Justicia kk paranaense: Appiani pidió su excarcelación

El imputado por el régimen K ejerció su derecho a defensa y pidió esperar el “juicio” en libertad, en el marco de la que denominan “causa Área Paraná”. La Cámara tiene un plazo de cinco días para resolver el pedido.

Jorge Appiani, ex Capitán auditor y acusado de llevar adelante las asesorías legales durante los Consejos de Guerra que se llevaron a cabo durante el ultimo gobierno militar, pidió su excarcelación esta mañana ante la cámara federal de apelaciones de la capital entrerriana, en el marco de la causa Área Paraná, en la que lo han imputado como responsable de delitos de lesa humanidad.

Hasta el lugar se acercaron agrupaciones de defensa de los derechos humanos, quienes como es habitual, no querian faltar al espectáculo y presenciaron la audiencia.

Durante el ejercicio de su defensa, el prisionero político de 56 años de edad, que actualmente se encuentra alojado en la Unidad Penal Nº 1 de la capital provincial, indicó que la recuperación de la libertad no constituye riesgo de entorpecimiento en la causa, por lo que peticionó la excarcelación; y trató de desligarse responsabilidades en los delitos por los que lo acusan.

El abogado de la querella de la causa, Gamal Taleb, indicó que Appiani “ejerció su autodefensa y planteó que se revoque la denegación de la excarcelación, planteando que no existía a su respecto un peligro procesal, que básicamente es la posibilidad que se fugue o que entorpezca el accionar de la justicia”.

El letrado añadió que “el señor representante del ministerio público fiscal contestó esos argumentos, creemos nosotros que con razón, y citando distintos precedentes de la corte suprema de justicia y la cámara nacional de casación, dijo que en el caso hay graves violaciones a los derechos humanos. Es legitimo presumir que hay una posibilidad de riesgo procesal que justifica la prisión preventiva”.

Taleb indicó que el detenido por cuestiones políticas está acusado de cometer “graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, que tiene que ver con privación ilegítima de la libertad calificada, tormentos, severidades, apremios ilegales calificados y desapariciones. Recordemos que él fue auditor del segundo Consejo de Guerra que se le hizo a varios de los hoy querellantes y en ese lugar que ocupó fue parte de torturas a los fines de establecer lo que él llama las cuestiones de hecho, que básicamente son la búsqueda de confesiones de las victimas”.

El querellante añadió que “la Cámara tiene un plazo de cinco días para resolver el pedido y vamos a esperar cuál es la resolución. Hace unos días la Cámara sacó una resolución en el incidente Díaz Bessone, en la que se negó la excarcelación, así que creemos que es un antecedente válido para este caso”.

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