de la Nación, se sumaron el lunes al pedido de prisión perpetua por delitos de lesa para Carlos Ernesto Castillo, alias “El Indio”, y Juan José Pomares, alias “Pipi”, como integrantes de la agrupación de ultraderecha y católica Concentración Nacional Universitaria (CNU) sindicados por la izquierda judicial como “coautores de cuatro muertes y siete detenciones de ‘militantes’ universitarios, barriales y sindicales del ‘peronismo revolucionario’ y de la izquierda” (terminología suavizada para referirse hoy a los terroristas que cometían sus crímenes y atentados durante el gobierno constitucional de María Estela Martinez de Perón, antes del golpe del ’76).

“Solicitamos que se condene a Carlos Ernesto Castillo, alias ‘El Indio’ a la pena de prisión perpetua […] por resultar penalmente responsable como coautor de los delitos de homicidio doblemente calificado […] cometido con alevosía con el concurso de dos o más personas en cuatro oportunidades, en perjuicio de Carlos Antonio Domínguez, Hugo Di Notto, Graciela Martini y Leonardo Miceli, sostuvo Facundo Dadic, uno de los tres abogados de esas secretarías, al término de un extenso alegato.

La pena requerida para Castillo incluye el delito de “privación ilegal de la libertad agravada por amenazas y violencias simulando autoridad pública en siete oportunidades en perjuicio de Carlos Antonio Domínguez, Hugo Di Notto, Graciela Martini, Leonardo Miceli, Ursula Barón, Daniel Pastorino y Roberto Fiandor, prosiguió el letrado.

“Solicitamos se condene a Juan José Pomares, alias “Pipi” a la pena de prisión perpetua […] por considerarlo coautor del delito de homicidio doblemente calificado cometido con alevosía con el concurso de dos o más personas en perjuicio de Hugo Di Notto y Graciela Martini; la privación ilegal de la libertad […] en perjuicio de Hugo Di Notto, Graciela Martini, Daniel Pastorino y Ursula Barón, agregó Dadic ante el tribunal oral en lo criminal federal Nº 1 de La Plata.

Ambas secretarías, una de las tres querellantes en este primer e ilegal juicio contra integrantes de la CNU en La Plata entre 1974 y 1976 con dos prisioneros políticos imputados en este tramo, consideraron que los cargos atribuidos a Castillo y Pomares –que no estuvieron en la audiencia“son delitos de lesa humanidad”.

En el alegato, pidieron al tribunal que remita al juzgado penal de turno los testimonios de los testigos que mencionaron como integrantes de la CNU a Patricio Fernández Rivero, Ricardo Calvo, Gustavo Fernández Supera, Juan Carlos Gomila y Antonio de Jesús para que “se investigue su posible participación en los crímenes cometidos por los miembros de la Concentración Nacional Universitaria entre los años 1974 y 1976”.

También pidieron que “las eventuales condenas sean cumplidas en unidades penitenciarias” y amenazaron con “nos reservamos el derecho de recurrir en Casación”.

El abogado Pedro Griffo, de la secretaría de derechos humanos de la Nación, fue quien inició el alegato de esta querella, haciendo especial hincapié en los ámbitos de intervención de la CNU: la Universidad Nacional de La Plata (facultades y colegios secundarios) y sindicatos, como ATULP (no docentes de la UNLP) y la Agremiación de Empleados de Reunión (trabajadores del Hipódromo), “donde la CNU actuaba con el respaldo estatal que les garantizaba impunidad”, una vez derrocado el gobernador Oscar Bidegain, reemplazado por su vice, Victorio Calabró, hombre de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

Griffo criticó la “fragmentación de las causas y el escaso número de imputados y víctimas que llegaron a este juicio. Es una porción muy chica de lo que hizo la CNU en La Plata”, sostuvo, antes de fustigar el accionar del Poder Judicial y de la Policía de entonces, que “nunca investigó”.

“El ‘plan sistemático’ de aniquilamiento de los ‘enemigos de izquierda’ y ‘peronistas revolucionarios’ no empezó el 24 de marzo de 1976”, afirmó, antes de indicar que “este plan comenzó el 20 de junio de 1973 con la masacre de Ezeiza. A partir de ese momento, la CNU empezó a estar detrás de numerosos atentados y ataques con bombas, irrupción en asambleas y asesinatos en la ciudad de La Plata”, que sin embargo “los medios de comunicación atribuían a la izquierda”.

Según los abogados querellantes “los testimonios demostraron los vínculos de la CNU con el sindicalismo más ortodoxo, como la UOM, la CGT local, SUPE, SOEME, con sectores eclesiásticos, con el poder político de entonces, la Policía, el Ejército y la Justicia. También otras organizaciones de ultraderecha peronistas, como la Triple A y las 62 Organizaciones”

María Fernanda Barreca se refirió luego a las consideraciones del derecho internacional en lo referido a crímenes contra la humanidad. “Hace falta dominio fáctico […] y una política estatal de persecusión de sectores políticos”, sostuvo. “Los crímenes que aquí se juzgan son de lesa humanidad”, enfatizó la abogada, antes de referirse al artículo 7 del Tratado de Roma y de la Corte Penal Internacional (CPI).

La abogada se refirió a la sentencia que a fines de 2016 dictó el tribunal oral federal N° 1 de Mar del Plata en el primer proceso contra la CNU en el país, condenando, entre otros, a prisión perpetua al ex Fiscal Federal Gustavo Demarchi en un anticonstitucional juicio.

“En este debate oral ha quedado demostrado el ataque contra una parte de la población con anuencia del Estado por parte de la CNU, integrada por Castillo y Pomares, que cometieron delitos de lesa humanidad”, sostuvo. Al igual que sus colegas, la abogada subrayó: “son muchísimos los crímenes que cometió la CNU en La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca, pero son muy pocos los que llegaron a juicio”, y reclamó al Estado “su deber de cumplir con los acuerdos internacionales en la materia para juzgar delitos de lesa humanidad”.

 

La Pampa: Baraldini ya está en su casa

baraldini
Este jueves llegó la pulsera electrónica destinada al ex Jefe de la Policía de La Pampa, Luis Baraldini (79) y a las 14.30 horas pudo dejar la Colonia Penal 4 para ir a la casa de su hija ubicada en la ciudad de Santa Rosa, en arresto domiciliario.

El tof había admitido en la semana un recurso de casación presentado por las querellas en el juicio de la Subzona 14 II contra el arresto domiciliario otorgado por los mismos miembros del organismo al ex Jefe de la Policía de La Pampa durante el ultimo gobierno cívico-militar, Luis Baraldini. El beneficio, a pesar de la interpretación que hacían los abogados del movimiento pampeano por los derechos humanos, no se suspendió.

El recurso presentado por las querellas será analizado por la Cámara de Casación, que eventualmente podría expedirse y revertir el beneficio. El pasado 22 de septiembre el tof otorgó el arresto domiciliario a Baraldini porque tiene más de 70 años y dispuso que le coloquen una pulsera electrónica para controlar el cumplimiento.

La resolución lleva la firma del presidente del tribunal, Marcos Aguerrido y del juez José Mario Tripputi. El juez Pablo Díaz Lacava votó en disidencia porque consideró que no está firme el fallo de Casación que le otorgó el beneficio del arresto domiciliario porque tiene más de 70 años.

El tof y la Cámara de Bahía Blanca habían rechazado a fines del año pasado el pedido de arresto domiciliario. Pero el pasado 28 de junio la Sala III de la Cámara de Casación Penal firmó la resolución 607/17 haciendo lugar a un recurso interpuesto por la defensa de Baraldini y anuló esa decisión. El fiscal general de esa Cámara, Javier Augusto De Luca, interpuso un recurso extraordinario contra ese pronunciamiento. Sin embargo, el pasado 13 de septiembre los jueces Eduardo Rafael Riggi, Juan Carlos Gemignani y Carlos Alberto Mahiques lo declararon inadmisible y le pidieron al tof que “dicte un nuevo pronunciamiento con ajuste a las consideraciones efectuadas”.

Ante ese panorama, el tof sacó la resolución otorgando finalmente el arresto domiciliario. Los jueces Aguerrido y Tripputi interpretaron que no tenían posibilidad de hacer otra cosa. Sin embargo, el juez Pablo Díaz Lacava votó en disidencia, al entender que todavía queda la posibilidad de elevar un recurso de queja a la Corte Suprema de justicia para intentar invalidar el beneficio a Baraldini.

Mientras tanto, Baraldini está siendo sometido a un proceso en el que le están endilgando “asociación ilícita, genocidio, secuestros y torturas de 214 ‘víctimas’ en el juicio de la Subzona 14 II”.

El prisionero político fue indagado el pasado 14 de setiembre y el afirmó: “La Policía vigilaba y cuidaba a los pampeanos, estoy orgulloso de ellos”, reivindicando a sus compañeros de causa.

“En los cuatro años de jefe, nadie, ningún detenido, absolutamente, hizo una denuncia ante un juez. Y el Superior Tribunal y los jueces funcionaban”, declaró en la indagatoria.

“Nunca nadie me dijo ’tengo una cicatriz que me hizo un agente o alguien de la Policía’. Y yo recorría, y recorría bastante, y la Policía vigilaba y cuidaba a los pampeanos. Ellos se ponían los borceguíes y arriesgaban la vida por los pampeanos. Yo me sentía reconfortado por eso. Estoy orgulloso de ellos”, enfatizó.

“Yo tenía una obligación moral con todos los pampeanos”, “No hubo ni un desaparecido, ni un atentado explosivo, ni un contrabando de bebés como había en otras provincias. La Pampa era una provincia tranquila”, completó.