El Caso Tártalo y el sadismo de los ddhh

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Se llama Guillermo Tártalo, es perito balístico y mecánico de armamento. Perteneció a la Policía de Tucumán y hoy se encuentra alojado en el Hospital Penitenciario Central en Ezeiza con una prisión preventiva que ya supera los 3 años y medio.

Tártalo fue detenido en junio de 2013 en su casa del barrio Los Olmos (Trelew). Con más de 70 años y una pierna amputada, aquella tarde debió ser internado en una clínica de Rawson ya que se descompensó ante la llegada de la Policía Federal, quedando detenido en ese nosocomio.

Este ex policía de la provincia de Tucumán fue acusado por delitos “de lesa” y hasta Octubre de 2015 lo mantenían cautivo  en la Unidad Nº 4 de la Colonia Penal Santa Rosa La Pampa.

Posteriormente, se ordenó su traslado al anexo para adultos mayores de la Unidad Penitenciaria 31 de Ezeiza. Es que según sus defensores Manuel Bonin y Martín Galiano, Tártalo estaba atravesando deplorables condiciones en la U-4 de La Pampa.

Desde que se revocó su beneficio del arresto domiciliario en Trelew, fue trasladado constantemente: en la Unidad 6 de Rawson fue rechazado por su estado de salud; en el Hospital de la Unidad Penitenciaria de Ezeiza se le dio el alta. Luego, terminó en Santa Rosa “donde tampoco podía seguir alojado en razón de su estado de salud”.

Su defensa pidió el regreso de Tártalo a algún hogar de ancianos de Chubut y se quejó porque “ni siquiera se examina el estado de salud actual de su asistido, que está impedido de caminar por sus medios, deambula en silla de ruedas por tener amputada una pierna, no puede realizar sus necesidades básicas por su cuenta, ni asearse, y sin embargo se ha dispuesto su traslado a Ezeiza a más de mil kilómetros de su localidad de residencia”.

El propio imputado advirtió que “en Ezeiza estuvo más desprotegido y abandonado que en cualquier otro lugar en los que estuvo alojado”. Tártaro es insulinodependiente y hoy está prácticamente ciego.

El detalle extraño es que a Tártalo también se lo acusa de “conductas supuestamente abusivas” con sus hijos en Trelew. Por eso, apenas se lo detuvo se le revocó el beneficio del arresto domiciliario. Para la defensa, no hay pruebas. “No se advierte cuál es el inconveniente de trasladarlo a un geriátrico, opción que resultaba más ventajosa a fin de evitar que el encarcelamiento se convierta en un trato cruel, degradante y contrario a la dignidad de cualquier ser humano”, afirmó.

Según informes oficiales, Tártalo se hallaba en situación calamitosa, vejatoria e insostenible. Por su parte, el ministerio público fiscal –representado por Pablo Camuña– se basó en los supuestos motivos que llevaron a la justicia chubutense a excluir a Tártalo de su hogar y a revocarle el arresto domiciliario.

Los camaristas decidieron que llevarlo a Ezeiza era alejarlo a más de 1.300 kilómetros de su lugar de residencia, lo cual imposibilitaría todo contacto con su familia. Que se le haya revocado el arresto domiciliario por presuntas situaciones de violencia con sus hijos no impedía que por razones de humanidad se deba considerar la situación personal y la dignidad del imputado.

Posteriormente,  y debido a su grave estado de salud, la cámara federal de San Miguel de Tucumán ordenó que Guillermo Tártalo cumpla prisión preventiva en un Hogar de Ancianos de Trelew.

La condición era que algún hogar de ancianos de Trelew aceptara recibir a Tártalo y fuera apto para atender su condición de salud. “El juez a-quo deberá disponer las condiciones de cumplimiento de la prisión preventiva, con especial determinación de las obligaciones y conducta que deberá observar el imputado para no incumplir con las instrucciones impuestas en oportunidad de haber sido excluido de su hogar en protección a sus hijos menores”, habían advertido por aquel entonces sus verdugos. Con el agregado de que si la mantención o la internación tenía un costo, lo debería pagar Tártalo. Esta cruel aberración a los derechos humanos que llamaron “fallo” fue firmada por Ernesto Clemente Wayar, Marina Josefa Cossio y Marcelo Fabián Herrera.

Lógicamente, esta opción -que hubiera demostrado algún gesto de humanidad por parte de estos sádicos jueces- nunca se concretó y hoy, este ex Policía, víctima de los mercaderes de los “derechos humanos” se encuentra recluido exactamente en el mismo lugar que según él afirmó es donde estuvo más desprotegido y abandonado que en cualquier otro lugar en los que estuvo alojado”: en el Penal de Ezeiza.

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