Entrevista a Eduardo Ramos, Preso Político Argentino

Eduardo Ramos, ex Oficial de la Policía de Santa Fe y detenido desde hace más de 21 años en el marco de los llamados delitos de Lesa Humanidad (siempre en cárcel común), nos actualiza sobre la actual situación de los presos respecto de la pandemia del COVID 19 en el Penal de Campo de Mayo, donde ya hubo 4 fallecidos.

No dejamos pasar la ocasión para conocer de cerca su historia en particular y nos encontramos con no pocas cuestiones reveladoras.

Con casi un tercio de su vida encerrado en una prisión, ¿cuáles son las cosas que más le preocupan hoy a Ramos, una persona que para la justicia argentina -y buena parte de la sociedad- es un «represor» o un «genocida»?

David Rey

 

Informar fallecimientos de cinco prisioneros políticos

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La Unión de Promociones informó el fallecimiento de cinco prisioneros políticos durante los meses de Julio y Agosto.

Lunes 06 de Julio de 2020 – Agente (R) Roberto Juan USINGER (Policía de la Provincia de Mendoza) – Fallecido 568

Miércoles 22 de Julio de 2020 – Coronel (R) Miguel Raúl GENTIL (Caballería – Promoción 81 – CMN),  de 89 años de edad – Fallecido 569

Jueves 23 de Julio de 2020 – Suboficial Mayor (R) Juan Domingo SALERNO (Policía de la Provincia de Buenos Aires) – Fallecido 570

Sábado 01 de Agosto de 2020 – Suboficial (R) Ramón Carlos VELASCO (Policía de la Provincia de Buenos Aires) – Fallecido 571

Viernes 07 de Agosto de 2020 – Oficial Principal (R) Carlos Alberto RAMALLO (Policía de la Provincia de Buenos Aires) – Fallecido 572

Expresamos nuestras sentidas condolencias a todos sus familiares, compañeros de Promoción, camaradas y amigos, rogándole al Señor, les conceda pronta y cristiana resignación.

 

El ex juez Caballero Vidal irá a “juicio” por “no promover una investigación penal”

caballero-vidal-1200x517El ex Juez Juan Carlos Caballero Vida irá a “juicio oral y público” acusado por los integrantes del curro de los ddhh de “no haber cumplido con su deber de investigar dos hechos ocurridos cuando se desempeñaba como juez penal en la provincia de Mendoza”.

Esta semana el juez federal Leopoldo Rago Gallo decidió elevar la “causa” al tribunal oral federal, luego que el año pasado, la Cámara Federal de Mendoza dictara la falta de mérito a las acusaciones que pesaban contra el ex integrante de la Corte de Justicia mendocina.

De esta manera, Caballero Vidal será sometido a un fraudulento proceso bajo la acusación de no promover una investigación penal por los supuestos apremios ilegales que habría padecido Héctor Cevinelli y por la muerte de Ángel José Alberto Carvajal, quien fue golpeado en el Penal de Chimbas hasta que falleció, hechos que ocurrieron durante los años de la lucha de las Fuerzas de Seguridad contra el terrorismo en San Juan. El delito que se le imputa, tipificado en el artículo 274 Código Penal, no tiene una pena privativa de la libertad, sino inhabilitación.

El abogado del ex Juez, Fernando Castro, le solicitó a Rago Gallo el sobreseimiento de su cliente por supuesta “asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad, robo agravado, tormentos agravados y amenazas” al abogado de una persona que estaba detenida, supuestos “delitos” a los que la Cámara mendocina le dictó falta de mérito.

La causa contra el ex Juez se originó en una “audiencia” realizada en 2017 durante el desarrollo del segundo “megajuicio de lesa” que finalizó el año pasado en esa provincia. El “testigo” Pedro Bayugar RELATO que fue abogado de Héctor Cevinelli y tras la detención de su defendido en marzo de 1977, presentó un habeas corpus ante Caballero Vidal, quien en esa época era el titular del Juzgado Nº6.

Ante dichas “declaraciones” y luego de abrirse la “investigación”, el fiscal federal Francisco Maldonado le imputó a Caballero Vidal una batería de supuestos “delitos” y pidió que se lo interrogara por el “caso Cevinelli” y también por Carvajal.

Rago Gallo pidió a la Legislatura que le quitara los fueros a Caballero Vidal, en ese entonces integrante de la Corte, a través de un juicio político, para poder indagarlo. Caballero Vidal decidió renunciar a su cargo y luego de ser indagado, el magistrado federal “lo procesó por una serie de delitos”.

 

La fiscalía federal de Resistencia impulsa un “juicio por la verdad” por la “masacre de Napalpí”

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Nuestros indignos “laburantes” de los ddhh están sacando de la galera una “nueva” e insólita “causa” por hechos ocurridos en el año… 1924!

Aunque cueste creerlo, la “unidad fiscal federal de derechos humanos” de Resistencia confirmó que solicitará a la jueza federal Zunilda Niremperger la realización de un “juicio por la verdad” sobre la matanza de aborígenes qom y mocovíes que ocurrió el 19 de julio de 1924, conocida como la “masacre de Napalpí”.

Los fiscales generales Federico Carniel y Carlos Amad, el fiscal federal Patricio Sabadini y el fiscal «ad hoc» Diego Vigay (todos integrantes de la agrupación política ultrakirchnerista justicia legítima) iniciaron una “investigación de oficio” y para concretar este “juicio por la verdad” solicitaron el pedido de exhumaciones por parte del equipo argentino de antropología forense (brazo científico del “curro” de los ddhh) ante la posibilidad de la existencia de fosas comunes en el lugar que hoy se conoce como Colonia Aborigen, a 120 kilómetros de Resistencia.

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Vigay informó que “la investigación iniciada en mayo de 2014 incluye la ‘toma de testimonios’ a sobrevivientes de la masacre como los ancianos Pedro Balquinta y Rosa Grilo y el ‘registro audiovisual’ de la abuela Melitona Enrique. Y así también la declaración de los hijos de Melitona y Rosa Chara, ‘construida a partir del relato oral’ de sus madres”.

En el “acta de apertura de la investigación” los fiscales consideraron que “en el caso particular de los ‘delitos de lesa humanidad’, la valoración del daño padecido por las víctimas de estos delitos y los efectos en las generaciones sucesivas, implican una ‘experiencia subjetivante’, que apunta a ‘restituir la dignidad’ de los sujetos o comunidades como parte fundamental del ‘proceso de reparación’ integral«.

Para justificar este disparatado “proce$o” declararon que “es necesaria la ‘búsqueda de la verdad‘ y el ‘ejercicio de la memoria histórica’ para que los hechos de violencia no se repitan, para establecer el por qué, cuándo y cómo se perpetraron las atrocidades, saber ‘quiénes son los máximos responsables de los crímenes’, y cuál es el origen y las motivaciones económicas, políticas o sociales que han conducido a su ejecución”.

Estos personajes dicen que “así se podrá demostrar el ‘carácter sistemático’ y señalar a quiénes se han favorecido y beneficiado con estos hechos de violencia, para que ‘se conozca públicamente el contenido integral de esta historia de horror’ y que se reconozca socialmente ($$$) a las ‘víctimas’ «.

Los militantes del curro de los derechos humanos prosiguieron con el repetido incansablemente “verso” de sus reclamos y su necesidad de darle un contexto aparentemente real al RELATO Oficial: “Entendemos que la ‘reparación’ debe contener la ‘recuperación de la memoria histórica’, la difusión pública y completa ‘de la verdad’ de los ‘crímenes perpetrados’ y la ‘dignificación’ de las víctimas”.

 

 

Sigue el “curro”: Comenzó en San Nicolás un nuevo “juicio de lesa”

dinero juicioEste miércoles 12 se inició el tercer “juicio de lesa” por presuntos hechos que habrían ocurrido en esa zona.

El anticonstitucional “proceso” estuvo a cargo del tof N° 1 de Rosario formado por los jueces Otmar Paulucci, Ricardo Moisés Vásquez y Germán
Sutter Schneider.

Se tratarán 16 “causas” en las cuales dicen que “investigarán hechos” relatados por 50 personas que se autodenominan “víctimas de secuestros, privación ilegal de la libertad e interrogatorios bajo tormentos” en la Dirección de Inteligencia (hoy Jefatura de la Policía de la provincia de Buenos Aires), en la ex Brigada de Investigaciones y en el ex Destacamento 101 de Investigaciones, señalados por los integrantes del curro de los ddhh como “centros clandestinos de secuestro, tortura y detención”.

Según dijeron desde la “mesa local de la memoria por la justicia de San Nicolás: «También el Cuartel del Batallón de Ingenieros de Combate 101 y la Unidad Penal N° 3 fueron ‘escenarios del horror’. Las “víctimas’ tuvieron distintos recorridos por varias unidades Penales del país: UP N° 9 de La Plata, Sierra Chica, Devoto, Olmos, Caseros y Rawson».

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Federico Schmeigel, director de la “comisión por la memoria” de la Provincia de Buenos Aires, estuvo presente en el “evento” y manifestó: «Es una instancia más en la consolidación de un camino que tiene muchos años y tiende a avanzar y a poder pensar las responsabilidades como también, buscar otros actores en quienes se debe poner el foco proceder en materia de delitos de lesa humanidad».

 

 

Monte Peloni II: Los 23 pedidos de condena

justicia dineroEn los últimos días, los fiscales finalizaron su alegato y solicitaron condenas para los 23 prisioneros políticos que llegaron a esta instancia  en el anticonstitucional “juicio de lesa” que han denominado “Monte Peloni” (Capítulo II).

A principios de esta semana los fiscales Ángeles Ramos (designada por CFK en 2015) y el fiscal federal de Necochea Juan Manuel Portela (Justicia Legitima), dieron a conocer los pedidos de pena contra los 23 prisioneros políticos a quienes les endilgan “robos, coacciones, privaciones ilegales de la libertad, violación, tormentos y homicidios” contra 45  presuntas “víctimas”.

LOS PEDIDOS DE PENA:

PRISIÓN PERPETUA: Roberto Jorge Casares, Osvaldo Miguel Guarnaccia, Horacio Rubén Leites (condenado en el primer capítulo de esta “causa” a 8 años), Argentino Alberto Balquinta, Roberto Manuel Fantini, Eduardo Héctor Bernadou, Héctor Rubén Rinaldi, Oscar José Bardelli y Julio César Tula.

25 AÑOS DE PRISIÓN: Walter Jorge Grosse (condenado en el primer capítulo de la “causa” a perpetua), Héctor Alberto González Cremer, Edgardo Mariano Viviani y Enrique Vázquez.

22 AÑOS DE PRISIÓN: Raúl Ángel Córdoba, Alberto Santiago Padilla, Román Valdecantos y Luis Alberto Juárez

21 AÑOS DE PRISIÓN: Carlos Alberto Muñoz

18 AÑOS DE PRISIÓN: Julio Néstor Cazaux

15 AÑOS DE PRISIÓN: Francisco Oscar Sarmiento y José Clemente Forastiero

10 AÑOS DE PRISIÓN: Juan Carlos Luján y Néstor Omar Vapore

Al inicio de este fraudulento “juicio” eran 32 los prisioneros políticos acusados por el curro de los derechos humanos, pero tres de ellos fueron apartados por razones de salud –Jorge Liberto Odorisio, Luis Oscar Calcagno y Luis Alejandro Seambelar– y otros fallecieron en cautiverio padeciendo este injusto “proceso” o también fueron apartados por incapacidad sobreviniente. Ellos son Juan Carlos Cabrera, Juan Carlos Gurrieri, Carlos Rubén Bruno, Carlos Alberto Saini, Roque Ítalo Pappalardo e Ignacio Aníbal Verdura-.

Un detalle “curioso” de este ilegal “juicio” fue el caso del ex Comisario Héctor Rubén Rinaldi -para que la fiscalía pidió perpetua- que había sido separado del proceso por razones de salud, pero en septiembre del año pasado el prevaricador tribunal ordenó que volviera a ser incorporado como procesado en el “juicio”, tal como lo exigieron el ministerio público fiscal y las “querellas”, luego de que en marzo de 2018, los servicios de inteligencia del curro de los ddhh lo fotografiaron mientras se encontraba comiendo en un restaurante de Olavarría.

Este “proceso” fue iniciado el 18 de agosto de 2017 cuando en el tof de Mar del Plata -con los jueces Alfredo Ruiz Paz, Víctor Bianco y Luis Imas – se comenzó a poner en escena el segundo capítulo de la “causa” que llaman “Monte Peloni”.

 

Falta de mérito a empresarios tucumanos acusados de “delitos de lesa”

La Justicia Federal de Tucumán dictó la falta de mérito a empresarios del Ingenio La Fronterita de esa provincia acusados de “complicidad” con el “secuestro” de 68 personas, 11 de las cuales permanecen “desaparecidas”.

Se trata de algunos administradores y directores de la firma José Minetti y Cía. Ltda. S.A.C.I. que controlaba la azucarera, y para dejarlos fuera de la causa el juez Daniel Bejas consideró que los acusados actuaron por temor.

El fiscal federal Pablo Camuña (integrante de la agrupación política ultra kirchnerista justicia legítima) informó la decisión judicial en su cuenta de Twitter y adelantó que el ministerio público fiscal apelará el fallo.

Esta “causa” comenzó en abril del 2018, cuando el fiscal federal Pablo Camuña, titular de la sede tucumana de la “procuraduría de crímenes contra la humanidad”, solicitó al juez Bejas que indague y detenga con prisión preventiva a seis empresarios (los cuales no fueron dados a conocer sus identidades) que estuvieron al mando del ingenio por considerarlos “cómplices de los secuestros, torturas y desapariciones” de obreros de la fábrica, familiares de ellos y vecinos.

Las supuestas “víctimas” serían 44 trabajadores del ingenio, de los que 34 vivían en las colonias de la empresa. Buena parte de ellos integraba el Sindicato de Fábrica y Surco del Ingenio La Fronterita (SFSIF) afiliado a Fotia, y 51 habrían estado detenidos en el predio de la empresa.

 

Córdoba: Difunden fundamentos del fallo que condenó a nueve prisioneros politicos

El tribunal oral en lo criminal federal n.°1 de Córdoba, integrado por los jueces Julián Falcucci (presidente), Jaime Díaz Gavier y José Fabián Asís, dio a conocer este miércoles los fundamentos de la “sentencia” dictada en el marco “causa Montiveros Guillermo Antonio y otros p.ss.aa. Homicidio Agravados con ensañamiento –alevosía “(Expte. FCB 35022545/2012/TO2) (ex-Soria) y su acumulada “Del Prado Raúl Oscar s/homicidio agravado con ensañamiento – alevosía” (Expte. 39852/2017/TO1).

En el fraudulento “debate” fueron condenados cinco prisioneros políticos a prisión perpetua, cuatro recibieron penas que van desde los 2 a los 9 años de prisión, resultando absueltos ocho acusados.

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Mañana comienza el circo judicial «contraofensiva montonera»

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El “juicio de lesa” que han denominado «Contraofensiva Montonera» comenzará mañana y allí serán sometidos nueve prisioneros políticos por “privación ilegal de la libertad, tormentos y asesinatos”  contra 94 presuntas “víctimas”, entre los años 1979 y 1980.

La Contraofensiva Montonera fue la convocatoria que realizó la dirigencia de esa agrupación terrorista desde el exilio a subversivos que estaban en diferentes países y también en la Argentina con el fin de realizar acciones armadas guerrilleras en contra del Proceso de Reorganización Nacional y del pueblo argentino.

Esta parodia judicial comenzará a las 9, y estará a cargo del tribunal oral federal N°4 de San Martín, ubicado en la calle Pueyrredón 3728, a cargo de la fiscal Gabriela Sosti.

Sosti RELATO a la prensa que «los agentes que serán juzgados son los que participaron del sistema de inteligencia y creemos que se va a poder constatar cómo se manejó, con otra lógica, el ‘sistema de exterminio’, y muestra cómo eso atravesó las fronteras».

«Esta causa lo que va a hacer es mostrar cómo el ‘plan de exterminio’ fue global, y ampliará un poco el escenario sobre ese punto, a diferencia de los otros ‘juicios’ de lesa humanidad», RELATO la representante del ministerio público fiscal.

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Juicios de lesa: Hay más de 600 “causas” en trámite

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La procuraduría de “crímenes contra la humanidad” (pcch) dio a conocer el estado de situación de los “procesos judiciales” que se están escenificando en todo el país.

“Al 15 de marzo último, de un total de 611 causas en trámite, el 40 por ciento se encuentra en etapa de instrucción, el 36 por ciento obtuvo sentencia, el 17 por ciento tiene elevación a juicio y sólo el 2 por ciento está actualmente en juicio oral”, informaron. Si bien a la fecha se encuentran en “juicio” 14 “causas”, entre febrero y marzo de 2019, se pospuso al menos el inicio de tres “juicios”, a saber: el que han denominado “Lona capítulo II” en Salta, “Chavanne” en Capital Federal, y “Mercedes Benz” en San Martín.

De 611 “causas” en trámite, el 40 por ciento se encuentra en “etapa de instrucción”, el 36 por ciento obtuvo “sentencia”, el 17 por ciento tiene “elevación a juicio” y sólo el 2 por ciento está actualmente en “juicio oral”.

Asimismo, persiste un número estable de “causas en etapa de instrucción”, lo que significa que 4 de cada 10 “causas” que hoy están en trámite tienen aún por delante prácticamente todo el recorrido del “proceso penal”.

En el mismo sentido, las trayectorias temporales muestran que insume un promedio de cinco años la “tramitación de una causa” entre su radicación ante tribunal oral, la realización del “juicio” y la “sentencia definitiva”. Tomando en consideración estos promedios, y aun suponiendo que las 244 causas que hoy están en etapa de instrucción sean “elevadas a juicio” durante 2019 podría estimarse que continuarán en trámite al menos hasta 2025. Por otra parte, se evidencia una demora de más de tres años en las instancias recursivas, lo cual implica que, aun habiéndose realizado el “juicio”, existe una considerable demora hasta la confirmación de las “sentencias dictadas”.

Detalla que continúa reduciéndose el número de personas detenidas, con el descenso a un total de 977 a marzo de 2019. Además, se consolidó el arresto domiciliario como forma de detención predominante.

En cuanto a la condición de libertad o arresto de las personas “investigadas”, los datos muestran que continúa reduciéndose el número de personas detenidas, con el descenso a un total de 977 a marzo de 2019. Además, se consolidó el arresto domiciliario como forma de detención predominante. Es decir, del total de personal detenidas, 650 se encuentran en prisión domiciliaria, 252 en unidades del Servicio Penitenciario Federal y 75 en otros establecimientos penitenciarios (74 en la Unidad Penal que funciona en el predio de Campo de Mayo, y la restante en dependencias de Gendarmería Nacional).

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