CNU: Perpetua para Castillo y absolución para Pomares

castillo y pomaresEn un extraño fallo,  el tribunal oral en lo criminal federal N° 1 de La Plata, integrado por Germán Castelli, Pablo Vega y Alejandro Esmoris, condenó a prisión perpetua a Carlos “el indio” Castillo y absolvió a José “Pipi” Pomares.

Ambos prisioneros políticos estaban siendo acusados por la orga de los ddhh de haber sido partícipes de la detención y muerte de cuatro personas ocurridas entre febrero y abril de 1976.

A Castillo lo acusaron de «participación directa» en la captura y muerte de Carlos Antonio Domínguez (presidente del Partido Justicialista de La Plata) y de la detención de Roberto Fiandor, hechos ocurridos el 12 de febrero de 1976; y por la detención y muerte de Leonardo Guillermo Miceli (PCR), el 19 de abril de ese año.

A Castillo, además, lo imputaron por la detención y muerte de los montoneros Néstor Hugo Di Notto y Graciela Herminia Martini y por la detención de otra pareja, hechos sucedidos entre el 3 y 4 de abril de 1976, por lo que también acusaban a Pomares.

Pomares fue absuelto porque el tribunal le otorgó el principio del beneficio de la duda, porque eliminó como prueba las fotografías y se ordenó la inmediata libertad.

El fallo provocó la ira de los familiares de las supuestas víctimas y de los parásitos que viven del curro de los derechos humanos, a tal punto hicieron escándalo en la sala que el tribunal tuvo que suspender la lectura de la sentencia y desalojar la horda salvaje del edificio en calles 8 y 50 de la ciudad de La Plata.

 

 

CNU: Las querellas rechazaron el pedido de nulidad de la defensa

justicia corrupta 10Las tres querellas en la parodia de juicio que se está escenificando contra los civiles Carlos Ernesto Castillo, alias “El Indio”, y Juan José Pomares, alias “Pipi”, sometidos a un ilegal proceso por primera vez en La Plata por las detenciones, apremios ilegales y muerte de varios subversivos ocurridas en esa ciudad antes y después del golpe de Estado de 1976, rechazaron el miércoles los pedidos de nulidad de los abogados defensores de los dos prisioneros políticos.

La izquierda judicial ha incluido en esta «causa» siete hechos ocurridos entre febrero y abril de 1976. Se trata de la detención y muerte de Carlos Antonio Domínguez (presidente del Partido Justicialista de La Plata), Leonardo Miceli (Montoneros), Néstor Di Notto (Montoneros) y Graciela Martini (Montoneros), y la detención de Roberto Fiandor, Daniel Pastorino y Ursula Barón.

En nombre de la liga argentina por los derechos del hombre y la unión por los derechos humanos de La Plata, Marta Vedio solicitó que se “rechacen las nulidades planteadas por la defensa” en relación con el reconocimiento fotográfico de los prisioneros políticos y los testimonios de las supuestas víctimas y familiares.

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Recordó que la nulidad de los reconocimientos fotográficos de los cautivos de la venganza terrorista “ya había sido rechazada por la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata. Estos reconocimientos son medida investigativa coherente con el testimonio” de los testigos Daniel Pastorino y Walter Martini, entre otros, “efectuados antes de que Castillo y Pomares fueran indagados”, sostuvo la abogada representante de estas organizaciones de izquierda.

Vedio rechazó los pedidos de nulidad de la defensa en relación con las comparecencias de los «testigos» ante el tribunal oral en lo criminal federal Nº 1, presidido por el juez Germán Castelli. “Acá no hubo testigos ajenos al debate”, dijo desafiante al único abogado defensor que asistió a la audiencia del miércoles.

“Los ‘testigos’ acreditaron la materialidad de los hechos ilícitos cometidos”, y aseguró “quedó probada la participación de los imputados en el marco de un ‘plan sistemático’ contra ‘una parte de la población’. Están plenamente acreditados los homicidios perpetrados por la ‘patota’ de Castillo y Pomares y el modus operandi de la CNU”, afirmó Vedio.

En la audiencia anterior, los defensores de Pomares, Oscar Salas y Juan Pesquera, demostraron que su defendido no era quien afirman las supuestas «víctimas» ya que mostraron al tribunal una foto del acusado tomada en 1977 en la Unidad 9, donde no tenía bigote ni pelo largo.

“Los hechos (imputados) fueron contextualizados de forma individual y genérica. Se identificaron en tiempo y espacio”, aseguró Griffo al rechazar los planteos de la defensa en relación a los cargos por homicidio. “Los alegatos de la fiscalía y de las querellas enmarcan los hechos en crímenes de lesa humanidad. La CNU actuó bajo el amparo estatal”, sentenció el abogado.

La defensa también hizo planteos de nulidad en relación al tiempo transcurrido para llegar a este juicio oral y público y los años de sus defendidos en prisión preventiva. A ello respondieron las abogadas Luz Santos Morón y Carolina Vilches, en nombre de la asociación de ex detenidos-desaparecidos.

“Si este juicio no tuvo lugar en años anteriores fue por las leyes de Punto Final, de Obediencia Debida y de Amnistía”, respondió Santos Morón. Para la abogada, “a lo largo del proceso iniciado en mayo pasado se presentó un conjunto de pruebas que demuestran de forma contundente la pertenencia a la CNU de los imputados y su participación en los hechos que aquí se ventilan”.

Vilches rechazó varias de las afirmaciones del defensor de Castillo, Fernando Buján, que desestimó el delito de «genocidio». La abogada volvió a reivindicar esa calificación legal para referirse a los supuestos delitos que les endilgan a Castillo y a Pomares.

“A las cosas se las llama por su nombre, y eso es responsabilidad de los ‘operadores’ de la justicia”, sostuvo Vilches con la impunidad que es propia de los representantes de organismos de ddhh. Tras ello, exigió “Solicitamos al tribunal que estos hechos sean considerados constitutivos de ‘genocidio’, que tiene sus consecuencias al día de hoy”.

¿Castelli es un juez imparcial?

La audiencia del día miércoles comenzó con palabras de reconocimiento del juez Castelli a Nilda Eloy, integrante del curro de los derechos humanos, fallecida días atrás. Este «reconocimiento» ¿es compatible con la imparcialidad que debe ejercer un juez? ¿O es una clara muestra de su favoritismo hacia uno de los platillos de la balanza de la «justicia»?

¿Como sigue este circo judicial?

El 27 de noviembre será el turno para la réplica de la defensa y la fiscalía, y dos días después se espera la sentencia del toc Nº 1.

 

Justicia que avergüenza: Agenda «de lesa» para la semana que comienza

61aee-justiciacomunistaPara satisfacción de los parásitos que viven del curro de los derechos humanos, hay intensa actividad en la puesta en escena de los ilegales «juicios de lesa» en la semana que se inicia.

En Ciudad de Buenos Aires, el lunes 6, el tribunal oral federal 3 continuará con las declaraciones de los «testigos» adoctrinados para la ocasión en el «proceso oral» al Comandante de Institutos Militares, Santiago Omar Riveros (de 93 años, uno de los prisioneros políticos más ancianos) y al Médico Raúl Eugenio Martín (79 años).

En ciudad de La Plata, también el lunes, continuarán los alegatos de las defensas en el «juicio oral y público» contra dos integrantes de la Concentración Nacionalista Universitaria (CNU), Carlos «El Indio» Castillo y Juan José «Pipi» Pomares.

En Jujuy, el lunes también, el tribunal oral federal proseguirá con en el «proceso» que han denominado «Morales y otros», donde son sometidos seis ex Policías provinciales.  Los prisioneros políticos son Arturo Rubén Morales, Ramón Sánchez, Francisco Lauralicio Díaz, Oscar Francisco Guzmán, Virgilio Sergio Aldana y Aida Isabel Ruiz.

En San Juan, también el lunes, proseguirá el tercer juicio «de lesa» que tiene a 21 prisioneros políticos imputados por supuestos hechos en jurisdicción del área militar 332, que dependía del III Cuerpo de Ejército.

En Córdoba, el martes 7, el tribunal oral federal 2 dará a conocer el veredicto en el primer juicio que se realiza en la provincia contra Antonio Sebastián Cornejo, Miguel Ángel Puga, Carlos Otero Álvarez y Ricardo Haro .

En los tribunales de San Martín, el martes también continuarán las audiencias del anticonstitucional juicio a los Militares retirados Rafael López Fader y Eduardo Alfonso, quienes son sometidos por primera vez a estos ilegales juicios «de lesa».

En Neuquén, también el martes, el tribunal oral federal 1 proseguirá recibiendo las declaraciones testimoniales en el quinto juicio «de lesa»  contra ocho ex Jefes Militares y de Fuerzas de Seguridad, que actuaron en la región durante la lucha contra el terrorismo. Los prisioneros políticos en esta «causa» son Oscar Lorenzo Reinhold, Gustavo Viton, Jorge Di Pasquale, Sergio San Martín, Jorge Molina Ezcurra, Jorge Soza y  Antonio Camarelli.

En Ciudad de Buenos Aires, el miércoles 8 continuarán escuchándose en los tribunales de Comodoro Py las últimas palabras de los acusados en el tercer tramo de lo que llaman «megacausa ESMA», proceso iniciado en 2012 que tiene a 54 prisioneros políticos cautivos.

En Santa Rosa, La Pampa, el miércoles 8, jueves 9 y viernes 10 continuará el segundo juicio que se realiza en la provincia que han denominado «Subzona 14 II», que somete a un anticonstitucional juicio a 18 prisioneros políticos entre los que se encuentran Militares y Personal Policial rehenes de la venganza terrorista.

En la ciudad de Mar del Plata, el jueves 9 continuará el juicio «de lesa» en el segundo tramo de la causa que llaman «Monte Peloni», con 29 de los 30 prisioneros políticos imputados, ya que uno de ellos fue apartado por su estado de salud.

En los tribunales porteños, el jueves 9, el tribunal oral en lo federal 6 continuará con las audiencias testimoniales en el juicio donde someten al ex Comisario Miguel Etchecolatz (uno de los cautivos con quien más se ensaña la izquierda terrorista) y a otros 8 prisioneros políticos.

En Mendoza, el jueves 9, el tribunal oral federal 1 continuará con las audiencias testimoniales en el proceso que han denominado «Causas unificadas» con 24 prisioneros políticos entre ellos, el anciano General Luciano Benjamín Menéndez, sometido hasta el hartazgo por la zurda vernácula.

También en La Rioja, el tribunal oral federal iniciará un nuevo juicio «de lesa» al General Luciano Benjamín Menéndez y a otros trece prisioneros políticos .

 

CNU: “Pipi” Pomares y su abogado que no se calla nada

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En la jornada del día lunes, la fiscalía y las querellas solicitaron al tribunal la condena a prisión perpetua para Pomares por el delito de «genocidio» por las muertes de Néstor Di Notto (Montoneros) y Graciela Herminia Martini (JP), y por la «privación ilegal de la libertad agravada y la aplicación de tormentos» contra Néstor Di Notto, Graciela Herminia Martini, Adelaida Ursula Barón (JP) y Hugo Daniel Pastorino (JP).

Pero llegó el alegato de Salas: “No puede desde ningún punto de vista hacerse responsable a Pomares de semejante delito que se le imputa y en consecuencia voy a pedir la absolución lisa y llana”, sostuvo ante el tribunal oral en lo criminal federal Nº 1 presidido por el juez Germán Castelli.

En su exposición, Salas expresó reiteradamente su desprecio por los llamados «juicios de lesa humanidad», donde (como en este caso) se produjeron numerosas irregularidades que sólo se permiten en los «juicios de lesa humanidad».

“Estos juicios son una trampa para muchos imputados”, sostuvo, antes de pedir la nulidad del reconocimiento fotográfico de Pomares y de todos los «testimonios» que se escucharon desde el inicio del «juicio», el 15 de mayo pasado. En particular, Salas refutó los dichos de Pastorino y Barón, y también de Walter Martini, hermano de Graciela, quienes declararon cuarenta años después de los hechos.

“Los relatos dicen irrealidades por el transcurso del tiempo, porque estos testigos después de cuarenta años se han ido contaminando con la vida misma y han ido incorporando ideas, conocimientos, sugerencias, consejos de «organizaciones de derechos humanos» y compañeros de militancia y han ido confundiendo lo que vivieron realmente en aquellos episodios”, sostuvo Salas. Hay testigos que han mentido, sentenció.

“Pastorino parece haber aprobado los cursos de alguna escuela de testigos, afirmó inclusive el abogado que descalificó también los «testimonios» de Horacio Urrera, Raquel Barretto, Luis Córdoba y Juan Carlos Arias.

Acá vienen y dicen cualquier cosa y no prueban nada, afirmó Salas.

El mismo abogado criticó en varias ocasiones al ex juez Carlos Rozanski “por ser un juez militante de los derechos humanos”, y cargó contra el “carnaval con cotillón que se hace fuera del edificio del tribunal los días de audiencia”.

El abogado se refirió a los problemas de salud de su defendido, cuestionando la negativa a su pedido de prisión domiciliaria. Reflexionó con indignación: “Estamos hablando de una vida humana”.

“Esta causa está plagada de dudas y consecuentemente voy a solicitar […] que tengan en cuenta las dudas y […] se absuelva a Pomares”, insistió Salas, que planteó, entre otras, “la duda que surge de que la CNU hubiera cometido delitos de lesa humanidad” y “de que Pomares haya pertenecido a la CNU”.

Salas calificó los alegatos de los abogados querellantes y del fiscal Juan Martín Nogueira y aseguró que “en todos ellos hay escasa prueba”. Afirmó que que el alegato de Marta Vedio fue “parcializado y descontexualizado” y que los alegatos de Carolina Vilches, Pía Garralda y María Luz Santos Morón fueron “demasiado políticos”.

“A Pomares se lo confunde. Negamos de plano todos los cargos”, sostuvo Salas.

 

“La historia universal está repleta de personas que han sido condenadas, han pasado veinte o treinta años en la cárcel y después de esa vida dentro de la cárcel, han sido declaradas inocentes”, sostuvo Salas en su alegato. “La historia universal está llena de gente que ha sido ejecutada […] y familiares y abogados han proseguido causas aun después de muerto y han sido declarados inocentes”.

“A esta altura ya no tengo análisis de conciencia por los delitos que defiendo, porque elijo lo que defiendo”, sostuvo Salas  y exigió “valentía al tribunal para dictar una absoluciónLes pido que no condenen a un inocente”, concluyó Salas a quien el presidente del tribunal  le respondió que no les tenía que advertir cuál es su tarea: “Vamos a dictar un veredicto como jueces de una democracia republicana”.

El otro acusado en este ilegal «juicio de lesa», Carlos Ernesto Castillo, alias “El Indio”, estuvo ausente en la audiencia del lunes.

 

La izquierda pide perpetua para dos integrantes de la CNU platense

comunismo muerteLas secretarías de derechos humanos de la provincia de Buenos Aires y de la Nación, se sumaron el lunes al pedido de prisión perpetua por delitos de lesa para Carlos Ernesto Castillo, alias “El Indio”, y Juan José Pomares, alias “Pipi”, como integrantes de la agrupación de ultraderecha y católica Concentración Nacional Universitaria (CNU) sindicados por la izquierda judicial como «coautores de cuatro muertes y siete detenciones de ‘militantes’ universitarios, barriales y sindicales del ‘peronismo revolucionario’ y de la izquierda» (terminología suavizada para referirse hoy a los terroristas que cometían sus crímenes y atentados durante el gobierno constitucional de María Estela Martinez de Perón, antes del golpe del ’76).

“Solicitamos que se condene a Carlos Ernesto Castillo, alias ‘El Indio’ a la pena de prisión perpetua […] por resultar penalmente responsable como coautor de los delitos de homicidio doblemente calificado […] cometido con alevosía con el concurso de dos o más personas en cuatro oportunidades, en perjuicio de Carlos Antonio Domínguez, Hugo Di Notto, Graciela Martini y Leonardo Miceli, sostuvo Facundo Dadic, uno de los tres abogados de esas secretarías, al término de un extenso alegato.

La pena requerida para Castillo incluye el delito de “privación ilegal de la libertad agravada por amenazas y violencias simulando autoridad pública en siete oportunidades en perjuicio de Carlos Antonio Domínguez, Hugo Di Notto, Graciela Martini, Leonardo Miceli, Ursula Barón, Daniel Pastorino y Roberto Fiandor, prosiguió el letrado.

“Solicitamos se condene a Juan José Pomares, alias “Pipi” a la pena de prisión perpetua […] por considerarlo coautor del delito de homicidio doblemente calificado cometido con alevosía con el concurso de dos o más personas en perjuicio de Hugo Di Notto y Graciela Martini; la privación ilegal de la libertad […] en perjuicio de Hugo Di Notto, Graciela Martini, Daniel Pastorino y Ursula Barón, agregó Dadic ante el tribunal oral en lo criminal federal Nº 1 de La Plata.

Ambas secretarías, una de las tres querellantes en este primer e ilegal juicio contra integrantes de la CNU en La Plata entre 1974 y 1976 con dos prisioneros políticos imputados en este tramo, consideraron que los cargos atribuidos a Castillo y Pomares –que no estuvieron en la audiencia“son delitos de lesa humanidad”.

En el alegato, pidieron al tribunal que remita al juzgado penal de turno los testimonios de los testigos que mencionaron como integrantes de la CNU a Patricio Fernández Rivero, Ricardo Calvo, Gustavo Fernández Supera, Juan Carlos Gomila y Antonio de Jesús para que “se investigue su posible participación en los crímenes cometidos por los miembros de la Concentración Nacional Universitaria entre los años 1974 y 1976”.

También pidieron que “las eventuales condenas sean cumplidas en unidades penitenciarias” y amenazaron con “nos reservamos el derecho de recurrir en Casación”.

El abogado Pedro Griffo, de la secretaría de derechos humanos de la Nación, fue quien inició el alegato de esta querella, haciendo especial hincapié en los ámbitos de intervención de la CNU: la Universidad Nacional de La Plata (facultades y colegios secundarios) y sindicatos, como ATULP (no docentes de la UNLP) y la Agremiación de Empleados de Reunión (trabajadores del Hipódromo), “donde la CNU actuaba con el respaldo estatal que les garantizaba impunidad”, una vez derrocado el gobernador Oscar Bidegain, reemplazado por su vice, Victorio Calabró, hombre de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

Griffo criticó la “fragmentación de las causas y el escaso número de imputados y víctimas que llegaron a este juicio. Es una porción muy chica de lo que hizo la CNU en La Plata”, sostuvo, antes de fustigar el accionar del Poder Judicial y de la Policía de entonces, que “nunca investigó”.

“El ‘plan sistemático’ de aniquilamiento de los ‘enemigos de izquierda’ y ‘peronistas revolucionarios’ no empezó el 24 de marzo de 1976”, afirmó, antes de indicar que “este plan comenzó el 20 de junio de 1973 con la masacre de Ezeiza. A partir de ese momento, la CNU empezó a estar detrás de numerosos atentados y ataques con bombas, irrupción en asambleas y asesinatos en la ciudad de La Plata”, que sin embargo «los medios de comunicación atribuían a la izquierda».

Según los abogados querellantes «los testimonios demostraron los vínculos de la CNU con el sindicalismo más ortodoxo, como la UOM, la CGT local, SUPE, SOEME, con sectores eclesiásticos, con el poder político de entonces, la Policía, el Ejército y la Justicia. También otras organizaciones de ultraderecha peronistas, como la Triple A y las 62 Organizaciones»

María Fernanda Barreca se refirió luego a las consideraciones del derecho internacional en lo referido a crímenes contra la humanidad. “Hace falta dominio fáctico […] y una política estatal de persecusión de sectores políticos”, sostuvo. “Los crímenes que aquí se juzgan son de lesa humanidad”, enfatizó la abogada, antes de referirse al artículo 7 del Tratado de Roma y de la Corte Penal Internacional (CPI).

La abogada se refirió a la sentencia que a fines de 2016 dictó el tribunal oral federal N° 1 de Mar del Plata en el primer proceso contra la CNU en el país, condenando, entre otros, a prisión perpetua al ex Fiscal Federal Gustavo Demarchi en un anticonstitucional juicio.

“En este debate oral ha quedado demostrado el ataque contra una parte de la población con anuencia del Estado por parte de la CNU, integrada por Castillo y Pomares, que cometieron delitos de lesa humanidad”, sostuvo. Al igual que sus colegas, la abogada subrayó: “son muchísimos los crímenes que cometió la CNU en La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca, pero son muy pocos los que llegaron a juicio”, y reclamó al Estado “su deber de cumplir con los acuerdos internacionales en la materia para juzgar delitos de lesa humanidad”.

 

La Plata: El próximo lunes comenzarán los alegatos por el juicio CNU

terroristasEl lunes 11 de septiembre el tribunal oral criminal federal Nº 1 comenzará los alegatos en el marco del ilegal  juicio en el que están sometiendo a Carlos Castillo y Juan José Pomares, acusados por supuestos hechos que habrían ocurrido en los días previos y posteriores al 24 de Marzo de 1976. Los defensores de los terroristas los acusan de ser miembros de la Concentración Nacional Universitaria (CNU).

A Castillo lo están acusando por una supuesta participación directa en la detención y muerte de Carlos Antonio Domínguez (presidente del Partido Justicialista de La Plata y dirigente gremial de los trabajadores del hipódromo de esa ciudad), Leonardo Guillermo Miceli (Montoneros) y en la detención de Roberto Fiandor, ocurridos en febrero y abril de 1976, respectivamente. En los dos casos, además, le suman una acusación de robo y violación de los domicilios, y por la detención y muerte de Néstor Hugo Dinotto (Montoneros) y Graciela Herminia Martini, y la privación ilegal de la libertad de otra supuesta víctima que dice haber sobrevivido. Por su parte, Pomares está acusado por su participación respecto de cuatro presuntas víctimas.

Este ilegal juicio se está escenificando ante el tribunal oral en lo criminal federal N°1, integrado por Pablo Vega, Germán Castelli y Alejandro Esmoris, en la sede de la calle 4 entre 51 y 53 de La Plata. Interviene la unidad fiscal federal integrada por los fiscales generales Marcelo Molina y Hernán Schapiro y el fiscal ad hoc Juan Martín Nogueira.

 

Sigue el curro: Comenzó en La Plata otra parodia judicial

justicia dineroCon un pequeño grupúsculo de organizaciones pro-terroristas: h.i.j.o.s., partido obrero, pts, mst nueva izquierda (muchas banderas pero apenas un puñado de personas) frente a los tribunales, se escenificó el lunes pasado en La Plata, la primer audiencia del juicio contra dos civiles que integraron la organización Concertación Nacional Universitaria (CNU). En esta oportunidad, el tribunal oral federal 1 de La Plata fue integrado por los jueces subrogantes Pablo Vega, Alejandro Daniel Esmoris y Germán Castelli.

Los acusados por la venganza subversiva  en esta ocasión son Carlos Castillo (64) y Juan José Pomares (62), quienes fueron trasladados desde el penal de Marcos Paz, donde están detenidos, hasta lo tribunales platenses, situados a unos 120 km del penal.

Castillo está acusado por su supuesta participación en la detención y muerte de Carlos Antonio Domínguez y por la detención de Roberto Fiandor, (febrero de 1976) y por la detención y muerte de Leonardo Guillermo Miceli (abril del mismo año).

Además lo están imputando por la detención y muerte de los militantes de izquierda Néstor Hugo Dinotto y Graciela Herminia Martini; y en la detención de Daniel Pastorino y Úrsula Barón, quienes fueron liberados.

Pomares, en tanto, llega a este juicio acusado por su supuesta participación en este último caso que abarca a cuatro personas.

Y los zurdos lo echaron a Jesús de la Sala…

jesus lloraLa querella de la asociación de ex detenidos desaparecidos conformada por las abogadas Luz Santos Morón del ceprodh, Pía Garralda de apel y Carolina Vilchez del colectivo de abogados la masa y parte del grupo justicia ya! solicitaron que se retire el crucifijo de la sala de audiencias con una insólita fundamentación. El tribunal por mayoría dio lugar al pedido.

La abogada Pía Garralda primeramente hizo referencia a que «la Iglesia Católica formó parte y tuvo un rol activo durante el genocidio».

Seguidamente, pontificó sobre «el principio de imparcialidad que debe estar presente en todos los aspectos que impliquen al ‘debate oral’ y esta sala pública de audiencias no está exenta». Argumento ridículo si se considera que las salas donde se escenifican «causas de lesa» están siempre plagadas de pañuelos blancos y carteles mostrando simpatía por una de las facciones en litigio.

Por otro lado se expuso que “las víctimas han expresado el agravio que implica para ellas tener que prestar su testimonio ante un símbolo religioso, no solamente por la discriminación frente al resto de los cultos religiosos o frente a quienes somos ateos, sino por lo que significa especialmente dicho símbolo. En primer lugar, por la vinculación directa entre la Iglesia Católica y la última dictadura cívico-militar. Fue en esta misma sala de audiencias que este mismo tribunal condenó al sacerdote Christian Von Wernich por 7 asesinatos. Sumado a ello, en la actualidad la cúpula de la iglesia se ha expresado abiertamente por la reconciliación entre las víctimas del genocidio y los genocidas, como así también, monseñor Aguer, sostuvo que el fallo de la Corte Suprema que estableció el beneficio de impunidad del 2×1 se ajusta plenamente a derecho ya que la aplicación de la ley más benigna no admite excepciones”.

Esta abogada fue más allá con sus dichos: «Este símbolo, a la manera en que lo hizo en la Inquisición, estuvo colocado en la mayoría de los CCD y Exterminio y fue usado para la justificación «moral» en los vuelos de la muerte».

La defensa de los prisioneros políticos se opuso al pedido argumentando centralmente que sus defendidos pertenecen al credo religioso católico, pero los jueces Pablo Vega y Alejandro Esmoris -serviles al marxismo ateo- votaron a favor de que se retire el crucifijo y el juez Germán Castelli votó en contra.

 

La Plata: Este lunes comienza un nuevo circo judicial

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Será ante el tribunal oral en lo criminal federal N° 1 de esa ciudad, integrado por los jueces Germán Castelli, Pablo Vega y Alejandro Esmoris. Los sometidos a esta nueva parodia judicial son Carlos Ernesto Castillo (65) y Juan José Pomares (62) en el marco de la «causa por crímenes de lesa humanidad Nº 34000009/2005/TO1», que han denominado “Castillo, Carlos Ernesto y otro s/ Homicidio Agravado p/ el conc. de dos o más personas”, conocida como CNU, en la cual están imputados Carlos Ernesto Castillo y Juan José Pomares.

El cirko continúa: El lunes arrancan 10 nuevos juicios de «lesa»

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Desde el lunes y hasta el 6 de octubre hay diez «juicios» programados en Santiago del Estero, Buenos Aires, La Plata y Jujuy.

Una decena de nuevas parodias de «juicios de lesa» se realizarán en todo el país en lo que resta del año, de no mediar postergaciones de último momento.

El lunes, en Santiago del Estero, comenzarán las audiencias de la que denominan Megacausa III, simulacro de  juicio en el que serán juzgados 12 presos políticos, encabezados por Musa Azar Curi, ex Jefe de los grupos de tareas de la SIDE en la provincia que llega a esta instancia con cuatro condenas a prisión perpetua por «delitos de lesa».

Los prisioneros políticos serán juzgados por los siguientes delitos que les endilgan los tribunales defensores de los derechos humanos de los terroristas: privación ilegítima de la libertad, tormentos, abuso sexual, asociación ilícita y homicidio calificado, entre otros, en prejuicio de 32 víctimas, ante los jueces Alicia Noli, José María Pérez Villalobo y Juan M. Ramos Padilla y con la intervención de la fiscalía general a cargo de Indiana Garzón.

En tanto, el martes 23 comenzará en la Ciudad de Buenos Aires, ante el tribunal federal 5, el juicio por la causa «Cittadini – Comisaría 28» (Buenos Aires), en el que se ventilarán las instancias del secuestro y desaparición de Ricardo Alberto Cittadini, militante de JUP, por lo que están acusando dos Policías: el Comisario Miguel Alcides Viollaz, un retirado que estuvo a cargo de la Comisaría 28 de Capital Federal durante el último gobierno cívico-militar, y el Sargento de la misma dependencia que detuvo a Cittadini, Nicomedes Mercado.

Desde el 29 de agosto a las 9, dos civiles que integraban la organización paramilitar Concentración Nacional Universitaria (CNU), Carlos «El Indio» Castillo y Juan José «Pipi» Pomares serán juzgados ante el tribunal oral federal 1 de La Plata, en la sede de la ex Amia.

El 5 de septiembre, ante el mismo tribunal y con la intervención de los fiscales Marcelo Molina, Hernán Schapiro y Juan Martín Nogueira, se iniciará el juicio de la causa que investiga la responsabilidad de los Coroneles del Regimiento 7 de La Plata, Lucio Carlos Ramírez y Orlando Miguel Ruarte por las muertes de los «jovenes idealistas» Dardo Cabo, Roberto Rufino Pirles, Ángel Giorgadis y Horacio Rapaport, y por la detención del Montonero Julio César Urien.

El 20 de septiembre se realizará ante el tribunal oral en lo criminal federal 1 de San Martín, con la intervención del fiscal general Marcelo García Berro, un nuevo juicio contra otro multicondenado preso político, Santiago Omar Riveros.

También el 20 de septiembre, el tribunal oral federal 2 porteño comenzará a juzgar crímenes de lesa que habrían sido cometidos en el circuito que conformaban los ex centros de detención Atlético, Banco, y Olimpo (ABO).

Este nuevo tramo de la causa ABO es la continuación del juicio que en 2009 el tribunal oral federal 2 condenó a 12 prisioneros políticos a prisión perpetua, cuatro recibieron 25 años y uno fue absuelto.

En la ciudad entrerriana de Paraná, el 26 de septiembre podría comenzar el juicio por la causa que los pro-terroristas han denominado «Céparo», a raíz de una denuncia realizada por una persona que asegura ser una ex detenida, en la que se detuvo y procesó a Ricardo Atilio Céparo, acusado por los derechohumanoides de integrar una «patota policial que realizaba secuestros y torturas a militantes» durante el último gobierno cívico militar, entre agosto y diciembre de 1976.

El 4 de octubre está fijada la fecha de inicio de un nuevo juicio por violaciones a los derechos humanos (¿?) que afirman los pro-terroristas habrían ocurrido en el centro de detención Automotores Orletti, a cargo del tribunal oral en lo criminal federal 1 de la Capital Federal, con la intervención del fiscal general de la unidad de asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos, Pablo Ouviña.

También el 4 de octubre, pero en La Plata, comenzará el juicio a ex Policías Federales que (según el relato de la historia parcial) participaron de un raid que, en pocas horas, acabó con la vida de tres personas y la desaparición de otras tres.

La trama se develó, aseguran, con el hallazgo del documento en el que el jefe del grupo pedía ascensos y felicitaciones para sus subordinados.

Finalmente, el 6 de octubre comenzarán, ante el tribunal oral en lo criminal federal de Jujuy, la audiencias del juicio de la denominada «Causa Burgos», relacionada con «La Noche del Apagón».