Santa Fe: Otorgaron prisión domiciliaria al Prisionero Político que le escribió a Macri

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El tribunal oral de Santa Fe otorgó esta semana el arresto domiciliario a un prisionero político por la muerte de cuatro terroristas montoneros en 1977.

El ex Sargento del Ejército Jorge Alberto Balla fue detenido en octubre de 2015 junto a otros ocho perseguidos por la justicia montonera: el Militar Luis Alfredo Gómez y siete Policías de la provincia, pero era el único que se alojaba en la cárcel de Las Flores.

El tribunal habilitó la salida de Balla por consejo de una junta médica que evaluó su estado de salud, dictaminó un cuadro de alto riesgo y le recomendó un tratamiento psiquiátrico.

El fiscal Martín Suárez Faisal no planteó objeciones, aunque solicitó la “vigilancia electrónica” del autor de la misiva, a quien la cámara federal de Rosario y luego la cámara de casación penal ya le habían rechazado el pedido de excarcelación por riesgo de fuga.

Antes y después de conceder la libertad domiciliaria a Balla, dos vocales del tribunal se inhibieron de intervenir en el juicio.

El juez José María Escobar Cello se apartó el mismo día que sus colegas María Ivón Vella y Luciano Lauría resolvieron el incidente, pero luego lo siguió la doctora Vella, según revelaron fuentes seguras.

Uno de los Policías supuestamente investigados por los defensores de los terroristas es Mario Daniel Aquino, que operaba en el Comando Radioeléctrico y luego pasó al escalafón de la Justicia Federal. Lo dijo el mismo Aquino en la indagatoria: “En el Comando estuve hasta el año 1980, luego vine a prestar funciones en el Juzgado Federal como chofer del Juez Miguel Angel Quirelli”.

El juez Reinaldo Rodríguez elevó la causa a juicio oral en noviembre del año pasado, por lo que ahora -ante la inhibición de Escobar Cello y Vella-, el tribunal deberá integrarse con jueces de Rosario o Paraná.

Además de Balla, Gómez y Aquino están siendo imputados por los defensores de los terroristas otros seis Policías del Comando Radioeléctrico: Rodolfo Reible, Carlos Albornoz, José Martellini, Ricardo Brunel, Rolando Martínez y Abel Romero, que serán sometidos a una parodia de juicio posiblemente el año que viene. La acusación es por el “homicidio calificado” de terroristas montoneros.

La junta que evaluó el estado de salud de Balla se integró con tres médicos: Mabel Padró (por el tribunal), la psiquiatra Gabriela De Paoli (por el Ministerio Público) y su colega Hugo Provera (por la defensa). El resultado del dictamen advirtió sobre un cuadro de alto riesgo y recomendó que el prisionero político cumpla su detención en su domicilio particular ya que es un ambiente propicio que puede favorecer la mejor evolución del paciente y sugirió un tratamiento psiquiátrico, en el que el especialista tratante presente informes mensuales sobre el caso y se realice una nueva junta médica en seis meses.

El fiscal Suárez Faisal no planteó objeciones a que Balla regrese a su casa, pero solicitó al tribunal que garantice el tratamiento psiquiátrico de éste y lo incluya en el Programa de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica del ministerio de justicia y derechos humanos de la Nación.

El tribunal otorgó entonces el arresto morigerado a Balla bajo la condición de no ausentarse de su domicilio sin causa justificada o autorización previa y ordenó incorporarlo al Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica y convocó a una nueva junta en seis meses de concedido este beneficio, es decir en octubre de 2017.

La carta de Balla al Presidente

Ituzaingó

Santa Fe,  enero de 2017

Señor
Presidente de la República Argentina
Ingeniero Mauricio Macri:

Me dirijo al Señor Presidente para informarle de una injusta privación de la libertad por más de 15 meses en la Unidad Penitenciaria Provincial Nº 2 de Las Flores, en la ciudad de Santa Fe, por la causa Nº 6806/14 del juzgado Federal Nº 1 de la ciudad de Santa Fe, por un enfrentamiento con cuatro integrantes de la banda Montoneros ocurrido el 19 de enero de 1977 en las calles Ituzaingó y Las Heras de esta ciudad.

Fundamento mi injusta detención porque:

  • Hace 40 años atrás tenía el grado de sargento del Ejército Argentino, con 25 años y me encontraba destinado en el Comando de Artillería 121 en la ciudad de Santa Fe.
  • El día 19 de enero del año 1977 recibí la orden de dirigirme a un edificio situado en las calles Ituzaingó y las Heras, junto con fuerzas policiales provinciales, federales y otras fuerzas de seguridad, porque allí se había detectado a la cúpula regional de la banda Montoneros.
  • En el enfrentamiento, previa intimación y aviso para que se entreguen, mueren 5 personas de las cuales cuatro son terroristas y, la restante, es una vecina ajena a los hechos.
  • El Juez me imputa y procesa por “homicidio agravado por el concurso de dos o más personas”.
  • En esa época me regía por el Código de Justicia Militar, Jueces militares, consejos de guerra, Jueces de instrucción militares, es decir “mis jueces naturales”; y si no cumplía las órdenes me condenaban, pues eran delitos por cobardía frente al enemigo, insubordinación, desobediencia, traición, etcétera, vigentes en aquella época.
  • Cómo prueba de que fue un enfrentamiento recibí un impacto de bala en el casco que me hizo perder el equilibrio y conocimiento, está todo documentado por el médico y testigos presenciales durante el enfrentamiento.
  • Según declaraciones de soldados de entonces, declararon “que fue una guerra”, “que duró tres o cuatro horas”, “tiraban granadas caseras, como latitas de cerveza”,
  • Los diarios de la zona, como El Litoral, reflejaron la violencia del enfrentamiento y las armas secuestradas que disponían los integrantes de esta banda armada. Se agrega copia (en el original al Presidente).
  • Adjunto una nota periodística del periodista Rogelio Alaniz, del diario El Litoral, diario La Nación, Radio Universidad Nacional del Litoral, que en el 2003 expresa claramente que fue un enfrentamiento y que no había nada que reprochar (en el original al Presidente).
  • Además, en mi procesamiento, en el “contexto histórico”, el juez Reinaldo Rodríguez nombra secuestros, torturas, interrogatorios con tormentos, lugares de detención clandestinos, etc., todo desmentido por los mismos soldados que declararon en la causa, que nunca vieron ni supieron de nada de lo nombrado por el juez en el Comando de Artillería 121.
  • También dice el Juez que “no se hicieron actuaciones”, sin embargo, está en el expediente que sí se hicieron actuaciones por el enfrentamiento según la ley Nº 20840, por la Policía Federal por homicidio y, además, hay dictámenes del médico policial, el doctor Busaniche, de la morgue y del hospital Piloto (hoy Cullen), donde quedó registrado el ingreso de muertos que se produjeron en el enfrentamiento.
  • Considero que no es mi responsabilidad comprobar hoy, a cuarenta años del hecho si se hicieron o no las actuaciones judiciales, ni tampoco era mi función entonces.
  • He cumplido con el decreto nacional Nº 2772 de octubre de 1975: “ejecutar las operaciones militares y de seguridad… aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país”; es decir, actúe con una organización militar, con un comando, de día, de uniforme, con soldados y con el código militar en vigencia.
  • Además, el artículo 18 de nuestra Constitución Nacional dice que “nadie puede ser condenado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho”; a mí me quieren aplicar una ley de treinta años después. El mismo artículo dice que tampoco se puede sacar de los jueces designados por ley antes del hecho de la causa, que en nuestro caso eran los jueces militares.

Pedido al Señor Presidente:

Le solicito que se revea esta injusticia ya que solo cumplí con mi deber de integrar una fracción del Ejército Argentino para defender a la Nación de una amenaza, según el decreto Nº 2772, de un gobierno constitucional y vigente en 1977.

Saludo a Ud. atte.

Sargento del Ejército Jorge Alberto Balla

 

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