La discusión jurídica tras el fallo Muiña

Las partes deben expedirse, en los juicios por delitos de lesa humanidad que la Corte aún tiene en trámite, sobre la nueva ley dictada por el Congreso

Por Carlos E. Hartmann

Corren los plazos legales para que los defensores, las querellas y fiscalías se pronuncien sobre la aplicación de la norma “interpretativa” (27.362) sancionada de urgencia por el Congreso, el 10 de mayo último, luego de la fuerte reacción originada por el fallo de la Corte Suprema en la causa Luis Muiña.

Se trata de un nuevo marco jurídico para los juicios por delitos de lesa humanidad que el alto tribunal aún tiene en trámite, tras aplicar en el expediente caratulado “Bignone, Benito A. y otro s/recurso extraordinario”, el beneficio del “2 x 1” en favor de un ex integrante del comando paramilitar interno del Hospital Posadas -Haedo-, condenado en 2011 a trece años de prisión, por su actuación durante la lucha antisubversiva.

Varios Tribunales Orales, aunque también existen decisiones en contrario, ya decidieron no aplicar la doctrina de la Corte sobre el “2 x 1” , conforme la cual cada día de prisión sin condena firme debe computarse doble. La nueva ley -avalada por el oficialismo y la oposición en ambas cámaras legislativas- establece, entre otros aspectos, que el cálculo de ese beneficio procesal no es factible si se trata de “conductas delictivas que encuadren en la categoría de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, según el derecho interno e internacional”.

Frente al cambio normativo impulsado por vía parlamentaria, y ante la posibilidad que oportunamente la Corte dicte un nuevo fallo -después de otorgar, por intermedio de la secretaria penal a cargo de Esteban Canevari “vista” por diez hábiles a cada una de las partes-, “La Prensa” requirió la opinión de Javier Leguizamón, ex subsecretario de Justicia y Culto de la provincia de Santa Fe. El entrevistado lleva adelante, como abogado defensor, dos causas paradigmáticas de la violencia de los años 70: la muerte del Coronel Argentino del Valle Larrabure y el asesinato del Capitán Humberto Antonio Viola y su hija de tres años.

Se reproducen a continuación los tramos más salientes del diálogo:

-¿Cómo evalúa Usted la actitud del Congreso, al dictar de urgencia la nueva ley 27.362? A su vez, ¿considera que, frente al cambio normativo, el máximo tribunal del país podría variar, en las restantes causas judiciales aún en trámite, la postura que tuvo en el caso Muiña?

-Coincido con la declaración de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires. Esta entidad destaca que la aplicación de la ley penal más benigna regulada en el art. 2° del Código Penal es una garantía constitucional que debe respetarse en cumplimiento del art. 18 de la Constitución Nacional , el art. 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el art. 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, normas que no pueden ser desconocidas por la clase dirigente. Más allá del disgusto que la aplicación de la ley del “2 x 1” pueda generar en cierto sector de la sociedad, esa ley debe cumplirse y respetarse. Pedir el juicio político de los jueces de la Corte que constituyeron (en el caso Muiña) la mayoría, me parece un grave desatino. La Constitución Nacional veda a los integrantes del Poder Ejecutivo inmiscuirse en causas en trámite. Confío en que los jueces Rosatti, Rosenkratz y Highton de Nolasco mantendrán su criterio, pues la ley 27.362 dictada por el Congreso ha culminado dándoles la razón. Resulta curioso que se dicte una ley para “interpretar” una antigua ley (la 24.390, del “2 x 1”) que había sido aprobada en 1994 y derogada en 2001. Dado que la norma derogada no preveía ninguna clase de distinción (en cuanto al tipo de delitos), continúa, a mi entender, siendo la ley más benigna y podría seguir siendo invocada.

-La oficina para América del Sur del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, con sede en Santiago de Chile, instó a la Corte Suprema argentina, a raíz del fallo en el caso “Muiña”, a cumplir los compromisos internacionales. Por intermedio de su representante, Amerigo Incalcaterra, ese organismo señaló que la aplicación de la ley más benigna debe contemplar los estándares y las normas internacionales. ¿Usted qué opina?

-Las normas internacionales no excluyen la aplicación de la ley penal más benigna. La Convención Americana de Derechos Humanos, no sólo dispone en su art. 7 que toda persona tiene derecho a ser juzgada en un plazo razonable, sino que además, en su art. 9, consagra los principios de legalidad y de retroactividad (de la ley penal posterior más favorable), estableciendo que nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello. Como puede verse la posibilidad de aplicar la ley penal más benigna está especialmente consagrada, sin distinción alguna. En igual sentido se expide el Estatuto de Roma (1998). Por ello el fallo de la Corte del martes 3 de mayo último (caso Muiña), fue legalmente correcto.

-Siempre conforme el mencionado organismo internacional (ONU), los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, porque agravian no sólo a las víctimas sino a todos los seres humanos. No pueden asimilarse a delitos comunes. Su gravedad requiere una sanción proporcional. En ese contexto, un grupo de expertos (de la ONU) solicitó al máximo tribunal que revise su fallo.

-Donde la ley no distingue no corresponde a los jueces distinguir. Ellos tienen que aplicar la ley, no crearla. Están obligados a respetar el principio de igualdad. En todo caso, la responsabilidad no es de los jueces, sino de los legisladores que debieron efectuar las distinciones que hoy tardíamente han establecido, o abstenerse de dictar una ley como la que hoy (en relación al “2 x 1”) cuestionan.

CRÍMENES DE LA GUERRILLA

-Usted actúa como defensor en el caso impulsado por Arturo Cirilo Larrabure, hijo del Coronel Argentino del Valle Larrabure (ex subdirector de la fábrica militar de Pólvora y Explosivos de Villa María, Córdoba). Este Oficial del Ejército, tras ser secuestrado por el ERP, y estar 372 días detenido en una “cárcel del pueblo”, murió en agosto de 1975. Según los voceros del ERP, Larrabure se habría suicidado. En cambio el informe de los peritos sostuvo lo contrario. ¿Qué fue lo que ocurrió?

-Un hombre que sostenía su espíritu cantando el Himno Nacional, que se negó a canjear su libertad por la fabricación de explosivos (tal como le exigió el ERP), y que perdonó a quienes lo habían secuestrado y torturado, no se quiebra. Nadie puede poner en duda cómo murió Larrabure. Los peritos del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema, doctores Lossetti y Cohen, juntamente con el titular de la Cátedra de Medicina Legal de la UBA, Luis Kvitko y el perito de partes, Enio Linares, por unanimidad han concluido que el Coronel Larrabure fue estrangulado, encontrándose indefenso al momento de su muerte.

-¿Cómo continúa, Dr. Vigo Leguizamón, esa batalla jurídica?

-La causa Larrabure tiene hoy once cuerpos y se encuentra próxima a instancias definitorias. Han declarado prominentes testigos, los cuales ratificaron que las organizaciones guerrilleras, durante un período constitucional, realizaron un ataque sistemático a la población civil para imponer un régimen marxista, y destruir la república. Con los testimonios del último edecán de Perón, coronel Carlos Corral, su médico personal, Dr. Pedro Cossio, de Antonio Cafiero, Julio Bárbaro, Carlos Ruckauf, Claudia Rucci, etc., y abundante prueba documental, hemos demostrado el plan criminal de la guerrilla; la existencia de un conflicto armado interno; y tres cosas esenciales, a saber: 1) Que los crímenes de la guerrilla son de lesa humanidad; 2) Que de haber triunfado la guerrilla hubiera ocurrido una masacre, como acaba de reconocerlo Luis Labraña (ex militante de Montoneros), al revelar que hubieran fusilado como en España, o como Stalin; 3) Que el terrorismo guerrillero fue de Estado, no sólo porque contó con el apoyo del Estado cubano, sino también del Estado argentino. Debemos recordar que luego del ataque del ERP al regimiento de Azul, en enero de l974, Perón denunció que no por casualidad hechos de esa naturaleza ocurrían en determinadas jurisdicciones, y provocaron pocos días después la renuncia del gobernador de Bs. As., Oscar Bidegain, y del de Córdoba, Obregón Cano. Al declarar en la causa, José Pablo Feinmann admitió que Bidegain protegía al ERP. En el debate mantenido el 24 de marzo último, entre Julio Bárbaro y el periodista Marcelo Larraquy, en el programa “Intratables”, dijo Bárbaro, disipando toda duda: “Yo traje a los guerrilleros del Trelew. A los erpianos. A los noventa días los erpianos nos comunican oficialmente que retoman las armas; a los noventa días; van tomando gobernación por gobernación, y empieza el conflicto.”.

¿ENEMIGO O ADVERSARIO?

-En 2001 se editó, con prólogo de Félix Luna, “Amar al enemigo”. En ese libro, Usted consideró que era posible llegar a una reconciliación entre los argentinos. ¿Cuáles son las razones por las cuales es tan difícil convertir al enemigo de ayer en el adversario de hoy?

-Lo adjudico a la banalización de los derechos humanos efectuada por muchos dirigentes políticos, preocupados por difundir el falso relato de la memoria, en vez de un juicio histórico crítico riguroso que rescate el sagrado valor de todas las vidas y saque a la luz la culpa de los responsables ocultos del drama. No hemos sido capaces de educar en la verdad completa. Sin embargo, genera esperanza saber que algunos de los que combatieron entre sí, están conversando. Esperemos que las autoridades políticas y religiosas comprendan cuán necesario es reconciliar la Patria.

INDULTOS

Ante la severidad con que distintos sectores criticaron el fallo de la Corte en el caso Muiña, el Dr. Vigo Leguizamón concluyó: “Les pediría releer el decreto 1003/89, firmado por Menem, Bauzá, y Luder. Entre los terroristas indultados por ese decreto se encuentran Francisco Antonio Carrrizo, José Martín Paz, Rubén Jesús Emperador, Fermín Angel Nuñez. Son los mismos que un mes de diciembre de 1974, como autores directos o mediatos, destrozaron la cabecita de María Cristina Viola, de tan solo tres años; hirieron gravemente a su hermana, María Fernanda de cinco; asesinaron al padre de ambas (el Capitán Humberto Antonio Viola), todo en presencia de María Cristina Picón de Viola, embarazada de cinco meses. Ellos no sólo gozan de su libertad desde hace casi veinte años; son querellantes en la causa donde se investiga lo actuado en el Operativo Independencia. No podemos alarmarnos de la aplicación del “2×1″ mientras los asesinos de la familia Viola están libres”.

La Prensa

 

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