¿Derechos Humanos?  ANSES suspendió la Pensión Honorífica a Veteranos de Malvinas condenados por “lesa”

manos prision
En base a una solicitud efectuada en noviembre de 2015 por los entonces titulares de la unidad fiscal de investigaciones de delitos de la seguridad social (ufises), los militantes ultrakirchneristas de la agrupación política justicia legitima, Gabriel De Vedia y Josefina Minatta, para que se reviera el otorgamiento de la “Pensión Honorífica al Veterano de la Guerra del Atlántico Sur” a prisioneros políticos perseguidos por el ala mas retrógrada de la izquierda enquistada en el poder judicial, la ANSeS resolvió suspender preventivamente el beneficio concedido a cinco prisioneros políticos condenados, mientras estudia el caso de otros veinticuatro cautivos de la venganza montonera.

josefina minatta gabriel de vedia Josefina Minatta y Gabriel de Vedia

Castigados por defendernos del enemigo

La Ley 23.848, sancionada el 27 de septiembre de 1990, dispuso el otorgamiento de una Pensión Vitalicia a Combatientes, Conscriptos y Civiles que hubieran participado en efectivas acciones bélicas de combate en el conflicto del Atlántico Sur, entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982. Tal norma fue modificada por la ley 24.652 e incluyó a los ex Soldados Conscriptos y los Civiles que estuvieron destinados al área del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur –aunque no hubieran participado del combate- mientras que, en 1997, la ley 24.892 extendió el derecho a percibir pensión vitalicia a los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que se encontraban en situación de retiro o baja voluntaria.

Por su parte el Decreto 1357/2004 estableció que los Veteranos de Guerra que hubieran sido condenados por “violaciones a los derechos humanos” de los terroristas, entre otros, no podían ser beneficiarios de las Pensiones Honoríficas de Malvinas.

A partir de la “investigación” desarrollada por la ufises “pudieron constatar que muchos de los beneficiarios de la pensión estaban implicados en delitos de lesa”, definición que utilizan para describir hechos que habrían ocurrido mientras se desarrollaba la lucha contra el terrorismo apátrida que pretendía tomar el poder e izar un trapo rojo en lugar de nuestra celeste y blanca.

Con el objetivo puesto en desposeer a los prisioneros políticos no sólo de su libertad, sino también de sus ingresos con los que se sustentan sus familias -y así destruirlos moralmente-, los fiscales Minatta y De Vedia solicitaron a la ANSeS que para el caso de los condenados se dispusiera la baja definitiva del beneficio y para los procesados y los prófugos, se les suspendiera provisoriamente hasta tanto se resuelva su situación procesal o se presenten ante la justicia (aún a sabiendas que serán privados de su libertad injustamente e ilegalmente).

Por esta razón, y en base a estos requerimiento, la ANSeS resolvió suspender preventivamente la pensión honorífica otorgada a los Militares Ángel Ricardo Pezzetta, Carlos del Señor Hidalgo Garzón, Julio César Fulgencio Falcke, Juan Daniel Rauzzino y Anselmo Pedro Palavezzati.

Durante la Guerra de Malvinas, Pezzetta se desempeñó como Vicecomodoro de la Fuerza Área Argentina, Falcke estuvo destinado como Capitán de Corbeta en el A.R.A. “Comodoro Somellera”, Rauzzino y Palavezzati intervinieron en el conflicto como Teniente Coronel del Ejército, al tiempo que Hidalgo Garzón revestía el grado de Mayor en dicho cuerpo. Ellos participaron -al igual que todos los uniformados en funciones- en el combate contra el terrorismo armado, pero sólo con ellos se han ensañado.

Así, el 21 de abril de 2015, en un simulacro de juicio en el que intervino el fiscal general Rafael Vehils Ruíz, el tribunal oral federal de La Rioja condenó a Ángel Ricardo Pezzetta –quien se desempeñó como Alférez en la Base Aérea Celpa de la ciudad riojana de Chamical- a la pena de prisión perpetua acusándolo por el “homicidio agravado por el concurso de dos o más personas, privación ilegítima de la libertad y tortura de los curas tercermundistas y ligados a la organización armada Montoneros, Carlos de Dios Murias y Gabriel Longeville, en la causa que los ateos admiradores del comunismo denominaron “Los mártires de Chamical”.

Juan Daniel Rauzzino, el tribunal oral criminal de Catamarca lo condenó a 16 años de prisión endilgándole ser “partícipe necesario” en las muertes de Julio Genaro Burgos, Griselda del Huerto Ponce, Nelly Yolanda Borda y Francisco Gregorio Ponce (todos vinculados a montoneros) detenidos en Catamarca y –según los testigos contratados para la ocasión- que fueron vistos por última vez en centros de detención de la provincia de Tucumán. Pero, no conformes con ese “correctivo” de 16 años en prisión, la sala II de la cámara federal de casación penal elevó a prisión perpetua la condena dictada al ex Jefe de la Policía de la Provincia de Catamarca en el marco de lo que denominaron causa “Ponce Borda I”.

En febrero de 2016, el ex Jefe de Contrainteligencia de la Base Naval de Mar del Plata, Julio César Falcke, fue condenado a prisión perpetua por el tribunal oral federal marplatense en la payasada jurídica que denominaron “Megacausa Base Naval” donde se desarrolló una parodia de juicio en la que dicen haber juzgado “crímenes cometidos contra 123 personas que -según el relatopasaron por los centros de detención que funcionaron en la Base Naval, en la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina y en la Prefectura Naval Argentina de Mar del Plata”.

Los otros prisioneros de la venganza terrorista son Carlos del Señor Hidalgo Garzón y Anselmo Pedro Palavezzati, quienes fueron condenados a prisión perpetua por el tribunal oral federal de La Plata por supuestos hechos contra 127 personas que habrían pasado por el centro de detención “La Cacha”, en La Plata. Según el cuento de los ddhh, “este lugar era controlado por el Cuerpo de Inteligencia del Ejército y en él también actuaron miembros de la Armada y el Servicio Penitenciario Bonaerense”. Como si no tuvieran suficiente, los defensores de los terroristas, están organizando otro proceso en el que ambos Militares serán sometidos nuevamente  por supuestos hechos que habrían ocurrido en el “Pozo de Banfield”.

El Mayor Carlos del Señor Hidalgo Garzón también fue condenado en 2013 junto a su esposa, por el tribunal oral federal N°3 de San Martín, por la apropiación y supresión de identidad de una menor que crió como su hija y que hoy, gracias al accionar de organizaciones de ddhh expertas en manipular conciencias, repudia a sus padres de crianza y los llama “mis apropiadores”. Como se puede observar, en el caso de este Militar, los defensores de los criminales terroristas no sólo destruyeron su vida, también destrozaron su familia, y ahora, no conformes con todo el daño causado, van por su pensión.

Anselmo Pedro Palavezzati, también espera ser sometido a juicio oral y público en la causa en la que dicen investigar “los crímenes contra 192 personas” que habrían ocurrido en el centro de detención que funcionó en los cuerpos de Infantería y Caballería de la Policía Bonaerense –donde se desempeñaba como miembro del Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército en La Plata- y por otros 125 casos del centro de detención Pozo de Quilmes, que -según el relato– funcionó en la Brigada de Investigaciones de dicha jurisdicción bonaerense.

Próximos Prisioneros Políticos que serán excluidos del beneficio

Como en el caso de Pezzetta, Falcke, Rauzzino, Palavezzati e Hidalgo Garzón, la Dirección de Detección de la ANSeS analiza quitarles el beneficio a otros veinticuatro Militares que intervinieron en la Guerra de Malvinas, pero que también están involucrando en “delitos de lesa”.

Tal es el caso de Julio César Binotti, Rodolfo Oscar Cionchi, Francisco Lucio Rioja, Juan Arturo Alomar, Carlos Eduardo Daviou y Miguel Ángel García Velasco, quienes son sometidos a un ilegal proceso que llaman “Megacausa ESMA Unificada”. También Ricardo Guillermo Corbetta, quien fue declarado incapaz, en 2008.

Por su parte, Rafael Francisco Bitti -quien se desempeñó como Subteniente del Regimiento de Infantería de Montaña 11 con asiento en el departamento de Tupungato, provincia de Mendoza, y como Teniente Coronel del Ejército Argentino durante el conflicto bélico de Malvinas- ha sido imputado como autor material de “privación abusiva de la libertad agravada y tormentos agravados en un caso”, en lo que llaman “Megacausa San Rafael”.

Durante la Guerra de Malvinas, Delsis Ángel Malacalza era Teniente Coronel del Ejército y actualmente está detenido con prisión domiciliaria “en el marco de la pesquisa por los ‘vuelos de la muerte’ del Batallón 601”.

Otro prisionero político investigado por la justicia protectora de los terroristas por supuestos hechos que habrían ocurrido en el Batallón de Comunicaciones del Comando 601 de City Bell,es  Eduardo Enrique Barreiro –quien revistió como Capitán del Ejército en Malvinas-

El General Brigadier Omar Edgardo Parada quien participó en el conflicto bélico, también es investigado por haberse desempeñado como Jefe del Regimiento de Infantería de Monte 28 en el marco del Operativo Independencia.

También, Julio Santiago Canteros –quien revistió como Coronel en el Ejército durante la guerra del Atlántico Sur-, fue enjuiciado en Corrientes en el marco de la “causa Ligas Agrarias”.

En esta cacería encarnizada contra quienes nos defendieron del terrorismo, también será sometido a un proceso el ex miembro de la Fuerza Aérea, Miguel Ángel Cancrini con la excusa de investigar hechos que habrían ocurrido en el centro de detención “La Escuelita” de Neuquén.

Otro prisionero político víctima de la venganza montonera es el Coronel del Ejército en Malvinas Lucas Marcelo Castro quien será sometido a proceso por supuestos hechos que habrían tenido lugar en el centro de detención que -aseguran- funcionó en los Cuerpos de Infantería y Caballería de la Policía Bonaerense, en La Plata.

También se encuentra en condición de prisionero político Guillermo Domínguez Matheu, quien sirvió en el Ejército durante la guerra del Atlántico Sur y es acusado por presuntos hechos en el centro de detención que llaman “Pozo de Banfield”.

Daniel Eduardo Robelo estaba en la Armada cuando comenzó la Guerra de Malvinas, hasta que, años después, la justicia fue corrompida por el kirchnerismo, lo que motivó su captura y posterior condena a prisión perpetua como ex Jefe de Contrainteligencia en la “causa Base Naval” de Mar del Plata. En la misma causa se investiga a los Capitanes de Fragata en el Comando de Flota de Mar y en el Batallón de Infantería Marina N°2 durante la guerra de Malvinas Alfonso Eduardo Nicolás y Alfredo Raúl Weinstabl.

Por otra parte, el ex Comodoro de la Fuerza Aérea Alcides José Cerutti y el Capitán Gonzalo Gómez Centurión (ambos en funciones durante la guerra de Malvinas) son acusados por hipotéticos hechos en el centro de detención “La Cueva” en la ciudad de Mar del Plata.

Así les pagamos a nuestros héroes que se jugaron la vida por la Argentina y por los argentinos

La lista de Militares cuyas Pensiones Honoríficas están siendo revisadas es casi interminable. Por ahora, la nomina de los prisioneros políticos se completa de la siguiente forma: Suboficial Mayor Adalberto Osvaldo Bonini, Coronel Enrique Stel, Capitán Julio Manuel Santamaría y Sargento Primero del Ejército en Malvinas Vicente Alfredo Flores, imputados por supuestos hechos que habría tenido lugar en la ilegal “causa V Cuerpo del Ejército de Bahía Blanca y del Batallón 181 de Comunicaciones” de esa ciudad bonaerense.

Criterio de la CSJN y la PGN en el “caso Acosta”

Lo resuelto por la ANSeS a raíz de la presentación de los fiscales militantes de la agrupación política identificada con el kirchnerismo justicia legítimaDe Vedia y Minatta guarda relación con el precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Acosta Jorge Eduardo c/ Estado Nacional – Administración Pública Nacional s/ Amparos y sumarísimos”, en el que el Máximo Tribunal compartió el criterio sentado por la Procuradora General de la Nación, la cuestionadísima Alejandra Gils Carbó, y resolvió que el actor no debía ser beneficiario de una Pensión Honorífica dado que había sido condenado por “delitos de lesa humanidad”.

Entre los argumentos vertidos por la Procuradora –y reeditados por la Corte Suprema- se señaló que “el reconocimiento al honor que implica el otorgamiento de esa pensión es incompatible con el hecho de ser condenado por la comisión de ‘los delitos más atroces’ contra la humanidad”.

 

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