HOMENAJE AL CAPITÁN DE FRAGATA ALFREDO ASTIZ

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ALFREDO ASTIZ
HÉROE DE LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO EN LA ARGENTINA

EL ALEGATO DE UN HÉROE

1 de Diciembre de 2012

AGRADECIMIENTO

He estado presente en el alegato de los Doctores Juan Mendilaharzu y Rosana Marini no porque reconozca a esta simulación de juicio ni a ellos como defensores, sino por el respeto que me han merecido como personas y profesionales por su honestidad y dedicación a su trabajo.

Los Doctores Mendilaharzu y Marini han demostrado irrebatiblemente en su exposicion, la ilegitimidad de este falso juicio y mi inocencia de los hechos facticos que se me pretenden imputar, a pesar de que su trabajo no tendria que haber sido necesario dada la ya mencionada ilegitimidad de este acto.

Por ello les estare eternamente reconocido.

Sin embargo, no puedo dejar pasar que tengo algunas diferencias con el alegato mencionado, las que aclarare a lo largo de mi exposicion.

CONFIRMACIÓN

Si bien ya había manifestado al comienzo de esta parodia de juicio, la ilegitimidad del mismo y de todos sus participantes, motivos por lo cual renuncie a ejercer mi derecho a defensa, los nuevos incidentes vertidos a lo largo de casi dos años, que relatare a continuacion, no han hecho mas que confirmar mis palabras.

Asimismo, la ilegítima fiscalía expreso que yo comunique que no me iba a defender, y que sin embargo, lo hice por horas.

Interpreto que la ilegítima fiscalía se refiere a mi manifiesto inicial ya mencionado:

O bien la ilegítima fiscalía no prestó la adecuada atención a lo que dije ese día, o bien ha mostrado una vez mas su mala intención para con los falsamente acusados.

Deseo aclarar que para elaborar este trabajo, solo disponía en el penal de cuatro horas de computadora por semana, aunque a veces ese horario tampoco se cumplía por necesidades de la prisión, lo que me ha causado una desigualdad con las posibilidades de las ilegítimas querellas.

En todo este asunto se trata de aparentar que los acá ilegítimamente e injustamente acusados tenemos todos los derechos legales, no poseyendo en realidad ninguno, pero siempre simulando que los tenemos.

Creo que lo único que faltaría, es que los acá falsamente imputados hagamos el celebre juramento, atribuido a los gladiadores romanos, “Ave Cesar, los que vamos a morir te saludan”.

LOS PROFETAS DEL ODIO O LA IDEOLOGÍA DE LAS ILEGÍTIMAS QUERELLAS Y DE SUS REPRESENTADOS

He escuchado azorado decir a los ilegítimos querellantes, que en nuestro país los terroristas no eran terroristas, sino “juventud militante”, “juventud idealista”, “activistas gremiales” o aun mas increíblemente, “políticos”. También he oído que esas personas buscaban una sociedad igualitaria, un mundo sin explotados ni explotadores.

Dado los mas de 21.000 ataques terroristas sufridos por nuestro país, gran parte de ellos durante un gobierno constitucional, que dejaron mas de 3.000 victimas, ese argumento, de que eran “políticos” y de que buscaban una “sociedad igualitaria”, es por lo menos ridículo, configurando una tesis imposible de comprender y menos aun de sostener.

También es difícil de entender porque sus inocentes representados entonaban cantitos como: “Duro, duro, duro, aqui estan los montoneros que mataron a Aramburu”, o este otro “Hoy, hoy, hoy, que contento estoy, aqui estan los montoneros que mataron a Mor Roig”.

El mismo General Perón, presidente constitucional de la Argentina los definió como “terroristas”.

Las ilegitimas querellas dicen representar a los que ellas llaman “perseguidos políticos”. En realidad, ellas representan a los ex terroristas, a sus allegados y a los grupos de persecución y venganza.

Por supuesto que en el grupo ilegítimamente querellante, incluyo, cuando hago mención a él, a la ilegítima fiscalía. Esto es así ya que la citada ilegítima fiscalía no ha cumplido con su deber de representar al estado y cuidar por el ejercicio de la justicia.

Actualmente no son pocos los fiscales que olvidan que el papel del acusador no exime de los principios de legalidad e imparcialidad y que no pueden forzar los indicios en pos de hacer encajar a un sospechoso en los hechos.

Por el contrario, el ilegítimo fiscal, ha preferido convertirse en un querellante más, usando un lenguaje soez y vulgar, así como a acotaciones fuera de lugar, sin la menor vergüenza, y con una sobreactuación que pretendía ser graciosa e irónica, pero que se convertía en penosa, dada la seriedad de los temas que acá se relatan.

Esta sobreactuación frecuentemente estaba fuera del objeto procesal y su único fin era hostigar a los falsamente imputados, no habiendo sido nunca, a pesar de eso, observado al respecto por el tribunal especial.

El fiscal, que debería haber buscado la verdad, ni siquiera es un ilegítimo fiscal. Es un ilegítimo querellante más, incumpliendo claramente sus deberes como funcionario público.

Seguidamente desarrollaré algunos de los agravios y denuncias infundadas efectuadas por la ilegítima querella.

Ofensas efectuadas por las ilegítimas querellas

Me ha quedado claro, al escuchar las falsas acusaciones, que las mismas se originan en el hecho que, las ilegítimas querellas, no nos perdonan a los aqui sentados que hayamos participado en los combates QUE AYUDARON A DERROTAR AL TERRORISMO QUE AMENAZABA A NUESTRA PATRIA.

Las ilegítimas querellas creen que están participando de una gesta. Como dijo el ex presidente chileno Lagos, muchos son todavía, aunque no tanto como ellos mismos suponen, los que siguen aferrados con uñas y dientes a las “utopías regresivas de los 70”, sin querer ver que “las nuevas generaciones y aun las anteriores votan por programas de futuro y no por pleitos del pasado”.

Muchos abogados de la ilegitima querella, usaron el termino “patotas criminales”.

Están equivocados en su definición.

“Patotas criminales querellantes” son las que usan imaginarias acusaciones, inventan falsos testigos bajo el eufemismo de testigos necesarios, y presentan exóticas y rebuscadas jurisprudencias, ajenas al mundo real y posible, para tratar de justificar la persecución de los militares, policías, penitenciarios y civiles que combatieron contra el terrorismo.

Obviamente, no voy a degradarme cayendo al mismo bajo nivel de la ilegítima querella, usando esos términos soeces y vulgares ya citados.

Esto es porque, aparte de la inexcusable educación, siempre debemos recordar que los que usaban términos groseros y descalificatorios para poder tener la justificación de insultar, perseguir, condenar y secuestrar a los que ellos consideraban sus enemigos, fueron los nacional socialistas y no olvidemos que, “el que dice cualquier cosa, hace cualquier cosa”.

La ilegítima querella nos endilgó el mote de “Herodes” al sostener que habíamos matado, según ella, de tal manera de no poder identificar las víctimas. Dado que algunos de los miembros de la ilegítima querella tienen una fuerte postura a favor del aborto, ese término expresado en sus bocas, es cuando menos de un descaro sorprendente.

De la misma manera, la ilegítima querella, en una posición maniquea, acusa permanentemente de “fascistas” a todos los que no piensan como ellos. Sin embargo, el fascismo esta más cerca de sus ideologías totalitaristas que de mi forma de pensar republicana.

La ilegítima querella también afirmó que para poder crecer el país debería primero reparar las secuelas de la Guerra Contra el Terrorismo.

Las secuelas de esa guerra se encontraban razonablemente superadas y fueron artificialmente reavivadas por las perversas y espurias necesidades políticas de un nuevo gobierno, así como por el interés de grupos fundamentalistas, de persecución y venganza, basados en la intolerancia y el odio.

La efectiva presión sobre la justicia, ejercida por el Poder Ejecutivo, se ha visto facilitada mediante la modificación del Consejo de la Magistratura, de acuerdo con la Ley 26.080, convirtiendo al organismo en una lamentable mascarada. Así, el Consejo se convierte en un apéndice del Gobierno, determinante para su dominio sobre el Poder Judicial, y trae como consecuencia la desaparición de toda noción de independencia y de separación republicana de poderes.

La noción de “mal desempeño”, previsto en la Constitución Nacional como causa de remoción de los jueces, se convirtió en un instrumento de coacción y persecución para los magistrados independientes, o bien en un instrumento de protección para los jueces obedientes. Este método va a proseguir mientras la Ley 26.080 no sea derogada.

Imprescriptibilidad

Estamos siendo irregularmente juzgados por hechos ocurridos hace más de treinta años a cusa de la imprescriptibilidad que según algunos juristas tienen estas causas.

Sin embargo, aún algunos de los integrantes de la Cámara Federal de Buenos Aires, participantes del ilegal Juicio a los Comandantes, expresaron sus opiniones opuestas a la imprescriptibilidad en estas causas.

La imprescriptibilidad es un mecanismo ideado para poder juzgar a personas por delitos a los que era imposible denunciar oportunamente o por encontrarse los acusados prófugos, es decir “no a derecho”.

En mi caso particular, así como en el de la mayoría de mis camaradas, siempre estuve “a derecho”, en particular desde la asunción del gobierno democrático, habiendo sido los supuestos delitos ya denunciados en esa época. Tal es así, que llegué a ser juzgado en los años 1984 y 1985 en una causa motivada por la Guerra Contra el Terrorismo, por la Cámara Federal de Buenos Aires, la que dictaminó mi sobreseimiento por “Prescripción”, fallo confirmado por la Corte Suprema de Justicia.

Sin embargo, actualmente se me pretende juzgarme nuevamente, aduciendo la imprescriptibilidad de estas causas, no mencionada nunca por ningún estrado judicial en los años 80, con el agravante de que muchos de mis jefes, que eran mis responsables y hoy serían ademas testigos irremplazables de mi defensa, al presente se encuentran fallecidos.

No he tenido conocimiento, hasta el momento, en caso de que la tan repetida imprescriptibilidad fuera válida, que se hayan entonces iniciado actuaciones a los responsables, tanto en el Poder Judicial como en el Poder Legislativo, por la inacción que existió hasta el año 2003 en estas causas, que ha imposibilitado la resolución legal en tiempo de las mismas, ha impedido la posibilidad de llegar a la verdad, y ha limitado asimismo mis capacidades de defenderme.

Volviendo a la tan manoseada “Imprescriptibilidad”, en el ya mencionado anteriormente caso “Noble Herrera”, al no dar positivas las muestras de ADN, el jefe de Gabinete dijo, violando abiertamente la separación de poderes al darle órdenes a la jueza, que la causa no se cerraría hasta que no se comprobara la verdadera identidad de los hermanos.

Esto significa que si no se encuentran en el futuro los padres biológicos de los hermanos, gracias a la imprescriptibilidad, la causa va a quedar abierta durante toda la vida de ellos, y en consecuencia estarán sujetos a cualquier persecución judicial que cualquier gobierno, enemistado con la empresa periodística, decida hacer en cualquier circunstancia.

Por supuesto que en el citado caso “Noble Herrera”, hay intereses contrapuestos muy poderosos que pueden llegar a equilibrarse, pero hay otros hechos en los cuales las victimas no tienen el poder para oponerse a un estado autoritario.

Esta hipótesis demuestra claramente que la imprescriptibilidad es un arma que puede ser usada por un gobierno, de acuerdo a sus necesidades políticas, para violar los Derechos Humanos de los que considere sus enemigos.

Todo lo anterior me lleva a pensar, que la figura de la Imprescriptibilidad debería ser declarada inconstitucional, por ser potencialmente un arma jurídica que permite a cualquier Gobierno, en cualquier circunstancia, la persecución ilícita y la encarcelación de las personas, de acuerdo, como ya dije, con sus necesidades políticas.

Prevaricato de la Corte de Justicia

Antes que nada, quiero aclarar que la denominación “Corte de Justicia” se debe a que ésta ha perdido el término “Suprema”, por su subordinación al Ejecutivo, tal como lo explicaré seguidamente.

He escuchado decir hasta el cansancio que, con respecto a la guerra contra el terrorismo, “el fin no justifica los medios”.

Sin embargo, para que el Estado pudiera lograr, entre otras cosas, una condena sobre los combatientes de antaño, removió a una gran parte de la antigua Corte Suprema de Justicia, haciendo que renuncien a través de una presión ilegal y publicitada por el propio Poder Ejecutivo, que inclusive se vanaglorió de la maniobra.

Este hecho, fue un verdadero “Golpe de Estado” contra la Corte Suprema, tal como lo calificó el conocido jurista Marcelo Sancinetti, crítico antes de su sanción de las leyes denominadas como de “Obediencia Debida” y de “Punto Final” y que fue citado inclusive, por la ilegitima querella que representa al terrorista Walsh, por lo que no se lo puede calificar ideológicamente como afín a nuestros pensamientos.

Por supuesto que muchos políticos y legistas que se “rasgaron las vestiduras” por los supuestos métodos de la Guerra Contra el Terrorismo, se mantuvieron callados ante esta ilegal remoción, que ha generado una verdadera “Corte de Facto”.

Obviamente, esta sustitución irregular de los antiguos y legítimos miembros de la Corte Suprema de Justicia y su reemplazo por nuevos abogados nombrados por el actual Poder Ejecutivo ha causado que este poder ignore las sentencias que no le convienen.

Tan es así, que a consecuencias de lo anterior, durante el transcurso de este año, la ministra de la Corte, Carmen Argibay, expresó que, si queremos ser país democrático y republicano, las sentencias judiciales están para ser cumplidas. Son numerosos los desacatos efectuados hasta el momento por el Gobierno, siendo quizás uno de los más resonantes, aunque no el único, el del fiscal general de la Provincia de Santa Cruz, donde la Corte exigió en siete oportunidades la reposición del mismo ante la abierta desobediencia, tanto del gobierno provincial como del nacional.

Otro de los casos escandalosos es la estafa que está cometiendo la ANSES con los jubilados, donde la Corte aceptó que se forme una comisión para explicar lo inexplicable, es decir: ¿Por que el Gobierno no cumple las sentencias del máximo tribunal de justicia de la Nación? O asimismo, ¿Si en el futuro, un delincuente prófugo decide no cumplir con su sentencia, también la Corte va a conformar una comisión para estudiar el caso?

No sorprendentemente, la “Nueva Corte” también es subordinada a las instrucciones del Poder Ejecutivo en los temas de la Guerra Contra el Terrorismo, llegando al extremo absurdo de declarar “Inconstitucional” leyes votadas al respecto por el Congreso Nacional, que la propia Corte había declarado “constitucionales” anteriormente al menos en cinco oportunidades y por lo tanto poseían efectos irrevocables.

Las que se declararon inconstitucionales fueron, en rigor, verdaderas leyes de amnistía, aunque no se les haya dado ese nombre. Las leyes se definen por su contenido y no por la denominación ocasional que se les otorgue. Y las leyes de amnistía, como lo ha reconocido siempre la doctrina, son actos políticos dictados por el Poder Legislativo por razones de interés nacional, de lo cual se deduce que no son susceptibles de revisión judicial.

Ademas, la Corte ignoró al legislador, convirtiéndose ella misma en legisladora al violar el Art. 75 de la Constitución Nacional, usando un supuesto derecho consuetudinario para instituir el llamado delito de “Lesa Humanidad”, no legitimado por ninguna ley en el momento de los supuestos hechos, ignorando el derecho positivo para los casos penales, y estableciéndolo con el único fin de poder condenarnos.

La Corte no puede legislar, de acuerdo con lo manifestado por la ilegítima querella sin embargo, no dudo en hacerlo, de acuerdo con las órdenes recibidas del Poder Ejecutivo.

A causa de todo lo anterior, nos encontramos acá sentados, con el pretexto de ser juzgados, un grupo de militares y policías a causa del absurdo fallo “Arancibia Clavel” de la Corte de Justicia, que fue descalificado por la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales mediante un categórico dictamen con fecha 7 de diciembre de 2.004.

Otra muestra de la subordinación del organismo judicial al Ejecutivo, es el “congelamiento” de mi excarcelación y la de varios de mis camaradas, que “duerme” hace casi tres años, en los cajones de la Corte, violando el Art. 332 del Código Procesal Penal. Este caso es una evidencia de que algunos miembros de la Corte son participes necesarios dela privación ilegítima de la libertad de los militares, policías y civiles involucrados en la Guerra Contra el Terrorismo.

Una situación absurda es que, los aquí falsamente imputados, que no juramos por los estatutos del Proceso de Reorganización Nacional, nos encontramos acá sentados por haber reconocido las órdenes impartidas por el susodicho Proceso. Sin embargo, la abogada Elena Highton de Nolasco, actual miembro de la Corte de Justicia, fue funcionaria y posteriormente juez durante el citado Proceso. En el colmo de la incoherencia y la hipocresía, el principal ideólogo de la Corte, que promovió esta aberración jurídica invocando la ilegalidad de lo actuado por el Proceso, el actual juez de la Corte, Eugenio Zaffaroni, también fue juez durante el mencionado Proceso, siendo incluso acusado de no haber resuelto algunos “Habeas Corpus” durante el cumplimiento de sus funciones, justificando su inacción en uno de ellos al manifestar que: “…el país vive una etapa de convulsión motivada en la cobarde agresión de que es víctima, lo que lógicamente conlleva un estado de sobrecarga en la labor de las fuerzas de seguridad que son el principal blanco de esta agresión”.

Debe señalarse que ambos funcionarios, a diferencia de los aquí acusados ilegalmente, SI juraron por el Proceso.

No debe dejarse asimismo de pasar por alto, que el mencionado Juez Zaffaroni ha reconocido abiertamente ser amigo del ministro de economía Amado Boudou, y que ha mantenido con el conversaciones políticas en sus domicilios privados. Creo que es innecesario mencionar que el ministro antes nombrado forma parte del Poder Ejecutivo, que es parte querellante e interesada políticamente, en estas ilegítima causas de la Guerra Contra el Terrorismo que fueron reabiertas, como ya se ha dicho antes, gracias al voto del juez Zaffaroni.

Por supuesto que al citado juez se le permiten licencias y privilegios que no se les dan a personas con grados de responsabilidad mucho menores. Me estoy refiriendo a, cuando en estas causas, la ilegítima querella, refiriéndose al personal militar y policial subalterno, expuso que: “… no podían no saber”. Sin embargo, parece que un juez de la Corte de Justicia, con las altísimas responsabilidades jurídicas y morales que ello implica, “… tenía derecho a no saber”, según sus palabras, cuando se lo acusó, en diversos medios de prensa, de regentear prostíbulos en departamentos de su propiedad.

Parecería que para la justicia argentina, ese viejo principio que dice “A mayor jerarquía, mayor responsabilidad” no tiene validez. Es más, ni siquiera rige el más importante principio de que “todos somos iguales ante la ley”.

Con respecto al presidente de la Corte de Justicia, Ricardo Lorenzetti, él mismo afirmó que, el país posee una política de estado en materia de Derechos Humanos, donde, según sus propias palabras “… los tres poderes y los partidos políticos llegaron a una coincidencia básica”. O sea, que el presidente de la Corte reconoció que va a aplicar los mismos criterios y políticas que el Gobierno, que además es ilegítimo querellante, en los llamados juicios de “Lesa humanidad”. Cualquier principio fundamental de la república, como el de la división de poderes, o el de que la justicia es la última defensa de cualquier individuo contra el avasallamiento del Ejecutivo, ciertamente no son tenidos en cuenta por el abogado Lorenzetti. Para ratificar lo ya expresado, el citado abogado también afirmó que no habrá marcha atrás en los juicios de derechos humanos, conllevando sus declaraciones un grosero prejuzgamiento.

Recientemente, el abogado Lorenzetti ha escrito un libro, prologado por el abogado español Garzón, típico representante del colonialismo judicial que pretenden imponer sobre nuestro país y que ya fue explicado en otra parte de este trabajo. No se puede dejar de mencionar que actualmente en este libro, el autor ha plasmado sus pensamientos ajenos al ideario de nuestra Constitución.

De esto surge la pregunta: ¿para que se efectúan estos largos y costosos simulacros de juicio, si ya el presidente de la Corte ha expresado cual va a ser el resultado del mismo en un claro prejuzgamiento?.

Lo anterior me lleva a pensar que el abogado Lorenzetti no sólo cumple las órdenes del Poder Ejecutivo, sino también los del colonialismo judicial que imponen potencias extranjeras.

Otro caso vergonzoso para el dudoso prestigio de esta “Nueva Corte de Facto” es el de un integrante de la misma, el abogado Enrique Santiago Petracchi, que votó consecutivamente, primero por la constitucionalidad y luego por la inconstitucionalidad de las llamadas Leyes de Obediencia debida y Punto Final, configurando, creo yo, un precedente inédito en los anales de la Justicia Argentina.

Como consecuencia de la actuación de la Corte y algunos de sus miembros, se ha instalado en nuestra patria, dos tipos de derecho, en el que las garantías constitucionales rigen para unos, pero son letra muerta para otros, entre otros los aquí ilegalmente imputados.

Entre los principios básicos violados se encuentran los de legalidad, irretroactividad de la ley penal, ley penal más benigna, cosa juzgada y derechos adquiridos, que no sólo están en texto de la Constitución Nacional, sino en su espíritu y, más aún, constituyen la esencia del constitucionalismo clásico de los siglos XVIII y XIX, principios que tienen varios siglos de vigencia y que nunca fueron cuestionados.

Todos estos procesos y conductas de la “Nueva Corte” y sus miembros han generado un retroceso en el camino de superar los daños que el terrorismo causó a nuestra Patria así como en el camino de lograr la concordia anhelada por la mayoría del pueblo argentino. Va a ser funesto que los fallos judiciales reabran antiguas heridas y se reinstale una atmósfera de tensiones y odios en el seno de la sociedad.

Para finalizar con el tema, el principal prevaricato cometido por la Corte en estos juicios ilegales, es haber consentido que “El fin justifica los medios”,

A la Constitución Nacional se la respeta y se la cumple o se la ignora y se hace lo que resulta “políticamente correcto”, como es en este caso. Esto implicará a futuro la desaparición de la Ley Fundamental de la República.

TERRORISMO JUDICIAL

La activa participación en estos falsos juicios, a más de los ilegítimos querellantes, de la Secretaria de Derechos Humanos como litigante, reviste gravedad institucional. Por una parte, porque su titular, Eduardo Luis Duhalde, fue un notorio apologista de las organizaciones terroristas de los años 70 como director de la revista ¨Militancia¨, con un interés particular en tergiversar los hechos. Por otra parte, porque actúa por expresas órdenes de Poder Ejecutivo, como ha quedado demostrado en numerosas oportunidades.

Entre las irregularidades cometidas por la nombrada Secretaría se cuentan las denuncias por falsificación de documento público para perjudicar a los ilegítimamente imputados en estos hechos. También se deben mencionar las invitaciones para viajar al extranjero, financiadas por la misma secretaría, a muchos de los jueces federales involucrados en estas causas, los que no tuvieron ningún reparo en aceptarlas. Obviamente, esos jueces no tuvieron el decoro de excusarse de intervenir posteriormente, en causas donde la secretaría de Duhalde oficiaba de ilegítimo querellante.

También son funcionales al “Terrorismo Judicial” las ya descritas políticas aplicadas por el presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti, de subordinación de la misma al Gobierno, disimuladas bajo una hipotética “Política de Estado”. La misma fue elaborada y establecida por el Poder Ejecutivo, pero fue presentada por el abogado Lorenzetti como si fuera su creación.

En consecuencia, a las acciones del Gobierno, a través de diferentes actores, usando la justicia como un arma, mediante el hostigamiento, la persecución, la privación ilegítima de la libertad y las falsas condenas, contra los que el citado Gobierno considera sus enemigos, lo he denominado “Terrorismo Judicial”.

Parafraseando a Clausewitz, se puede afirmar que “Terrorismo Judicial es la guerra terrorista librada por otros medios”.

A continuación se darán ejemplos de hostigamiento, persecución, privación ilegítima de la libertad y falsas condenas que muestran la aplicación del “Terrorismo Judicial” sobre los aquí falsamente imputados.

Hostigamiento

Como parte de las maniobras de hostigamiento enunciadas arriba, la ilegítima querella menciona permanentemente la palabra “represores” en término peyorativo. Mas allá de que tal palabra en si misma no es peyorativa, es incorrecta. Los militares, y las fuerzas de seguridad mientras se encuentran a sus órdenes, no reprimen, sino combaten. Esta inexactitud es una demostración más de que deberíamos ser juzgados por un tribunal militar y no por uno especial, como es el caso actualmente.

Dentro del plan de hostigamiento del terrorismo judicial, figura la difamación de la Escuela de Mecánica de la Armada.

Actualmente, la misma se encuentra usurpada por los grupos de persecución y venganza, en connivencia con el gobierno, usándose el lugar para una exhibición perversa y falsa.

Lo que fue hasta su usurpación, un instituto de excelencia para la formación de los suboficiales de la Armada, deberá volver en el futuro, a cumplir esa tarea.

Se debe mencionar, además, que durante la mayor parte de este supuesto juicio, algunos integrantes de los grupos de persecución y venganza, usaban con ostentación símbolos claramente visibles que los identificaban manifiestamente como integrantes de esos grupos. Su objetivo era ejercer presión sobre el Tribunal Especial. Por supuesto que ningún integrante del citado tribunal tomó ninguna medida ni hizo alguna observación al respecto. Supongo que la presión hizo efecto.

No debe pasarse por alto el ilimitado y extemporáneo ingreso de fotógrafos al recinto, cuya intención, al sacarnos fotos de manera repetida e innecesaria, era evidentemente incomodarnos y violentarnos a los falsamente imputados.

De la misma manera se califica a la entrada esposado a esta sala, ya que de habernos sacado las esposas en el pasadizo subterráneo, antes de ingresar, no se hubieran perjudicado en nada las innecesarias condiciones de seguridad. Se nos hacía ingresar así al solo propósito de buscar nuestra humillación tal como lo reclamaron, airadamente, los grupos de persecución y venganza que se encontraban presentes.

Persecución

La ilegítima querella cuestionó las condiciones de los enfrentamientos, pretendiendo demostrar que los terroristas no representaban peligro alguno, al tratar de exhibirlos como inocentes e inofensivos políticos. Eso no es verdad, el enemigo terrorista se encontraba habitualmente armado con armas de puño y/o granadas, estas últimas generalmente producidas por ellos mismos en sus propias fábricas de armamento. En algunos casos los terroristas emplearon armas largas, explosivos y hasta lanzagranadas con capacidad antitanque.

Se debe agregar que, para quedar “encuadrado” en la organización terrorista, los nuevos postulantes debían realizar la ejecución a sangre fría de un policía desprevenido en alguna esquina, o la voladura, con explosivos, de algún objetivo policial o militar.

El ilegítimo querellante Zamora, en un momento expresó “que busca la verdad”. Es muy sencillo, que me juzgue un tribunal militar y va a aparecer la verdad. En el fondo, nadie de la ilegítima querella está interesado en la verdad y la justicia, a pesar de sus reiteradas afirmaciones. Lo que les interesa, como lo he manifestado en numerosas oportunidades es el escarnio y la venganza.

Por supuesto que en sus panfletos políticos y declaraciones, los ilegítimos querellantes Rico y Yanzon, no se privaron de dar órdenes sobre las condenas a imponer, así como las consecuencias que los abogados que integran el Tribunal Especial Oral Federal Numero 5 sufrirían, de no cumplir con las instrucciones de su mandante, es decir, del Poder Ejecutivo.

En sus declaraciones, el abogado Rico, transmisor de las órdenes del Poder Ejecutivo, manifestó que estos actos no eran una persecución y venganza contra las Fuerzas Armadas y de Seguridad y sus integrantes. Sin embargo, en otro momento de la exposición, otro integrante de la ilegítima querella, reconoció que este acto pretende ser un juicio a las Fuerzas Armadas, confirmando lo que todos sabemos: Que esto no es un juicio, sino un simulacro del mismo para tratar de desmoralizar y destruir las Fuerzas Armadas y de Seguridad así como para tratar de justificar las privaciones ilegítimas de la libertad, ordenadas por el Estado, que estamos sufriendo algunos de los militares, policías y civiles que combatimos contra el terrorismo.

Obviamente, no debe sorprenderse la sociedad por el escandaloso grado de inseguridad existente, que supera, en la cantidad de muertos por año en hechos violentos, al conflicto del Atlántico Sur. Mientras se mantenga esta política de persecución sobre las fuerzas encargadas de cuidar el orden, que se articula no en una política de derechos humanos, sino en una deformación tendenciosa de la misma, la grave inseguridad que soporta y sufre el pueblo argentino va a seguir vigente.

Tan fiscalizado está este acto por la política, sobre todo por las necesidades electorales del Ejecutivo, que la lectura de la condena esta prevista, casi deshonrosamente, para antes de las elecciones buscando una repercusión en el sufragio.

No se puede dejar de pasarse por alto, que para poder llegar a esta fecha, en momentos pareció que se “corría un maratón judicial”. No importó por lo tanto, que los aquí falsamente imputados tuviéramos que dormir cuatro horas por día hasta por tres días seguidos, alimentarnos impropiamente, soportar el frío y la humedad del calabozo por varias horas al día y ser trasladados en celulares inadecuados, dada la edad promedio de los acá presentes. Como era previsible, estos hechos trajeron consecuencias médicas, algunas de ellas de importancia.

Por supuesto, por todo lo relatado, era una imposibilidad fisica que los aca citados prestaran atencion a lo que se decia en el ilegal acto, como contradictoriamente lo pedia el Tribunal Especial.

Todo se supeditaba para llegar a la fecha ordenada por el mandante.

Los ilegítimos querellantes se remiten frecuentemente, para acusarnos, a lo dictaminado por el Tribunal Militar de Nuremberg, a pesar de haber sido el mismo un tribunal militar. Contradictoriamente, ellos mismos no aceptan que seamos juzgados por un tribunal de ese tipo, que es el que nos corresponde, por la situación de guerra en que se desarrollaban los supuestos hechos.

Por otra parte, además debe ser dicho, que la República Argentina no era parte ni reconoció nunca al citado tribunal.

Si hablamos de Nuremberg, también debemos recordar que la función de ese tribunal, para la Unión Soviética era simplemente “determinar la medida de la responsabilidad de cada persona en particular y establecer el castigo necesario”. Afirmaba la justicia soviética, que todos los que resultaran convocados a comparecer ante el tribunal para ser juzgados eran inexorablemente criminales.

Esta prejuzgamiento, de naturaleza profundamente totalitaria, supone que la justicia es apenas la ejecutora de la voluntad del poder político, al que debe estarle subordinado de manera sumisa, de acuerdo a lo que sucede todavía en Cuba y en otros países con características similares.

La concepción soviética apuntada posee un llamativo parecido con la opinión de los grupos de persecución y venganza existentes en nuestro país, que manifiestan permanentemente la exigencia de que exista “juicio y castigo”. Como si la mera iniciación de un proceso debiera necesariamente finalizar en la condena de los injustamente acusados, sin que exista en su favor la presunción de inocencia consagrada en nuestra Constitución Nacional. Como si la ilegítima querella fuera, simultáneamente, juez.

Sus presentaciones rememorarán a los juicios revolucionarios llevados a cabo por la dictadura cubana, en el que no existía el derecho a la defensa.

En definitiva, la ilegítima querella, va creando y manipulando la acusación para tratar de acomodarla a la “sentencia”, ya ordenada desde el Poder Ejecutivo. No hay lugar para pensar ni en el error ni en la buena fe. Los mismos estrados judiciales, al aceptar asustadizamente entrar en este juego, no reaccionan como deberían, enérgicamente, ante la evidente temeridad y malicia con que proceden los falsos acusadores y por lo cual deberían ser sancionados.

Ha quedado así en evidencia, un conjunto perverso de manipulaciones que demuestra que el Gobierno no vacila en violar las garantías constitucionales y el Estado de Derecho con tal de continuar con una persecución cuyo objetivo es vengarse de las personas que combatimos al terrorismo e intimidar a los posibles opositores. Es otra forma de terrorismo.

Tan convencida esta la ilegítima querella de la falsedad de este juicio, que para tratar de disimularlo, citaban frecuentemente los aparentes derechos constitucionales que tenemos. Eso si, lo hacían como si fuera una graciosa concesión que ellos, y no la Constitución, nos otorgaban.

Al principio, pensé que este festival de prisiones y reclusiones perpetuas solicitadas por los abogados de los terroristas eran una ridiculez. Seguidamente, me di cuenta que cada uno de esos pedidos de perpetua eran verdaderamente medallas, que como soldado atesoro en mi corazon.

Privación Ilegítima de la Libertad

Los más de ocho años que llevo privado ilegítimamente de mi libertad, en un vulgar secuestro ordenado por el Estado, sin ninguna condena, han vulnerado las leyes así como todos los acuerdos internacionales afines al tema firmados por nuestro país, con los que la ilegítima querella se “llena la boca”, y por supuesto, los interpreta arteramente, de acuerdo con sus perversas necesidades políticas.

Al respecto, el arbitrario e ilegal alargamiento de las llamada “prisiones preventivas”, violando la Ley 24.390, es una excusa usada para disimular una privación ilegítima de la libertad, lo que demuestra cabalmente que no se busca la justicia.

Queda entonces claro que uno de los objetivos de estas parodias es la persecución y el encarcelamiento ilegal de los ilegítimamente perseguidos, cualquiera sea el costo para la justicia y el derecho que estas medidas causen.

Asimismo, según la Constitución Nacional, las cárceles son “para seguridad y no para castigo de los presos”. En teoría se nos encarcela no para sancionarnos, como se cree habitualmente, sino para “resocializarnos”, lo que no deja de ser una inmensa hipocresía y, ademas, innecesaria. Esto es así porque desde que tengo uso de razón, siempre fui una persona adaptada a la convivencia en sociedad, tal como lo pueden atestiguar las numerosas personas que he tratado, tanto en los ámbitos civil como militar.

Por supuesto que hay un grupo de personajes que nos van a difamar, pero ellos son los terroristas que aún hoy siguen aprobando la violencia y la crispación como métodos políticos, así como sus cómplices, muchos de ellos parte de los grupos de persecución y venganza presentes en esta sala, siendo todos ellos algunos de los promotores de este terrorismo judicial.

Por lo tanto, la imprescriptibilidad, que se pretende aplicar absurdamente, a un grupo de militares, policias y civiles, que no han delinquido por mas de treinta años, desde la fecha de los falsos delitos que se nos imputan, es a los evidentes fines de lograr un tormento y no una resocializacion.

Todo este castigo se agrava al ver, como ya dije en otra oportunidad, en la prisión donde estoy detenido, muchos septuagenarios y aun octogenarios cruelmente encarcelados, violando las leyes escritas al respecto, en un lugar inadecuado para ellos, que lo que se busca no es la justicia sino la venganza a través del martirio y en algunos casos la muerte de los mismos.

También creo que el Prefecto Febres fue una más de las víctimas de este plan. ¿Porque es tan misteriosa la autopsia sobre su muerte a causa de un aparente suicidio o asesinato, como se pretende hacernos creer? ¿Cual es la causa por la que se encarceló a los miembros de la familia como si fueran los autores? ¿Alguien puede creer seriamente que la familia lo asesinó? ¿No se estará intimidando a la familia para que no investigue los motivos reales de la muerte del oficial? ¿Cual es el estado actual de la causa?

La persecución, martirio y en algunos casos, como ya dije, la muerte sobre este grupo social; está vulnerando sus derechos humanos, y es, en consecuencia, un “delito de lesa humanidad”.

Falsas Condenas

El terrorismo judicial busca cumplir con uno de sus objetivos al obtener las falsas condenas de los militares, policías y civiles que combatieron al terrorismo. Por supuesto que, para llegar a consumar este objetivo, se deben violar normas casi “sagradas” de la justicia y el derecho para los países civilizados, como son los principios, ya nombrados anteriormente, de ilegalidad, irretroactividad de la ley penal, ley penal mas benigna, cosa juzgada y derechos adquiridos.

El método usado para lograr las falsas condenas normalmente se fundamenta en cuatro requisitos que ya fueron desarrollados separadamente en este trabajo: El colonialismo judicial, la ideología de las falsas querellas y sus representados, los testigos necesarios y la imprescriptibilidad.

El primer requisito, el colonialismo judicial, es necesario para que bajo el artilugio de la llamada “Justicia Universal” la Corte de Justicia, ignore el derecho positivo único y legitime para las causas penales y use un impreciso “Derecho Consuetudinario”, ilegal para estas causas.

Una vez instituido el derecho consuetudinario, la Corte ignora al legislador, tipificando un llamado delito de “Lesa Humanidad”, vigente según la Corte desde el año 1948, fecha de ingreso de Argentina a las Naciones Unidas, con el único fin de tratar de eludir la obvia irretroactividad en que se incurría, al no estar este delito tipificado por ninguna ley en el momento de los supuestos hechos. En todo este proceder, la Corte violó claramente el principio de legalidad para poder procesarnos ilegítimamente de acuerdo a las necesidades políticas del Poder Ejecutivo.

El segundo requisito, la imprescriptibilidad, es necesario para que la Corte pueda calificar con esta característica a los ilegítimamente legislados delitos de “Lesa humanidad”. Esto permite, perpetrar nuevas falsas acusaciones, en forma extemporánea, a cualquier militar, policía o inclusive civil, que por su edad pudiera estar involucrado en la Guerra Contra el Terrorismo.

Se debe decir que, permanentemente nuevos hechos se van evocando en forma casi milagrosa, provocando nuevas acusaciones, de acuerdo a las necesidades políticas, no importando la cantidad de años que hayan transcurrido desde los supuestos hechos aquí tratados.

El tercer requisito, la ideología de las falsas querellas y sus representados, es necesario para que, mas allá del afán de lucro, a causa del deseo de venganza de algunos de los antiguos terroristas y sus allegados, los mismos se encuentran predispuestos, representados por las ya nombradas ilegítimas querellas, a presentar falsas denuncias, en muchas oportunidades de acuerdo a las instrucciones recibidas de las organizaciones de persecución del Poder Ejecutivo.

El cuarto requisito, los falsos testigos o testigos necesarios, es imprescindible para darle a los terroristas y sus allegados nombrados anteriormente, la capacidad de atestiguar en contra de los falsamente acusados, con el consiguiente procesamiento y posterior condena, a pesar de comprenderles las generales de la ley, obstáculo legal sorteado, como ya fue explicado anteriormente mediante el eufemismo del “testigo necesario”. Ya habiendo obtenido esa categoría, los antiguos terroristas o sus allegados quedan habilitados por el Tribunal Especial para declarar, pudiendo entonces, no solo presentar falsamente hechos y tipos legales nuevos, sino que ademas asumen el papel de víctimas, lo que les permite evitar la pena que les debería corresponder por el evidente falso testimonio en que incurren.

En definitiva, este perverso mecanismo de cuatro pasos fue creado, como una “Espada de Damocles” para asegurar una falsa condena a los militares, policial y civiles que considere necesario el Poder Ejecutivo de acuerdo con sus intereses políticos.

Las publicitadas declaraciones de la presidente Kirchner con respecto a los resultados que deberían tener estos pretendidos juicios, no hacen mas que reafirmar las características políticas de los mismos.

Por lo tanto, la ilegal condena que va a dictar el Tribunal Especial es parte del plan del Poder Ejecutivo de usar la justicia como arma, por lo que sus integrantes serán partícipes necesarios del ilegal acto.

Consecuencias del Terrorismo Judicial

Como conclusión a lo dicho, se puede inferir que la interpretación ideológica o la forzada recreación histórica de los hechos del pasado por el Gobierno, para usarlos contra algunas personas, abriendo la puerta a la tiranía y a la utilización del sistema represivo para la persecución del adversario al que ellos identifican como enemigo, es un delito que deberá tipificarse como de “Lesa Humanidad”. Por supuesto se va a decir que ese tipo de delitos no se encuentran incorporados con ese carácter actualmente en nuestro código. Eso es así, pero tampoco estaban los delitos de los cuales somos falsamente acusados hoy, en forma anticonstitucional.

¿Quién puede asegurar que muchos de los presentes en esta sala no van a ser juzgados en el futuro por delitos de “Lesa Humanidad”?

OBJETIVOS DEL TERRORISMO

En realidad, el Gobierno, así como los terroristas, sus cómplices y allegados, buscan alcanzar, con algunas de las maniobras explicadas en este trabajo, entre otros, varios objetivos.

El primer objetivo es continuar con la guerra comenzada por el terrorismo, con apoyo de estados extranjeros que se desarrolló a partir de los años 70.

Lo reflejó el propio ex presidente Kirchner cuando, al haber asumido la primera magistratura, en el momento de entrar en la Casa Rosada, dijo “Volvimos”, en una clara reivindicación del grupo terrorista Montoneros, que había sido echado de la Plaza de Mayo por el General Perón, por estar en contra, este grupo terrorista, de la pacificación anhelada por la mayoría del pueblo argentino.

Hoy, esa guerra se desarrolla ordenada por el Poder Ejecutivo y con la complicidad temerosa del Poder Judicial. Para el actual gobierno, en la guerra no hay reglas, vale todo, actuando de acuerdo a estos preceptos.

El segundo objetivo es justificar los métodos del terrorismo y lograr la impunidad judicial de los terroristas.

El tercer objetivo es la venganza. Este hecho fue confirmado por las palabras del ilegítimo querellante Yanzon, al cometer un error mostrando sus resentimientos y rencores, cuando afirmó que era imposible la resocializacion de los uniformados aqui sentados y de que la privación de la libertad ilegítima, solicitada por el mismo abogado, buscaba la reparación de los terroristas y sus familiares.

Voy a traducir las palabras de Yanzon al español. Eso en lenguaje claro se llama venganza.

Inclusive, cuando Yanzon dice que por las características de nuestros crímenes no podemos ser juzgados en forma normal, sino que merecemos un sistema especial. Parece que olvida el mismo, el Artículo 18 de la Constitución Nacional, confirmando que esto es un tribunal especial.

El cuarto objetivo es lograr el enriquecimiento de los terroristas, sus familiares y agentes o abogados, a través de las falsas y desmedidas indemnizaciones solicitadas

Últimamente se han publicitado escandalosos casos de corrupción en los grupos de persecución y venganza, como fue en el caso del movimiento acaudillado por Hebe de Bonafini, no siendo, sin embargo, el único grupo que ha hecho, una ostentación casi morbosa, de cruceros de placer y autos de lujo. Es más, el diario “La Nación” editorializó el dieciocho de junio de este año el siguiente comentario: “Las organizaciones de derechos humanos jamás pueden ser una patente de corso que otorgue impunidad para delinquir o encubrir a quienes delinquen”

Todo lo anterior hace que se pueda denominar a todos estos grupos de persecución y venganza, como “Derechos Humanos S.A.”, figurando los mismos como integrantes de la “patria contratista”.

Se debe agregar que para la justicia y los fiscales, esas organizaciones están por sobre la ley, en complicidad con los manejos irregulares del Poder Ejecutivo.

Por supuesto que los costos económicos para el cumplimiento de este plan ilícito, fueron, son y serán pagados por el pueblo argentino en su totalidad.

Y por supuesto que los que nos encontramos, falsamente imputados sentados en este salón, no vivimos de esto a diferencia de muchos de los aquí presentes.

Me podrán acusar de muchas cosas, pero no de enriquecerme a costa del Pueblo Argentino, o de la sangre de mis camaradas.

PERDÓN Y RECONCILIACIÓN

Cuando en el futuro las instituciones republicanas se recuperen plenamente, se deberá tratar y condenar a estos actos aberrantes y a sus autores.

En el caso de que el terrorismo judicial se hubiera realizado sólo sobre mi persona, yo estaría dispuesto a perdonar, pero hay otros casos en que no me corresponde hacerlo, y que si no se solucionan, dificultarán obtener la necesitada concordia de los argentinos:

El primer caso, son nuestros muertos en cautiverio, que fallecieron en un secuestro denigrante, lejos de sus familias y en muchos casos privados de los mas mínimos cuidados médicos, llegando en algunos casos a configurar abandono de persona o tormento.

El segundo caso, son las causas que se inventaron contra numerosos Suboficiales de todas las Fuerzas, que no tienen, por su grado, ninguna responsabilidad, se encuentran sentados en el banquillo de los acusados y, como ya dije en otra oportunidad, muchos de ellos no entienden ni de que están acusados.

El tercer caso es el gran daño que todas estas maliciosas distorsiones al derecho y sobre todo a la justicia y a la Constitución Nacional han causado a nuestro país al quitarle la confianza del pueblo argentino en la imparcialidad de su aparato judicial, como es de publico conocimiento.

El cuarto caso es la desmoralización e inseguridad que se está creando en las actuales Fuerzas Armadas y de Seguridad, al exhibir que las leyes que están acatando actualmente, podrán ser cambiadas en el futuro en forma retroactiva, para perjudicarlos e inclusive encarcelarlos, en caso de que existan en ese momento, como ahora, espurios intereses políticos, no cabiendoles entonces en ese caso, ningún derecho ni garantía. Esta desmoralización se refleja continuamente en el alto grado de inseguridad que actualmente padecen las vidas y los bienes del Pueblo Argentino.

NULIDAD Y CONSECUENCIAS DE ESTE ACTO

Como ya he afirmado al principio de este ilegal acto, he confirmado las peores expectativas que tenía de esta persecución disfrazada de acto judicial.

Más allá de los numerosos argumentos que demuestran la ilegalidad de este acto, hay algo que escapa al sentido común: No se pueden juzgar hechos de una guerra como si fueran una causa común. Esta arbitrariedad genera situaciones fuera de contexto, resultando en un claro galimatias jurídico. Podra servir como un laboratorio político, usando los antiguos combatientes como conejillos de indias, pero no servirá para hacer justicia

Por otra parte, ¿qué se puede esperar de una justicia que cambia absoluciones por votos en el Senado, de acuerdo a las conveniencias del Poder Ejecutivo?

De hecho, en este trabajo he usado mucho la palabra “hipócrita”, y eso es así porque se me agotaron los sinónimos.

Tal como dice el viejo dicho popular “todo lo que empieza bien termina mal, todo lo que empieza mal termina peor”. Estamos claramente ante este segundo caso. Todo esto va a terminar peor.

Por todo lo anterior, quiero ratificarles a los abogados sentados a mi izquierda, que componen el Tribunal Especial Federal Numero 5, que no reconozco como lícito nada de lo que se hizo ni se haga en esta sala, aún en el irreal caso, por la clara persecución política de la que soy objeto, de que se me otorgara el sobreseimiento, por no cumplir este acto lo especificado por la Constitución Nacional en su Articulo 18, referido a la formación de comisiones especiales. De la misma manera no estoy interesado en un nuevo sobreseimiento o indulto.

Lo único que exijo es que se cumpla la Constitución Nacional.

Hasta ahora, uno de los principales responsables de la ya nombrada persecucion política era el Juez Torres, del Juzgado Especial de Instrucción Federal Número 12. Ahora ustedes pasan a ser también partícipes de la citada persecución política.

De todas maneras, en mi caso personal, creo que prefiero estar privado ilegítimamente de mi libertad en el Penal de Marcos Paz acompañado de dignos camaradas, y no en lugares como este, que lamentablemente debo compartir con algunas personas hipócritas, cobardes y vengativas.

Lo que si, paradójicamente, tengo que agradecerle a los grupos de persecución y venganza, es que, gracias a este absurdo confinamiento, he dejado de ser un militar en situación de retiro para volver a ser un militar en situación de actividad.

Quiero expresarles, que mi fuerza se fortalece en mi debilidad, por eso me complazco en las injurias, en las persecuciones y en las angustias, porque cuando soy débil, entonces es cuando estoy fuerte.

Este falso juicio no va a quedar como un ejemplo, como se ha dicho en forma grotesca. Por el contrario, va a quedar en el futuro como una vergüenza para la República, que afectara el derecho, la defensa y la seguridad de la Nación.

La paz, buscada por la mayoría del Pueblo Argentino, entre los que me incluyo, se debe buscar a través de la justicia.

Esto acto es un linchamiento.

Este acto no es justicia.

Alfredo Ignacio Astiz
Capitan de Fragata

 

 

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Un comentario en “HOMENAJE AL CAPITÁN DE FRAGATA ALFREDO ASTIZ

  1. GRACIAS CAPITÀN ASTIZ POR SU PATRIOTISMO.

    ES VERDAD, CADA CONDENA SUYA O DE UN CAMARADA SUYO HASIDO UNA CONDECORACIÒN. GRACIAS MI GENERAL VIDELA POR HABER HABER MUERTO DANDO LA VIDA POR LA PATRIA Y AVERGONZANDO A LOS ACTUALES JEFES DE LAS FFAA POR SU COBARDÌA SIN LÌMITES.

    VIVAN DIOS Y LA PATRIA.

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