Paraná: ¿Y dónde están los derechos humanos?

ceparo
El tribunal oral federal de Paraná se negó a concederle el beneficio del arresto domiciliario que había solicitado el prisionero político  Atilio Ricardo Céparo y por lo tanto, continuará alojado en la Unidad Penal Número 1.

Pedido de domiciliaria

El 18 de octubre, el ex Policía provincial Céparo fue condenado a 11 años de prisión por un tribunal defensor de los derechos humanos de los terroristas, quedando pendiente la resolución del pedido de prisión domiciliaria solicitada por su abogado defensor, José Esteban Ostolaza, quien había presentado informes médicos que advertían que Céparo padecía una afección coronaria.

Según informó el letrado, los problemas se agudizaron a raíz del stress provocado por una requisa nocturna en su celda que le provocó una angina de pecho, lo que motivó que le tuvieran que practicar una angioplastía para la colocación de un stent.

El defensor consideró que las posibilidades de que Céparo pueda cumplir en prisión con el tratamiento indicado por sus médicos son escasas, inadecuadas o nulas.

Verdugos insensibles

Sin embargo, tras recorrer el pabellón y la celda que ocupa el prisionero político, los jueces sicarios Noemí Berros, Lilia Carnero y Roberto López Arango concluyeron que “el hábitat donde permanece Céparo no es inadecuado para el tratamiento de sus afecciones, y por eso puede continuar alojado en la unidad penal, a pesar de que admiten que sería mejor un alojamiento en una celda individual”.

Céparo se encuentra alojado en el Pabellón 5, destinado a los funcionarios públicos e integrantes de Fuerzas Armadas, Policiales y de Seguridad. Ocupa una celda con el Piloto Ignacio Laporta y el ex funcionario Hugo Righelato, por lo que “no tiene ninguna vinculación con los sectores sociales marginales” (sic).

En su recorrida por la cárcel donde tienen injustamente cautivo a Céparo, los jueces constataron que “no presenta problemas edilicios ni de humedad, que la celda tiene tres camas, una mesa, un ventilador, televisor, heladera y equipo de música (?) y una abertura que da a un patio interno por donde ingresa luz y aire”.

Posteriormente sugirieron al director de la cárcel “adoptar las medidas necesarias para cumplir con lo dictaminado por los profesionales del cuerpo médico forense de la corte suprema, en cuanto a “evitar situaciones de stress, exposiciones al frío y humedad, para evitar complicaciones tras la colocación del stent, junto con una serie de recomendaciones relativas a dieta, controles y seguimientos que debían practicársele al interno Céparo a fin de proseguir el tratamiento de sus dolencias”.

Además, “presenta un riesgo de aproximadamente el 30 por ciento de re-oclusión temprana de su angioplastia, por lo tanto, durante los siguientes 90 días desde dicho procedimiento debe ser controlado de manera estricta”.

Los jueces “están seguros de que puede recibir esos controles en la cárcel, dado que la asistencia médica es constante (¡¿!?) pues concurren todos los días tres médicos, un cardiólogo, una psiquiatra y un clínico en distintos horarios”, según lo hicieron constar en la resolución a la que accedió.

Señalaron, no obstante, también que un informe psiquiátrico dice que el ex Policía provincial “se encuentra depresivo, hiperbólico, angustiado. Tiene dificultades para sobreponerse a su situación de encierro, desesperanza, negatividad, aislamiento y retracción social, por lo que es un paciente de riesgo”.

Indicaron, también, que “el hecho de encontrarse detenido, complica su situación cardiológica y aumenta exponencialmente el riego a una patología psiquiátrica como trastorno depresivo mayor, por lo que se recomendó que Céparo tenga un acompañamiento durante la 24 horas del día, ya que por su edad es conveniente que su sostén advierta los síntomas, que suelen ser repentinos”.

En la decisión del tribunal resultó determinante que ni los profesionales de la unidad penal, ni el médico de la cámara federal de apelaciones ni los peritos del cuerpo médico forense sugirieron que Céparo no tuviera una adecuada atención en la cárcel.

De hecho, también el fiscal general José Ignacio Candioti y los querellantes se opusieron a que Céparo recibiera el beneficio del arresto domiciliario.

Candioti sentenció que “si el ex Policía no pudiera continuar con su tratamiento en la unidad penal, debería hacerlo en un hospital, ya que tampoco está claro que en su casa tuviera mejores condiciones para el abordaje de su afección cardíaca”.

 

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