Piden a la corte que evite privilegios de “represores” detenidos

La Procuración General de la Nación pidió a la corte suprema de justicia su intervención para “garantizar la seguridad de los ‘testigos’ en causas por delitos de lesa humanidad” y para que los presos politicos del régimen K sean alojados en cárceles comunes, sin “privilegios irritantes”.

Los pedidos del Ministerio Público se basaron en “irregularidades observadas” en los tribunales de Formosa y en dependencias de las Fuerzas Armadas de Córdoba, según consta en los documentos presentados a la Corte, informó Telam.

“Muchas veces, en las citaciones se pone en riesgo la integridad física de los testigos”, dice el Ministerio Público en su circular, y cita el caso del tribunal de Formosa en el juicio contra el ex gobernador Juan Carlos Colombo.

Allí, en cada una de las citaciones entregadas a los testigos se incluyeron “los datos personales de todos ellos”, sin discriminar si se trataba de “testigos de cargo o de descargo”.

Por eso, se advirtió que “entre la información a la que en consecuencia tienen acceso todos los testigos citados y la fuerza de seguridad encargada de diligenciar la notificación está el nombre completo, domicilio, y fecha y hora en la que se prevé concurrirán al juicio a prestar declaración”.

El otro pedido del Ministerio Público, se refiere a “la detención en unidades militares o de fuerzas de seguridad de represores que pertenecieron a esas fuerzas, y no en unidades penitenciarias regulares, tal como lo dispone la Resolución 444 del 5 de mayo del 2006 del Ministerio de Defensa”.

Según indica el documento, “pese a que la legislación vigente lo impide, en varias jurisdicciones del país se registran casos de personas detenidas en unidades militares o en dependencias de las fuerzas de seguridad”.

Además de la objeción contra esta modalidad, se advirtió “cierta renuencia de algunos magistrados del Poder Judicial a hacer lugar a los planteos realizados por el Ministerio Público y el Ministerio de Defensa para que se proceda al alojamiento de todos los detenidos en unidades penitenciarias”, dice el documento.

El Ministerio Público puso de ejemplo el caso de la sede del Comando del Tercer Cuerpo de Ejército, en Córdoba, donde se pudieron observar “una serie de anomalías en torno a las condiciones de alojamiento de las personas detenidas”.

 

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