Clarín: Familiares de presos políticos piden mejores condiciones de detención

Rosario: Comunista denuncia amenazas

Una entidad se queja por prisiones preventivas que duran seis años y porque a mayores de 70 años se les niega la prisión domiciliaria.

Un grupo de familiares de procesados y condenados por causas “de lesa” durante el último gobierno cívico- militar denunció violaciones a los derechos humanos sufridas por nuestros padres y abuelos durante los procesos judiciales impulsados por el Estado.

Los familiares, nucleados en la Asociación Civil Puentes para la Legalidad, cuestionaron “el trato discriminatorio de un gran número de argentinos que sufren cárcel sin pruebas que acrediten sus supuestas culpabilidades, prisiones preventivas que promedian los seis años y presos mayores de 70 años y enfermos que no pueden ejercer su derecho a la prisión domiciliaria”.

Bajo el título “En el Día Internacional por los Derechos Humanos, Nosotros también tenemos algo para decir”, la entidad señaló que hay 1.435 personas privadas de su libertad por delitos de lesa humanidad y hubo 360 que murieron en cautiverio. Estos números expresan la sistemática denegación de derechos a un sector de la población argentina, lo que merece una atención urgente de la Justicia y de las autoridades competentes, para que nuestros padres y abuelos no sigan sufriendo inmerecidamente marginación y condiciones contrarias a los derechos universales, planteó Puentes para la Legalidad.

La entidad se conformó en el año 2015. Pero desde 2008 viene denunciando, como Hijos y Nietos de Presos Políticos, “distintas irregularidades y violaciones a los derechos humanos sufridas por nuestros padres y abuelos durante los procesos judiciales”.

La justicia condenó a más de 650 Militares y miembros de otras Fuerzas de Seguridad y procesó a otras 1.100 personas por supuestos delitos “de lesa”. De ellos, 1.130 están detenidos y 50 están prófugos de la justicia.

Durante 2016 hubo un cambio de doctrina en los tribunales y se concedieron más de 50 prisiones domiciliarias a integrantes de Fuerzas de Seguridad que lucharon contra el terrorismo que estaban detenidos y tenían más de 70 años y/o tenían problemas de salud, un beneficio que no fue automático y dependió del criterio de cada juez. Tras el fin del gobierno kirchnerista, también se habilitó que los presos políticos puedan ser atendidos en hospitales militares, algo que estaba prohibido desde 2013.

 

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