La Cámara Nacional rechazó el 2×1 para el Coronel Waldo Roldán

La Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal confirmó hoy el rechazo al pedido de un prisionero político  de 84 años para que se le aplique el beneficio del 2×1.

ariel lijo
Ariel Lijo, el implacable defensor de Montos y Erpianos

La Sala II de ese tribunal ratificó de esta manera la decisión del juez Ariel Lijo, quien en tres oportunidades desestimó el planteo de la defensa del Coronel (R) Waldo Roldán (84 años), condenado a 23 años de prisión por la justicia prevaricadora.

DUEÑOS DE LA VIDA Y DE LA MUERTE DE LOS PRISIONEROS POLÍTICOS

Irurzun Martín y Farah Eduardo
Los verdugos Martín Irurzun y Eduardo Farah

La decisión lleva la firma de los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, quienes se muestran inflexibles en su decisión de condenar al Coronel Roldán a morir en prisión. Para justificar su injustificable decisión argumentaron que “siendo las víctimas ‘desaparecidos’, los delitos cometidos eran ‘permanentes’, por lo que no se puede aplicar el beneficio de la ley”.

El Coronel Roldán había pedido que se computara como doble el tiempo que pasó con prisión preventiva, basándose en la sentencia de la Corte Suprema que había fallado a favor de Luis Muiña ante el mismo pedido.

“Es deseable y conveniente que los pronunciamientos de esta Corte sean debidamente considerados y consecuentemente seguidos en los casos ulteriores, a fin de preservar la seguridad jurídica, explicó Irurzun en su resolución, publicada por el Centro de Información Judicial (CIJ).

Sin embargo, el magistrado resaltó que “la decisión del máximo tribunal no es absoluta ni rígida y  pueden existir causas suficientemente graves, como para hacer ineludible tal cambio de criterio”.

Estos jueces que hoy depositan a los prisioneros políticos en “cárcel común” como hace 40 años atrás los terroristas ejecutaban sus crímenes en las “cárceles del pueblo”, pretenden excusar sus incalificables fallos afirmando que “Hay ‘motivos fuertes’ para asumir que, en materia de ‘delitos permanentes’ calificados como de ‘lesa humanidad’, existe una afianzada doctrina de la propia Corte Suprema que descarta la aplicación de la ley penal más benigna en casos de modificaciones normativas producidas durante la ejecución del hecho”.

 

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