Entre Ríos: Fiscalía se opuso a que se otorgue domiciliaria a Céparo

ceparo

El fiscal general ante el tribunal oral federal de Paraná, José Ignacio Candioti, dictaminó en contra de que se otorgue el beneficio de la prisión domiciliaria al ex Policía Atilio Ricardo Céparo, quien será juzgado este mes a partir del lunes 26 por estar acusado de cometer “delitos de lesa”. Ahora será el Tribunal quien resuelva al respecto.

Según  informó  su defensor José Ostolaza, Céparo hizo el pedido de la prisión domiciliaria alegando sus problemas de salud cardiológicos, los cuales se han agravado con el transcurrir del tiempo que lleva preso en la Unidad Penal N°1 de Paraná. Pero, como es habitual en estos casos, el fiscal consideró que las afecciones no le impiden ser atendido en la cárcel.  Además, adujo que el ex Policía tiene menos de 70 años, es decir que no cumple con el requisito de edad mínima para contar con el beneficio.

Al realizar el pedido, el defensor había presentado un informe de un médico particular, por lo que el fiscal solicitó la evaluación por parte del médico de la jurisdicción. A su vez, los abogados querellantes Marcelo Boeykens y Sofía Uranga avalaron la posición de la fiscalía, al sostener que no están dadas las condiciones para el otorgamiento de la domiciliaria. Además solicitaron que les sea posible designar perito de parte para la evaluación del estado de salud del prisionero político.

Antecedentes

El fiscal Candioti, al expedirse el martes sobre el tema, citó como jurisprudencia un fallo de la corte suprema de justicia de la Nación en el caso Jorge Olivera Róvere y otro de la cámara de federal de casación penal en el caso Luciano Benjamín Menéndez, para argumentar que en estas “causas de lesa humanidad”, antes de otorgar la prisión domiciliaria se debe verificar que no haya riesgo procesal, es decir, que el imputado no entorpecerá la investigación si cuenta con el beneficio de estar en su casa, lejos de los controles propios de una cárcel.

El fiscal consideró que en el caso de Céparo sí existe riesgo procesal, dado que -según los defensores de los terroristas- ya existieron amenazas a través de llamados telefónicos desde su entorno hacia “testigos de la causa”, lo cual fue argumentado por la cámara federal de apelaciones de Paraná para justificar el rechazo a su pedido de prisión domiciliaria.

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