Tucumán: Rechazan el pedido de sobreseimiento de una ex Policía

El abogado de María Elena Guerra planteó que usurpar la vivienda de desaparecidos no se trata de un delito de “lesa humanidad”. Los jueces retrucaron afirmando que “fue cometido en el marco del accionar del terrorismo de Estado, como un eslabón más de las cadenas de ilícitos perpetrados sistemáticamente”

Los jueces del tribunal oral, Gabriel Casas y Carlos Jiménez Montilla, rechazaron ayer un pedido de sobreseimiento planteado por la defensa de María Elena Guerra, una ex Policía que será sometida a “juicio” junto a Bussi y Menéndez y otros cinco presos políticos acusados por el régimen K.

Su abogado planteó que no se trata de un delito de “lesa humanidad”. La mujer está acusada de usurpar la vivienda de los desaparecidos Diana Oesterheld y Raúl Araldi. Aún no se define la fecha de inicio del “juicio oral y público”.

Mientras se espera la fijación de la fecha de inicio del “segundo juicio histórico por delitos de lesa humanidad” que será consumado en septiembre en Tucumán, el tribunal oral en lo criminal federal rechazó el pedido de sobreseimiento de María Elena Guerra, una de los ocho detenidos por causas políticas que serán sometidos a la justicia ejecutora de la venganza montonera.

La lista de acusados está encabezada por los Generales Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez, seguidos por Roberto Albornoz, Albino Mario Alberto Zimmermann, Alberto Cattáneo, y los ex Policías Luis De Cándido y Carlos De Cándido.

El defensor público Ciro Vicente Lo Pinto pidió que la ex Policía no sea sometida al “juicio oral y público” al sostener que el delito de usurpación de inmueble que se le imputa se encuentra prescripto debido a que no está en el marco de un “delito de lesa humanidad”. Guerra está acusada de usurpar el inmueble de calle Frías Silva 231 de la capital tucumana que habría pertenecido a los desaparecidos Diana Oesterheld y Raúl Araldi.

El pedido fue rechazado por los jueces Gabriel Casas y Carlos Jiménez Montilla, quienes en su fallo recordaron la postura del fiscal federal Alfredo Terraf, en representación del Ministerio Público Fiscal.

Según informó PrimeraFuente, el fiscal sostuvo que pese a que la usurpación constituye un delito de derecho penal común, “fue cometido en el marco del accionar del terrorismo de Estado, como un eslabón más de las cadenas de ilícitos perpetrados sistemáticamente”. “Resulta evidente entonces, que en la audiencia se producirá prueba y se debatirá sobre la cuestión traída aquí por la defensa”, concluyeron.

En tanto, el tribunal oral espera las respuestas de la cámara federal de apelaciones de Tucumán, cámara nacional de casación penal y de la corte suprema de justicia de la Nación, en referencia a los incidentes que aún están pendientes de resolver en el marco de la “megacausa” de la ex Jefatura. El apuro de los jueces se debe a que sólo pueden avanzar en fijar la fecha de inicio de debate una vez que estén resueltos todos los planteos pendientes.

 

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