INFORME ACTUALIZADO SOBRE EL MARTIRIO DE LOS PRISIONEROS DE MARCOS PAZ

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Tras la muerte del Teniente General Videla por hemorragia interna el 26 de mayo, tras una lenta agonía de diez días sin atención médica, el miércoles 29 de mayo a las 12.30, el director del Servicio Penitenciario Federal —VICTOR HORTEL— se constituyó en las instalaciones de la Unidad de Detención de Ezeiza.

No bien llegó, procedió a ordenar el corte de la línea directa de la sala de videoconferencias y mediante la Disposición 1244 —un “traslado con efecto”— dispuso que los internos de mayor edad que estaban detenidos en el penal de MARCOS PAZ fueran llevados a EZEIZA. Ellos eran Marcelo Barberis, Juan Manuel Bayón, Lucas Billich, Eduardo De Lío, Hugo Delmé, Hugo Fantoni, Vicente Forchetti, Horacio Luján, José Madrid, Emilio Felipe Picabea, Luis Alberto Rodríguez Vázquez, Julio Héctor Simón, Julio Alberto Tommassi, Mario Torres y Martín Zuñiga.

A su vez, ordenó que todos los marinos que estaban alojados en el Hospital Penitenciario sean trasladados de inmediato a MARCOS PAZ, aún siendo también pacientes de riesgo.

Los castigados con la inminente falta de atención médica fueron Jorge Eduardo Acosta, Adolfo Donda, Carlos Capdevila, Víctor Olivera, Carlos Guillermo Suárez Mason (h), Miguel Ángel Rodríguez, entre otros, tras una exhaustiva requisa de todas sus efectos personales, que le restituyeron parcialmente luego del brutal éxodo compulsivo de los catorce enfermos que convalecían en el dispensario de la penitenciaría, denominado “HOSPITAL PENITENCIARIO C1”, sito en Constituyentes S/Nº de la localidad de EZEIZA.

Aquella apresurada y absurda disposición fue tomada por el Dr. JUAN PABLO SALAS, integrante de “la cámpora” y actual magistrado subrogante de los juzgados federales N° 1 y 3 de Morón, que oficia como Juez de Ejecución con jurisdicción en MARCOS PAZ. Estos tribunales tienen su sede en calle Crisólogo Larralde 673 –obviamente en Morón– y sus teléfonos son: (011) 4483-1443  (011) 4483-1443  / 4627-9900 4627-9900, por si alguien tiene alguna duda.

En ese estado, intervino de inmediato el abogado defensor de los marinos, el Dr. GUILLERMO JESÚS FANEGO, quien interpuso un RECURSO DE HÁBEAS CORPUS a favor de parte de los trasladados, con inminente riesgo de vida. VÍCTOR HORTEL, le contestó a la Jueza Federal titular del TOF Nº 5 que el Complejo Penitenciario Federal Nº 2 de MARCOS PAZ estaba en condiciones de atender enfermos terminales. Pero la Jueza, siendo la propia Presidente de ese alto Tribunal, la Dra PALLIOTTI, inmediatamente se constituyó en la Prisión de Máxima Seguridad de MARCOS PAZ, donde constató que el “hospital” que pretendidamente funciona en esa dependencia del SPF está inoperante e inactivo, de donde se infiere que HORTEL mentía una vez más.

Por ello, la Dra PALLIOTTI ordenó que, en forma inmediata, los afectados que corrían peligro de muerte, sean llevados al Hospital Naval de Buenos Aires a recibir el tratamiento adecuado a sus respectivas afecciones, previo a ser reintegrados a EZEIZA.

A todo esto, el flamante Ministro de Defensa, Ingeniero Agrónomo AGUSTIN ROSSI, en una de sus primeras medidas prohibió que los prisioneros militares sean atendidos en los Hospitales Naval, Militar o Aeronáutico.

Aparentemente fundamentado en dicha resolución, el Recurso de Hábeas Corpus fue apelado por integrantes de “la cámpora” pero el Juez Federal de MORÓN, que recordemos que oficia como juez de ejecución jurisdiccional, el camporista Dr. JUAN PABLO SALAS, ordenó que se traslade a los recurrentes al HOSPITAL MUNICIPAL DE MARCOS PAZ “DR HECTOR J DAGNI”,sito en Leandro N Alem 250 de esa localidad (Teléfono: (0220) 477-1333 y  (0220) 477-1333.

La maquiavélica planificación de este martirio se le ocurrió a VICTOR HORTEL (a) “Negro de Mierda”, según él mismo se autodenomina. Como todos saben, HORTEL es uno de los más caracterizados militantes de “la cámpora”, por lo que fue premiado con el cargo de Director del SPF, donde organizó el conocido “Vatayón Militante”.

Esta suerte de dispensario precario, que decididamente no es un hospital, está  a cargo del Dr MIGUEL CASTELLVI.

Al llegar los enfermos del Presidio, el Dr CASTELLVI manifestó que se niega a atenderlos por “razones personales”. En una palabra, quien se desempeña como “director del hospital” ya les adelantó verbalmente a sus nuevos pacientes-víctimas que, según sus principios políticos, se niega a atenderlos.

Es más, los alojó en el lugar más aislado, junto al patio donde se depositan los residuos patológicos y en el cuarto contiguo al pabellón de “terminales”, leprosario donde agonizan los tuberculosos sin esperanza de cura.

Los militares están sin especialista alguno ni tratamiento, ni medicación. Situación que también fue constatada por el Defensor, el Dr GUILLERMO FANEGO, quien informó esta dramática situación a la Cruz Roja Internacional.

La habitación donde están alojados los cinco marinos más graves: el Capitán de Navío Carlos Guillermo Suárez Mason (con una seria afección cardíaca de la cual fue operado), el Capitán de Fragata Jorge Eduardo Acosta, el Capitán de Fragata Médico Carlos Capdevilla, Capitán de Fragata Miguel Rodríguez y el Suboficial Primero de la ARA Víctor Olivera (diabético y con un tumor en la cabeza) es lo que se conoce como el “pabellón de indigentes” del “Hospital” Municipal de Marcos Paz.

Tal como indiqué, tras conocer el lugar personalmente, el “hospital” en cuestión no es más que una salita precaria, un dispensario sin médicos ni medicinas.

El cuarto donde fueron depositados los tiene cinco metros por tres, y allí, cual lata de sardinas, se emplaza una cama al lado de la otra. Vale decir que sólo pueden permanecer acostados, ya que pueden caminar de a uno por el estrecho pasillito que divide el pie de la cama con el paredón, donde pululan los escorpiones entre los lamparones de humedad y las moscas.

Por ejemplo, la madre del Capitán Carlos Guillermo Suárez Mason (h) tuvo que comprarle a su hijo los medicamentos más básicos –que no se le suministran– como estreptocarbocaftiazol, medicamentos para la presión, aspirinetas, warfarina sódica (anticoagulante cardíaco) así como también antifebriles y agua mineral embotellada.

Ya cité llegar a Leandro N Alem 250 de MARCOS PAZ es una odisea, y el horario de visita sumamente escueto: de 16:00 a 17:00.

Debo decir que tampoco alimentan a estos expiantes en forma adecuada.

Además el único sanitario que hay en el sitio infecto que visitamos el viernes último es ridículamente pequeño y es compartido por los cinco prisioneros más los diez guardias que los custodian en el exterior.

A los pobres mártires les han soldado la única ventana que da al patio de basura orgánica, abertura que también está clausurada.

Hay una sola bombita eléctrica funcionando, lo que significa, en definitiva, que esta gente está siendo torturada también por falta de luz y aire. Para colmo, el agua para beber está contaminada por las napas freáticas.

Hay diez guardias armados del Servicio Penitenciario Federal en el exterior, que, por razones de seguridad no dejan abrir la puerta donde yacen los ancianos, por lo que el vaho imperante es insoportable e insalubre.

Si bien los alojados allí están con problemas de salud, informo también que el lugar está invadido por las moscas y otras alimañas —que pululan las paredes impregnadas de moho— por lo que tienen gran posibilidad de agravarse ya que la humedad en las tapias produce la bacteria que genera trastornos pulmonares.

En una palabra, les están acelerando la muerte. Su ejecución, decidida directa o indirectamente por Cristina Fernández de Kirchner, es por medio de estos tormentos y el suplicio que están abnegadamente soportando.

El atroz escenario que describo deja expuesta las diversas situaciones de crueldad, torturas, abandono y falta de atención médica hacia un grupo humano determinado: los viejos integrantes de las FFAA y de Seguridad que prestaron servicio durante la guerra contra el terrorismo en la Argentina durante la década de 1970.

Este estado de cosas configura lo que está definido como la violación de derechos humanos elementales de ese conjunto de personas, sean ellas las mejores o las peores.

Y ello es inadmisible en el Estado de Derecho, en el cual se supone que la vida es sagrada.

Carlos Marcelo Shäferstein
L.E. 8.565.804
CIUDAD DE BUENOS AIRES, 26 de junio de 2013

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